Comicios y autoridades municipales en el Chile profundo; una opinión al pasar

Arturo Alejandro Muñoz

Seamos francos. Ningún parlamentario osaría repetir ante el público de grandes ciudades las sandeces que algunas autoridades comunales lenguajean ante aquellos electores que pertenecen a comunas pequeñas o rurales. A las falsas promesas, totalitarismos y caudillismos, agregan también el lenguaje burdo y soez que es propio de los ignorantes, incultos y analfabetos.

Un ebrio, un traficante de drogas, un cuasi delincuente escapado jabonado de la justicia, un libidinoso, un caudillejo… por ahí va el abanico de posibles candidatos en comunas pequeñas, apañados por ciertos parlamentarios que a su vez han tejido una densa red de influencias en el distrito o región que les corresponde representar en el Congreso Nacional, ya que son precisamente ellos (los parlamentarios) quienes proponen y cobijan las candidaturas de tales individuos. De manera lamentable, los partidos políticos a los que pertenecen esos miembros del legislativo, callan y aceptan.

Hay algunos ‘honorables’ que se eternizan en el cargo tejiendo una argamasa mafiosa con la cual presionan a las autoridades locales (sean estas del color que sean), asfixiando incluso al poder judicial a través del manejo titiritero ejercido sobre magistrados y jueces, quienes dependen de esos parlamentarios para mejorar su futuro profesional y administrativo. En varias regiones ello es una absoluta verdad, la que se ha transformado en una cuestión considerada ‘normal’ merced a lo rutinario del asunto.

El tema trata de un asunto que a todas luces es preocupante, y a pesar de haber sido mencionado en algunas páginas en la prensa y en exiguos minutos en la televisión, no parece contar todavía con el debido interés de las cofradías políticas ni de las autoridades de gobierno para enfrentarlo debidamente.

En el país existen 346 comunas y 345 municipalidades (la municipalidad de Cabo de Hornos administra la agrupación de comunas de Cabo de Hornos y Antártica), lo que entrega el mismo número de alcaldes junto a un promedio de siete concejales por municipio, arrojando la cifra de 2.242 concejales en total. Agrade o moleste, ellos –alcaldes y concejales- son quienes gobiernan a la sociedad civil, pues más allá de la verborrea legislativa y de las justas apreciaciones de los eruditos en materia de civismo, es precisamente en las comunas donde se hace gobierno. En ellas se acoge lo bueno, lo malo y lo muy malo de aquello que plantean obras mayores como la Constitución Política del Estado y las leyes orgánicas pertinentes a la administración municipal.

En palabras sencillas, se hace país y patria en las comunas. Ahí es dable encontrar el republicanismo más acendrado, como también el populismo, o el caudillismo y la maraña de mafias locales que asfixian las mejores intenciones del buen legislador. No existe una máxima que lo proclame, pero es un hecho que quien administra, gobierna al que reina y al que comercia. La burocracia ha logrado imponer sus términos, de ello no cabe duda. Y los municipios, o quienes los dirigen, son los burócratas del sistema. En estricto apego a la cruda realidad, ellos gobiernan.

El problema reside en que existe poco control efectivo sobre esos representantes de la comunidad. Además, son demasiados para lograr dedicarles oficialmente el debido tiempo de atención a sus actos, de preferencia a aquellos que son ejecutados más allá de las reuniones donde se levantan actas.

Instituciones como la Contraloría o como el Ministerio Público, poco pueden hacer al momento de controlar los actos de ediles y concejales. Sancionar a un alcalde, vale decir, sacarlo del cargo, resulta tanto o más difícil que destituir  a un parlamentario. En la práctica, los ediles no tienen una jefatura a la cual rendir cuentas. Dirigen una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y no obedecen –al menos jerárquica ni directamente-  a las autoridades del gobierno interior, ya que este alcanza sólo a las regiones y a las provincias, mas, no a quienes administran una comuna o una agrupación de comunas.

Tal vez el único cuerpo colegiado que puede incidir en el comportamiento de ediles y concejales sea el CORE (Consejo Regional), puesto que sus integrantes son quienes administran el destino de los dineros fiscales a los que postulan decenas de proyectos emanados de los municipios. Más allá de ese Consejo no hay dependencia significativa. Tal vez esa misma institución sea la exclusiva palanca de influencia con que cuenta un intendente ante los municipios, ya que es quien preside el CORE. Aun así, la independencia de alcaldes y concejos municipales sigue siendo muy alta. 

La gente puede desinteresarse de lo que haga o deje de hacer el gobierno central, pero distinta postura se tiene ante el gobierno comunal ya que él afecta directamente –para bien o para mal- la salud, la educación, el comercio, la seguridad, la cultura, la asistencia social, el ornato y aseo, el entretenimiento, la conectividad y el transporte de la comuna y de sus habitantes. Como se ve, no es poca cosa.

¿Pero, quién, realmente, fiscaliza a esos ediles? ¿Y quién se ocupa de que las decisiones (cuando las hay) de las instituciones ‘que funcionan’ se cumplan? Esto se pregunta tal cual, porque muchas veces el cuerpo colegiado llamado Concejo Municipal sirve tanto en aquello de la fiscalización como un grito en el desierto, especialmente en las comunas alejadas de las grandes metrópolis, allí en el Chile profundo, donde no hay prensa ni televisión con presencia permanente, lo cual, en gran medida, deja cauce abierto a la entronización de caudillismos que terminan adueñándose de una comuna cual fuese su propiedad privada.  

Escondido en los municipios se encuentra el verdadero gobierno. Hay una verdad absoluta que define el poder de la burocracia: quien administra, gobierna al que reina y al que comercia.

El tema es un asunto que a todas luces resulta preocupante, y a pesar de haber sido mencionado en algunas páginas en la prensa y en exiguos minutos en la televisión, nunca contó con el debido interés de las cofradías políticas y de las autoridades de gobierno para enfrentarlo debidamente.

Obviamente, hay comunas que escapan de lo descrito en estas líneas y sus autoridades muestran un perfecto respeto por la democracia, las leyes y, especialmente, la comunidad a la que sirven. Son la minoría, es por eso que el buen gobierno en sus municipios se nota y debe ser destacado para que sirva de acicate y ejemplo al resto, a esa mayoría de gobiernos comunales que rápidamente se transforman en administraciones que responden a oscuros propósitos, y a intereses personales al grado de querer transformar el cargo de edil en hereditario, como sucede en algunas comunas.

Si nos atenemos a la dura realidad, es un hecho que el gobierno de nuestro país comienza en las municipalidades… y es posible que en ellas también termine. Recuérdese que quien administra, gobierna al que reina y al que comercia.  Por tal motivo las autoridades nacionales, y la ciudadanía, deben extremar sus cuidados y esfuerzos para cautelar eficazmente la calidad humana y técnica de los candidatos a sillones alcaldicios propuestos por las tiendas partidistas. 

Como también ese mismo celo tiene que estar disponible para que las instituciones a cargo del control de los municipios funcionen adecuada, oportuna y permanentemente con autoridades locales que muestren un perfecto respeto por la democracia, las leyes y, especialmente, la comunidad a la que sirven.

Sin embargo, definitivamente, ese no es el caso de comunas donde suceden cuestiones impensadas, deleznables, que en realidad resultan ser la réplica de lo que ocurre en las altas instancias de la política nacional. Es en zonas y lugares alejados de los entes controladores que moran en las grandes metrópolis, donde los males de la política nacional se multiplican y crecen al amparo de la desidia manifestada por tiendas partidistas, por la prensa de nivel nacional y por los dirigentes del gobierno de turno que tiene ojos preferentemente para la capital del país.