La memoria acechada:Tortura, impunidad, negacionismo y organización social en Chile.Por Águeda Sáez Fick
La memoria acechada: Tortura, impunidad, negacionismo y organización social en Chile.Por Águeda Sáez Fick
Santiago de Chile, 27 de junio de 2026
Durante esta semana en Chile se han realizado diversas actividades conmemorativas del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Foros, conversatorios, encuentros y exhibiciones de documentales en diversas partes del país han sido la tónica de las actividades sociales que han reunido a sobrevivientes de la dictadura civil-militar, víctimas del estallido social y a las nuevas generaciones. En contraste, el gobierno guardó silencio, la robusta estructura del Estado chileno estuvo ausente y grupos de ultraderecha se dedicaron a destruir y amenazar sitios de memoria. El «NUNCA MÁS», la no repetición de estas prácticas y el compromiso de erradicarlas parecieron quedar archivados, perdiendo incluso la categoría de historia reciente.
La Humanidad prohíbe, sanciona y previene
El compromiso internacional contra la tortura se ha fortalecido, extendido y evolucionado a través de los años, pasando desde el plano ético-moral a un principio fundamental y absoluto del derecho internacional que no permite excepciones.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual estipuló en su artículo 5: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Meses más tarde, a través de los Convenios de Ginebra (1949), se agregaron garantías para las personas civiles contra los malos tratos y la tortura en conflictos armados. Casi dos décadas después, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) otorgó un carácter vinculante y universal a esta prohibición, incorporando también la proscripción de procedimientos médicos sin consentimiento.
El 10 de diciembre de 1984 se produjo un avance significativo con la aprobación en la Asamblea General del texto de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En su primer artículo, este tratado definió el concepto:
«Se entenderá por el término de tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en un principio de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia».
La Convención entró en vigor el 26 de junio de 1987 y hoy cuenta con la ratificación de más de 170 Estados. Al firmarla, cada país asumió la obligación de no vulnerar sus propósitos e incorporó el tratado a su legislación interna para cumplirlo en sintonía con el derecho internacional.
Posteriormente, el Protocolo Facultativo contra la Tortura (OPCAT), adoptado por la ONU en 2002, introdujo un enfoque preventivo. Este mecanismo estableció una estrategia basada en el monitoreo independiente, la fiscalización, la entrega de recomendaciones a los gobiernos y la facultad de realizar visitas inspectoras a los lugares de detención.
El aporte de la Corte IDH: Reglas claras contra la impunidad
La realidad de América Latina estuvo marcada por una seguidilla de gobiernos dictatoriales y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ejecutadas como parte de la conocida Doctrina de la Seguridad Nacional impartida en la Escuela de las Américas, piloteada por EE. UU. A partir de esta historia continental, emanó en 1985 la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), la cual constituyó un aporte normativo más amplio, estricto y protector que los estipulados por las Naciones Unidas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue un paso más allá de la ONU al adaptar estas reglas a nuestra realidad regional. Su jurisprudencia evolutiva no solo incorporó los métodos de tortura psicológica (no físicos), sino que determinó que la violencia sexual ejercida por agentes del Estado es tortura física y mental. Además, estableció tres reglas que cambiaron la justicia en el continente:
• No existe la «obediencia debida»: Un policía o militar ya no puede usar la vieja excusa de «solo cumplía órdenes de mis superiores» para librarse de la cárcel. En estos delitos, la responsabilidad penal es de quien aprieta el gatillo y de quien da la orden.
• Justicia sin fronteras (Jurisdicción Universal): Los torturadores no tienen dónde esconderse. Si un violador de derechos humanos huye a otro país de la región, la justicia de ese lugar tiene la obligación legal de capturarlo y juzgarlo allí mismo, o extraditarlo. La impunidad no tiene pasaporte.
• Las confesiones bajo tortura no valen nada: Es lo que legalmente se llama «exclusión probatoria». Si hay la más mínima sospecha de que una declaración se consiguió bajo golpes, amenazas o tormentos, esa «prueba» se borra por completo del juicio y carece de validez legal. No se puede construir justicia usando el crimen.
Chile: La paradoja de un sistema normativo bajo sospecha
Chile cuenta con un vasto diseño institucional y normativo; sin embargo, este entramado se encuentra constantemente acechado por la persistencia de la tortura, la impunidad y el negacionismo.
Debido a las fuertes presiones internacionales y a la crisis política interna, el país ratificó la Convención de la ONU en 1988. Dos décadas más tarde, en 2008, se sumó al Protocolo Facultativo (OPCAT), abriendo sus recintos de reclusión a la fiscalización externa e independiente. A partir de estos compromisos, la legislación nacional comenzó a adecuarse paulatinamente a través de hitos clave:
• Tipificación del delito (2016): La Ley 20.968 modificó el Código Penal para sancionar la tortura de forma autónoma, fijando penas de hasta 10 años para los empleados públicos involucrados, y presidio perpetuo si los actos resultan en homicidio. El mismo año, la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos (Ley 20.885) obligó al Poder Ejecutivo a diseñar y ejecutar políticas públicas bajo los ejes de la justicia transicional.
• Mecanismo de Prevención (2019): Mediante la Ley 21.154, se encomendó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) vigilar las condiciones de las personas bajo custodia estatal. Esta labor se ejecuta a través del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), mientras el INDH mantiene su rol como querellante y protector de las víctimas.
Consultada sobre los avances normativos y jurídicos en la materia, la presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), Juana Aguilera, señaló:
«Lo paradojal de la situación en nuestro país es que la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue ratificada en dictadura, en 1988, pero las obligaciones internacionales que se derivan de este instrumento —como incorporar a la legislación nacional la definición de tortura y la tipificación del delito en el ordenamiento penal interno— solo se concretaron en 2016».
El camino de las comisiones de verdad
Al comienzo de la transición a la democracia, la tortura fue percibida como un «mal menor» por las autoridades de gobierno. La Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) sólo abordó los casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos; un informe de enorme relevancia e impacto, pero insuficiente respecto al universo de víctimas.
Fue en junio de 2003, en el marco de la conmemoración de los 30 años del Golpe de Estado, cuando la CECT reunió a personalidades nacionales e internacionales junto a otras organizaciones de derechos humanos para exigir al gobierno de Ricardo Lagos la constitución de una instancia que recopilara los antecedentes de las personas que sufrieron prisión política y tortura.
Según los datos albergados en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, el 26 de septiembre de 2003, mediante el Decreto Supremo 1.040 del Ministerio del Interior, se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (conocida ampliamente como Comisión Valech I), la cual comenzó su trabajo en noviembre de ese año. Posteriormente, a través de la Ley 20.405, se constituyó la Comisión Valech II. Con ambas iniciativas, el número de víctimas reconocidas oficialmente por el Estado de Chile alcanzó las 38.254 personas.
Sin embargo, la presidenta de la CECT advierte:
«El alcance de la tortura en dictadura fue aún más masivo. El Informe Valech dejó fuera a las víctimas que la padecieron en poblaciones, en las calles, en allanamientos masivos, en operaciones rastrillo, en las llamadas «ratoneras» o en recintos policiales, así como a aquellas que por diferentes razones no llegaron a los tribunales. Con los testimonios se identificaron más de 1.200 centros clandestinos de tortura, lo que implica un contingente de más de 12.000 torturadores y cómplices de este flagelo. Solo una mínima parte ha sido juzgada; los demás viven libres en la impunidad, muchos de ellos orgullosos de los crímenes de lesa humanidad cometidos».
El impacto social de la falta de justicia
La impunidad se extiende hacia otros ámbitos y actúa como un manto que envuelve a la sociedad. No solo interrumpe el proceso de sanación de las víctimas de la violencia política y de sus familias, sino que ha ido moldeando una sociedad chilena fracturada: rompe la confianza en las instituciones, impone la ley del más fuerte y perpetúa el temor y la desvalorización de lo colectivo.
La ausencia de justicia deteriora la convivencia y el sentimiento de ser un ciudadano digno de un territorio y de una cultura; asimismo, quiebra los lazos de solidaridad entre vecinos y grupos comunitarios, exacerba el individualismo e inhibe a la persona como sujeto social crítico y transformador.
La lentitud y flacidez de las instituciones y normativas nacionales contra la tortura solo acrecientan la desconfianza en el Estado, dejando la sensación de que se levantan estructuras al límite mínimo de los requisitos internacionales. La falta de justicia y el negacionismo forman un ciclo destructivo: por un lado, los perpetradores esconden sus actos y, por el otro, la narrativa negacionista blinda la impunidad construyendo relatos falsos, minimizando el daño y generando las condiciones para amnistías e indultos. En la otra vereda, las víctimas sufren la destrucción de la verdad —mas no de la intensidad de lo vivido—, padeciendo una revictimización constante cuando sus historias de vida son negadas y deslegitimadas.
Desafíos actuales y denuncias territoriales
Este año, en el contexto de las conmemoraciones del Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, se planteó que su erradicación es una tarea pendiente en la cual el Estado debe fortalecer las políticas de justicia, memoria y reparación. En paralelo, se recalcó la necesidad de que la ciudadanía salga al paso del negacionismo, multiplicando y fortaleciendo los espacios para la defensa, denuncia y promoción de los derechos humanos a nivel sectorial y territorial.
Durante las actividades, se denunció el comportamiento atentatorio contra los derechos de las personas por parte de las fuerzas de orden y seguridad, así como las políticas represivas y de amedrentamiento sufridas en los territorios por parte de municipios y guardias civiles. También se alertó sobre el incremento de la violencia en el accionar policial y respecto a las iniciativas parlamentarias que buscan amnistiar a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
En la jornada realizada en la sede de la CONFUSAM, Juana Aguilera señaló:
«Como nunca en estos años de gobiernos civiles, vemos cómo este flagelo amenaza con campear en Chile y en el mundo, mientras se metamorfosea atacando a miles de personas y pueblos en diversos puntos del planeta con sus guerras, asedios y genocidios».
Ante esto, la dirigenta enfatizó la urgencia de «fortalecer las redes de solidaridad existentes y proyectar acciones comunes para la defensa de la vida, la dignidad humana y la memoria activa, en un contexto altamente regresivo y autoritario».
La geopolítica del «dolor» y las nuevas formas de represión
Al respecto, Aguilera advirtió que la utilización por parte de liderazgos como el de José Antonio Kast del concepto de «DOLOR» —asociado a un plan restaurador, conservador y ultraneoliberal— no es sino la expresión orgánica de su propia memoria histórica. La dirigenta fue categórica al señalar:
«Cuando la ultraderecha hace referencia al DOLOR, utiliza una noción de la geopolítica en donde enuncia que el cumplimiento de sus objetivos de poder va a ser posible mediante crueles planes de ajuste económico, la destrucción de la naturaleza, genocidios, guerras de agresión, represión, criminalización, maltrato, tortura y la manipulación mediática de las conciencias, expresada en una intoxicación mediática, clasista y racista».
Según la dirigenta, esto queda demostrado una vez más «cuando Kast y su sector político arremeten contra la comunidad haitiana, no dudando en violentar a las niñeces de esta comunidad mediante policías, Contraloría, parlamentarios y medios de comunicación. ¿Qué buscaban? Instalar la idea de que en Chile quienes trafican niños son las personas de origen haitiano y, por ende, los migrantes».
A esto sumó la persecución al estudiantado secundario, donde «se aplican leyes de control, discriminación y negación de su derecho a estudiar y a desarrollar su pensamiento crítico; la misma receta que por años vemos aplicada hacia el pueblo mapuche, usada hasta el cansancio para perseguirlos y condenarlos a largos e injustos años de cárcel».
Finalmente, aludió a la persecución que viven las comunidades y defensoras de la tierra, el agua y las semillas:
«Como el caso de Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace más de un año y medio sin que el Ministerio Público encuentre una línea de investigación que no sea acusar a su familia y a sus hijos, destruyendo de paso todo rastro de lo obrado por una mujer dirigenta que desafió la corrupción sobre las tierras ancestrales y a los poderosos forestales con sus monocultivos y guardias con poder de fuego».
Al término de la jornada, los participantes acordaron avanzar unidos y coordinados en la defensa de los derechos que están siendo conculcados, tomar acciones de protección para los sectores movilizados y activar de forma urgente las redes de denuncia y defensa antirrepresiva.
En un escenario global y nacional cada vez más regresivo, donde los discursos autoritarios pretenden relativizar el dolor y borrar la historia, la conmemoración de esta semana no es un mero ejercicio de nostalgia, sino un imperativo del presente. La erradicación definitiva de la tortura no llegará desde la complacencia de una institucionalidad flácida, sino desde la fuerza de una ciudadanía coordinada que defienda la dignidad en cada territorio.
Mantener la memoria activa, proteger a quienes se movilizan y levantar redes inquebrantables de solidaridad antirrepresiva son, hoy por hoy, las únicas garantías reales para que el «Nunca Más» deje de ser una consigna archivada y se convierta en una realidad habitable.
Infosurglobal
Santiago de Chile, 27 de junio de 2026
Durante esta semana en Chile se han realizado diversas actividades conmemorativas del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Foros, conversatorios, encuentros y exhibiciones de documentales en diversas partes del país han sido la tónica de las actividades sociales que han reunido a sobrevivientes de la dictadura civil-militar, víctimas del estallido social y a las nuevas generaciones. En contraste, el gobierno guardó silencio, la robusta estructura del Estado chileno estuvo ausente y grupos de ultraderecha se dedicaron a destruir y amenazar sitios de memoria. El «NUNCA MÁS», la no repetición de estas prácticas y el compromiso de erradicarlas parecieron quedar archivados, perdiendo incluso la categoría de historia reciente.
La Humanidad prohíbe, sanciona y previene
El compromiso internacional contra la tortura se ha fortalecido, extendido y evolucionado a través de los años, pasando desde el plano ético-moral a un principio fundamental y absoluto del derecho internacional que no permite excepciones.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual estipuló en su artículo 5: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Meses más tarde, a través de los Convenios de Ginebra (1949), se agregaron garantías para las personas civiles contra los malos tratos y la tortura en conflictos armados. Casi dos décadas después, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) otorgó un carácter vinculante y universal a esta prohibición, incorporando también la proscripción de procedimientos médicos sin consentimiento.
El 10 de diciembre de 1984 se produjo un avance significativo con la aprobación en la Asamblea General del texto de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En su primer artículo, este tratado definió el concepto:
«Se entenderá por el término de tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en un principio de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia».
La Convención entró en vigor el 26 de junio de 1987 y hoy cuenta con la ratificación de más de 170 Estados. Al firmarla, cada país asumió la obligación de no vulnerar sus propósitos e incorporó el tratado a su legislación interna para cumplirlo en sintonía con el derecho internacional.
Posteriormente, el Protocolo Facultativo contra la Tortura (OPCAT), adoptado por la ONU en 2002, introdujo un enfoque preventivo. Este mecanismo estableció una estrategia basada en el monitoreo independiente, la fiscalización, la entrega de recomendaciones a los gobiernos y la facultad de realizar visitas inspectoras a los lugares de detención.
El aporte de la Corte IDH: Reglas claras contra la impunidad
La realidad de América Latina estuvo marcada por una seguidilla de gobiernos dictatoriales y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ejecutadas como parte de la conocida Doctrina de la Seguridad Nacional impartida en la Escuela de las Américas, piloteada por EE. UU. A partir de esta historia continental, emanó en 1985 la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), la cual constituyó un aporte normativo más amplio, estricto y protector que los estipulados por las Naciones Unidas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue un paso más allá de la ONU al adaptar estas reglas a nuestra realidad regional. Su jurisprudencia evolutiva no solo incorporó los métodos de tortura psicológica (no físicos), sino que determinó que la violencia sexual ejercida por agentes del Estado es tortura física y mental. Además, estableció tres reglas que cambiaron la justicia en el continente:
• No existe la «obediencia debida»: Un policía o militar ya no puede usar la vieja excusa de «solo cumplía órdenes de mis superiores» para librarse de la cárcel. En estos delitos, la responsabilidad penal es de quien aprieta el gatillo y de quien da la orden.
• Justicia sin fronteras (Jurisdicción Universal): Los torturadores no tienen dónde esconderse. Si un violador de derechos humanos huye a otro país de la región, la justicia de ese lugar tiene la obligación legal de capturarlo y juzgarlo allí mismo, o extraditarlo. La impunidad no tiene pasaporte.
• Las confesiones bajo tortura no valen nada: Es lo que legalmente se llama «exclusión probatoria». Si hay la más mínima sospecha de que una declaración se consiguió bajo golpes, amenazas o tormentos, esa «prueba» se borra por completo del juicio y carece de validez legal. No se puede construir justicia usando el crimen.
Chile: La paradoja de un sistema normativo bajo sospecha
Chile cuenta con un vasto diseño institucional y normativo; sin embargo, este entramado se encuentra constantemente acechado por la persistencia de la tortura, la impunidad y el negacionismo.
Debido a las fuertes presiones internacionales y a la crisis política interna, el país ratificó la Convención de la ONU en 1988. Dos décadas más tarde, en 2008, se sumó al Protocolo Facultativo (OPCAT), abriendo sus recintos de reclusión a la fiscalización externa e independiente. A partir de estos compromisos, la legislación nacional comenzó a adecuarse paulatinamente a través de hitos clave:
• Tipificación del delito (2016): La Ley 20.968 modificó el Código Penal para sancionar la tortura de forma autónoma, fijando penas de hasta 10 años para los empleados públicos involucrados, y presidio perpetuo si los actos resultan en homicidio. El mismo año, la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos (Ley 20.885) obligó al Poder Ejecutivo a diseñar y ejecutar políticas públicas bajo los ejes de la justicia transicional.
• Mecanismo de Prevención (2019): Mediante la Ley 21.154, se encomendó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) vigilar las condiciones de las personas bajo custodia estatal. Esta labor se ejecuta a través del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), mientras el INDH mantiene su rol como querellante y protector de las víctimas.
Consultada sobre los avances normativos y jurídicos en la materia, la presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), Juana Aguilera, señaló:
«Lo paradojal de la situación en nuestro país es que la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue ratificada en dictadura, en 1988, pero las obligaciones internacionales que se derivan de este instrumento —como incorporar a la legislación nacional la definición de tortura y la tipificación del delito en el ordenamiento penal interno— solo se concretaron en 2016».
El camino de las comisiones de verdad
Al comienzo de la transición a la democracia, la tortura fue percibida como un «mal menor» por las autoridades de gobierno. La Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) sólo abordó los casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos; un informe de enorme relevancia e impacto, pero insuficiente respecto al universo de víctimas.
Fue en junio de 2003, en el marco de la conmemoración de los 30 años del Golpe de Estado, cuando la CECT reunió a personalidades nacionales e internacionales junto a otras organizaciones de derechos humanos para exigir al gobierno de Ricardo Lagos la constitución de una instancia que recopilara los antecedentes de las personas que sufrieron prisión política y tortura.
Según los datos albergados en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, el 26 de septiembre de 2003, mediante el Decreto Supremo 1.040 del Ministerio del Interior, se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (conocida ampliamente como Comisión Valech I), la cual comenzó su trabajo en noviembre de ese año. Posteriormente, a través de la Ley 20.405, se constituyó la Comisión Valech II. Con ambas iniciativas, el número de víctimas reconocidas oficialmente por el Estado de Chile alcanzó las 38.254 personas.
Sin embargo, la presidenta de la CECT advierte:
«El alcance de la tortura en dictadura fue aún más masivo. El Informe Valech dejó fuera a las víctimas que la padecieron en poblaciones, en las calles, en allanamientos masivos, en operaciones rastrillo, en las llamadas «ratoneras» o en recintos policiales, así como a aquellas que por diferentes razones no llegaron a los tribunales. Con los testimonios se identificaron más de 1.200 centros clandestinos de tortura, lo que implica un contingente de más de 12.000 torturadores y cómplices de este flagelo. Solo una mínima parte ha sido juzgada; los demás viven libres en la impunidad, muchos de ellos orgullosos de los crímenes de lesa humanidad cometidos».
El impacto social de la falta de justicia
La impunidad se extiende hacia otros ámbitos y actúa como un manto que envuelve a la sociedad. No solo interrumpe el proceso de sanación de las víctimas de la violencia política y de sus familias, sino que ha ido moldeando una sociedad chilena fracturada: rompe la confianza en las instituciones, impone la ley del más fuerte y perpetúa el temor y la desvalorización de lo colectivo.
La ausencia de justicia deteriora la convivencia y el sentimiento de ser un ciudadano digno de un territorio y de una cultura; asimismo, quiebra los lazos de solidaridad entre vecinos y grupos comunitarios, exacerba el individualismo e inhibe a la persona como sujeto social crítico y transformador.
La lentitud y flacidez de las instituciones y normativas nacionales contra la tortura solo acrecientan la desconfianza en el Estado, dejando la sensación de que se levantan estructuras al límite mínimo de los requisitos internacionales. La falta de justicia y el negacionismo forman un ciclo destructivo: por un lado, los perpetradores esconden sus actos y, por el otro, la narrativa negacionista blinda la impunidad construyendo relatos falsos, minimizando el daño y generando las condiciones para amnistías e indultos. En la otra vereda, las víctimas sufren la destrucción de la verdad —mas no de la intensidad de lo vivido—, padeciendo una revictimización constante cuando sus historias de vida son negadas y deslegitimadas.
Desafíos actuales y denuncias territoriales
Este año, en el contexto de las conmemoraciones del Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, se planteó que su erradicación es una tarea pendiente en la cual el Estado debe fortalecer las políticas de justicia, memoria y reparación. En paralelo, se recalcó la necesidad de que la ciudadanía salga al paso del negacionismo, multiplicando y fortaleciendo los espacios para la defensa, denuncia y promoción de los derechos humanos a nivel sectorial y territorial.
Durante las actividades, se denunció el comportamiento atentatorio contra los derechos de las personas por parte de las fuerzas de orden y seguridad, así como las políticas represivas y de amedrentamiento sufridas en los territorios por parte de municipios y guardias civiles. También se alertó sobre el incremento de la violencia en el accionar policial y respecto a las iniciativas parlamentarias que buscan amnistiar a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
En la jornada realizada en la sede de la CONFUSAM, Juana Aguilera señaló:
«Como nunca en estos años de gobiernos civiles, vemos cómo este flagelo amenaza con campear en Chile y en el mundo, mientras se metamorfosea atacando a miles de personas y pueblos en diversos puntos del planeta con sus guerras, asedios y genocidios».
Ante esto, la dirigenta enfatizó la urgencia de «fortalecer las redes de solidaridad existentes y proyectar acciones comunes para la defensa de la vida, la dignidad humana y la memoria activa, en un contexto altamente regresivo y autoritario».
La geopolítica del «dolor» y las nuevas formas de represión
Al respecto, Aguilera advirtió que la utilización por parte de liderazgos como el de José Antonio Kast del concepto de «DOLOR» —asociado a un plan restaurador, conservador y ultraneoliberal— no es sino la expresión orgánica de su propia memoria histórica. La dirigenta fue categórica al señalar:
«Cuando la ultraderecha hace referencia al DOLOR, utiliza una noción de la geopolítica en donde enuncia que el cumplimiento de sus objetivos de poder va a ser posible mediante crueles planes de ajuste económico, la destrucción de la naturaleza, genocidios, guerras de agresión, represión, criminalización, maltrato, tortura y la manipulación mediática de las conciencias, expresada en una intoxicación mediática, clasista y racista».
Según la dirigenta, esto queda demostrado una vez más «cuando Kast y su sector político arremeten contra la comunidad haitiana, no dudando en violentar a las niñeces de esta comunidad mediante policías, Contraloría, parlamentarios y medios de comunicación. ¿Qué buscaban? Instalar la idea de que en Chile quienes trafican niños son las personas de origen haitiano y, por ende, los migrantes».
A esto sumó la persecución al estudiantado secundario, donde «se aplican leyes de control, discriminación y negación de su derecho a estudiar y a desarrollar su pensamiento crítico; la misma receta que por años vemos aplicada hacia el pueblo mapuche, usada hasta el cansancio para perseguirlos y condenarlos a largos e injustos años de cárcel».
Finalmente, aludió a la persecución que viven las comunidades y defensoras de la tierra, el agua y las semillas:
«Como el caso de Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace más de un año y medio sin que el Ministerio Público encuentre una línea de investigación que no sea acusar a su familia y a sus hijos, destruyendo de paso todo rastro de lo obrado por una mujer dirigenta que desafió la corrupción sobre las tierras ancestrales y a los poderosos forestales con sus monocultivos y guardias con poder de fuego».
Al término de la jornada, los participantes acordaron avanzar unidos y coordinados en la defensa de los derechos que están siendo conculcados, tomar acciones de protección para los sectores movilizados y activar de forma urgente las redes de denuncia y defensa antirrepresiva.
En un escenario global y nacional cada vez más regresivo, donde los discursos autoritarios pretenden relativizar el dolor y borrar la historia, la conmemoración de esta semana no es un mero ejercicio de nostalgia, sino un imperativo del presente. La erradicación definitiva de la tortura no llegará desde la complacencia de una institucionalidad flácida, sino desde la fuerza de una ciudadanía coordinada que defienda la dignidad en cada territorio.
Mantener la memoria activa, proteger a quienes se movilizan y levantar redes inquebrantables de solidaridad antirrepresiva son, hoy por hoy, las únicas garantías reales para que el «Nunca Más» deje de ser una consigna archivada y se convierta en una realidad habitable.
Infosurglobal
