¡QUE MATEN AL PUEBLO SAHARAUI! Cuando la autodeterminación sobrevive al deseado referéndum y el principio a su instrumento. Por Mohamed Zrug
«¡QUE MATEN AL PUEBLO SAHARAUI!»
Cuando la autodeterminación sobrevive al deseado referéndum y el principio a su instrumento.
«¡Que enseñen las actas!», gritaron al unísono los gobiernos occidentales. Aunque las actas electorales venezolanas fueron publicadas y entregadas por el tribunal electoral, y mientras se seguían denunciando ataques cibernéticos contra centros y sistemas electorales con el propósito de alterar los resultados, Venezuela terminó siendo objeto de una invasión militar, su presidente secuestrado y el Caribe quedó al borde de una guerra. De repente, la excusa de las actas había derivado en un imaginario Cartel de los Soles y en anuncios sin anestesia sobre la pretensión de quedarse, sin más, con los inmensos recursos de un país soberano.
Pero ya no importaba. Muchos gobiernos occidentales, aunque permanecieron atónitos, habían sido utilizados oportunamente en una operación de flagrante violación del derecho internacional.
Si los venezolanos fueron capaces de afrontar lo que consideraban un intento de fraude y desestabilización electoral, las controversias sobre la integridad de los procesos democráticos continuaron reproduciéndose, con mayor o menor intensidad, en otros lugares, como Honduras, Colombia, Perú o Brasil, sembrando dudas sobre la imparcialidad de sus procesos. Entretanto, las ofertas de compra de voluntades electorales, con supuestas propuestas de hasta 5.000 dólares por voto, también aparecían en el escenario político estadounidense. La indignación democrática, como tantas otras veces, parecía tener destinatarios selectivos.
«Israel tiene derecho a defenderse», proclamaban también, al unísono, numerosos dirigentes occidentales. Inmediatamente después, rasgándose las vestiduras, parecían no saber cómo detener al monstruo que ellos mismos habían contribuido a alimentar. Tampoco importaba: habían servido de correa de transmisión a un premeditado acto de genocidio en Gaza.
La historia ya había ofrecido suficientes advertencias. A Gadafi se le atribuyeron amenazas que acompañaron la justificación política de la ilegal intervención militar de la OTAN en 2011, que terminó con su asesinato y la fragmentación de Libia. Irak, fue invadido en 2003 bajo el argumento de la existencia de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. Saddam Hussein terminó ejecutado por un tribunal de excepción y su país devastado, saqueado y sumido en una espiral de violencia que costó cientos de miles de vidas. Una ocupación ilegal que no contó con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Durante décadas, el mundo ha venido condenando el criminal bloqueo impuesto a la pequeña y solidaria isla de Cuba por su carácter extraterritorial y sus consecuencias humanitarias. Año tras año, una amplia mayoría de países reclaman su levantamiento en las Naciones Unidas. Sin embargo, la condena se repite mientras el castigo continúa.
El Sáhara Occidental representa otra expresión, quizá una de las más flagrantes, de esta misma espiral de hipocresía.
La responsabilidad de España en el Sáhara Occidental no pertenece únicamente al pasado. La posición de Zapatero en 2006 recordó la del Gobierno franquista de 1975, mientras que la de Sánchez, en 2022, evocó la de Trump en 2020, aquel a quien tanto denosta. No se puede condenar la irresponsabilidad de la dictadura y reproducirla en democracia, ni culpar a Estados Unidos y a las grandes potencias de una política que España ha elegido mantener por voluntad propia. Sirviéndose de su condición de potencia administradora actuó como orientador y facilitador de la violación del derecho internacional en el Sáhara Occidental, una política que otros, simplemente terminaron emulando.
Otros gobiernos occidentales, por su parte, proclaman que defienden la autodeterminación saharaui y que no reconocen la soberanía marroquí sobre el territorio. Sin embargo, acto seguido respaldan iniciativas que debilitan ese mismo principio y favorecen, en la práctica, la consolidación de la ocupación. El miedo, los intereses estratégicos cortoplacistas y la desmemoria terminan por desnudar la hipocresía de unas democracias liberales que, sean del signo que sean, encuentran demasiadas razones para ocultar sus dobles raseros.
El Secretario General saliente de las Naciones Unidas, a diferencia de su antecesor, ha jugado durante ocho años a la maestranza de la elipsis y la ambigüedad, evitando llamar a las cosas por su nombre y diluyendo la responsabilidad internacional ante una descolonización inconclusa. Mientras tanto, su enviado personal parecía tener cada vez más prisa por verse investido como un nuevo gobernador Bremer en un Aaiún bajo ocupación militar, que por emular la dignidad de Sergio Vieira de Mello en la defensa de los principios de las Naciones Unidas en la Dili, libre del colonialismo indonesio. Por eso hace rato, viene actuando en flagrante desparpajo de imparcialidad.
Hasta la tarde del 30 de octubre, lo máximo a lo que parecía aspirar el pueblo saharaui, bajo la hipocresía de unos y la desmemoria de otros, era a evitar que su legítima lucha de descolonización terminara convertida en una mala réplica de la Centroamérica de los años ochenta: tras décadas de guerra e inestabilidad, presentar la ocupación como un conflicto armado interno, imponer acuerdos de paz sin garantías y exigir, más tarde, cuando convenga, la desmovilización del Frente Polisario a cambio de una apertura de la dictadura marroquí. Y esperar, que tengamos casi que agradecerles. Por eso unas recientes palabras pronunciadas en su justo momento por el alto comisionado para los refugiados, además de obviar el hecho incontestable de las razones políticas de la situación de los refugiados saharauis perseguían, que cuando desde Ginebra se hace referencia a la repatriación voluntaria, en Washington, Paris y Rabat, entiendan sin necesidad de intérpretes, desmovilización y reinserción.
Guatemala y El Salvador conocen demasiado bien el abismo que separa los acuerdos firmados de la paz efectiva. Colombia, con el exterminio de la Unión Patriótica, ofrece una advertencia todavía más brutal.
Salvando las enormes diferencias, ¿Qué impediría que los saharauis corrieran una suerte semejante mientras la ocupación y sus estructuras de poder y represión permanecieran intactas? No habría que imaginarlo. Es su día a día desde el 31 de octubre de 1975.
En todo caso, es ése y no otro, el escenario buscado por Mohamed VI: obtener, mediante la amenaza y la extorsión, lo que Marruecos no ha conseguido legítimamente mediante el derecho internacional. Una oferta de órdago de anexión, bautizada propuesta de autonomia, que no ha sido sometida a la libre voluntad del pueblo saharaui, que nadie ha visto ni leído y que, sin embargo, muchas capitales occidentales se apresuran a respaldar sin rechistar.
Las potencias occidentales conocen perfectamente el escenario buscado por marruecos. Saben cómo transformar una cuestión de descolonización en un conflicto interno, cómo presentar la ocupación en una disputa entre partes- varias e indefinidas-, y cómo esconder, bajo el pomposo lenguaje de la paz y de una prolongada situación humanitaria, las vergüenzas de su propia complicidad. Eso no es justicia: es miedo y es exactamente, lo que perseguía la ya difunta resolución 2797 del Consejo de Seguridad de 2025.
Por ese motivo y no otro, la nueva propuesta de resolución sobre la renovación del mandato de la MINURSO, sometida al Consejo de Seguridad el 30 de octubre, representaba mucho más que una votación rutinaria.
El veto ruso a la propuesta estadounidense impidió que prosperara una amenaza que pretendía legitimar las pretensiones marroquíes y alterar la naturaleza de una cuestión de descolonización. Se trataba de evitar que las Naciones Unidas terminaran avalando, bajo su propia bandera, la negación de un derecho inalienable que debían proteger.
Llegados a este punto, tampoco conviene aceptar sin mas el relato que Marruecos pretende ahora vender. Ciertamente la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, sobre la cual Rabat había construido todo un andamiaje de falacias y hasta instituido fiesta nacional, y bautizado avenida en honor a sus autores, ha tenido menos vida que un caramelo en el patio de un colegio, conduciendo finalmente al regimen a un callejón, sin aparente salida.
Si tanto ha esquivado la participación de la Unión Africana en seguir liderando el proceso de descolonización de la última colonia en África, acaba de devolverle plena competencia ante la irresponsable instrumentalización politica durante 35 años por parte del Consejo de Seguridad a la violación de soberanía de un Estado miembro, como es la República Saharaui.
Si tanto ha empeñado la voluntad de otros gobiernos en presentar su órdago de anexión como la única salida posible, es el mismo Consejo de Seguridad, quien acaba de desarmarlo de la única argucia que tenía. Ahora resulta que su propuesta de autonomia no sólo es inviable, sino en tanto que contraria a la legalidad internacional y una amenaza a la paz y a la seguridad de sus vecinos, simplemente no existe.
Por otro lado, seamos francos, sobre el sobrevalorado respaldo unánime de toda la Administración estadounidense a marruecos- el mismo por cierto, del que tanto alardeaba también con Moscú, hasta que se dio de bruces contra la pared-.
Washington, como suele hacer en regiones de importancia estratégica, procura mantener sus huevos en distintas canastas y preservar canales de interlocución con los actores que realmente cuentan. Estados Unidos sabe perfectamente quiénes son los actores —estatales y regionales— que ejercen una influencia determinante, en el norte de África y el Sahel. Y Marruecos, por mucho que se esfuerce en proyectar una imagen de potencia regional imprescindible, no es uno de ellos.
Una cosa es la aparente efusividad de algún que otro funcionario de segundo rango o de su propio embajador en Rabat- vinculados a una agenda de intereses políticos y empresariales que Marruecos aspira a proyectar sobre el territorio saharaui-, y otra muy distinta, es la actitud de otros altos funcionarios estadounidenses de mayor responsabilidad, cuyo distanciamiento o silencio calculado parece revelar una lectura más prudente de los riesgos en juego.
Washington no puede ignorar que la estabilidad del norte de África y del Sahel dependen de interlocutores y equilibrios regionales que desbordan ampliamente las ínfulas de grandeza de un pirómano en Rabat. Una cosa es que el sur de Europa, traumatizado por su permanente chantaje, haya terminado por comprar dicho relato sin más, y otra muy diferente es que Estados Unidos tenga que hipotecar sus intereses y unir sus suerte a la nimia influencia marroquí, en detrimento de otros, más allá de los halagos formales que alimentan el ego de un monarca en bancarrota.
Pero sí, en realidad, habría que reconocer que quizá Francia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, y de rebote Marruecos, pudieron haber conducido a una parte de la Administración estadounidense a una encerrona diplomática: confundir la sintonía de determinados representantes con un respaldo institucional sin fisuras y pretender que sus propios intereses se convierten por arte de magia, en política de Estado para la administración americana, vísperas de las elecciones de medio término.
El desenlace del 30 de octubre por tanto, dejó al descubierto los límites de esa apuesta y Rabat perdió una partida que ahora difícilmente querrá reconocer. Por eso recurre a las consabidas y disimuladas rabietas, con la que suele asustar a sus socios europeos.
El veto ruso, en definitiva, evitó que las Naciones Unidas incurrieran en un precedente de consecuencias imprevisibles: consumar, bajo su propia autoridad y responsabilidad, el primer gran fraude de su historia en un territorio colonial, sustituyendo el derecho a la autodeterminación por la legitimación de un hecho consumado de ocupación extranjera.
La segunda gran lección que deja el caso del Sáhara Occidental es que, a menudo por más pequeños que sean los pueblos, no siempre pueden- aunque se quiera- ser sacrificados impunemente en el altar de los intereses geopolíticos. Lo que hoy se pretendió imponer a los saharauis, más temprano que tarde, terminaría por abrir la caja de los truenos y alcanzaría la reconfiguración de fronteras regionales y la soberanía de todos, incluidos aquellos que durante años, desde la comodidad de sus capitales y tribunas, participaron en el convulso circo romano de la actual política internacional, coreando con sus votos, sus silencios y sus complicidades: «¡Que maten al pueblo saharaui!».
En el caso de Europa sin ir más lejos, su frontera sur se encarga de recordárselo, cada hora. Y por allí, cada quien, grande y pequeño, tiene su propia Ceuta.
En un mundo donde el saqueo, la fuerza, la arbitrariedad y las guerras híbridas o de intervención directa, pretenden sustituir las normas más elementales de justicia, multilateralismo, democracia e igualdad soberana, aceptar la destrucción de los derechos de un pueblo pequeño constituye una concesión que terminaría costándonos muy cara. A todos. Es la conclusión más patente, del desenlace de la última reunión del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental.
El pueblo saharaui ha podido continuar escribiendo su propia historia y, quizá sin que muchos lo comprendan todavía, ha contribuido también a preservar algo de la dignidad de unas Naciones Unidas puesta en entredicho por muchos, especialmente, por parte de los más poderosos. Porque no se trataba solamente de defender el derecho de un pueblo a existir libremente, sino de impedir que la impunidad siguiera siendo la regla y que la organización creada para proteger la paz, la seguridad y el derecho internacional terminara legitimando aquello mismo contra lo que fue fundada. De ese extremo a la barbería, existe un frágil estrecho.
Alguna vez, convendría reconocerle a la legitima resistencia del Frente Polisario y a la resiliencia del pueblo del Sáhara Occidental, el haber contribuido aunque sea modestamente, a invertir las cartas marcadas de los pueblos más pequeños.
Mohamed Zrug.
1 de Noviembre de 2026
Cuando la autodeterminación sobrevive al deseado referéndum y el principio a su instrumento.
«¡Que enseñen las actas!», gritaron al unísono los gobiernos occidentales. Aunque las actas electorales venezolanas fueron publicadas y entregadas por el tribunal electoral, y mientras se seguían denunciando ataques cibernéticos contra centros y sistemas electorales con el propósito de alterar los resultados, Venezuela terminó siendo objeto de una invasión militar, su presidente secuestrado y el Caribe quedó al borde de una guerra. De repente, la excusa de las actas había derivado en un imaginario Cartel de los Soles y en anuncios sin anestesia sobre la pretensión de quedarse, sin más, con los inmensos recursos de un país soberano.
Pero ya no importaba. Muchos gobiernos occidentales, aunque permanecieron atónitos, habían sido utilizados oportunamente en una operación de flagrante violación del derecho internacional.
Si los venezolanos fueron capaces de afrontar lo que consideraban un intento de fraude y desestabilización electoral, las controversias sobre la integridad de los procesos democráticos continuaron reproduciéndose, con mayor o menor intensidad, en otros lugares, como Honduras, Colombia, Perú o Brasil, sembrando dudas sobre la imparcialidad de sus procesos. Entretanto, las ofertas de compra de voluntades electorales, con supuestas propuestas de hasta 5.000 dólares por voto, también aparecían en el escenario político estadounidense. La indignación democrática, como tantas otras veces, parecía tener destinatarios selectivos.
«Israel tiene derecho a defenderse», proclamaban también, al unísono, numerosos dirigentes occidentales. Inmediatamente después, rasgándose las vestiduras, parecían no saber cómo detener al monstruo que ellos mismos habían contribuido a alimentar. Tampoco importaba: habían servido de correa de transmisión a un premeditado acto de genocidio en Gaza.
La historia ya había ofrecido suficientes advertencias. A Gadafi se le atribuyeron amenazas que acompañaron la justificación política de la ilegal intervención militar de la OTAN en 2011, que terminó con su asesinato y la fragmentación de Libia. Irak, fue invadido en 2003 bajo el argumento de la existencia de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. Saddam Hussein terminó ejecutado por un tribunal de excepción y su país devastado, saqueado y sumido en una espiral de violencia que costó cientos de miles de vidas. Una ocupación ilegal que no contó con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Durante décadas, el mundo ha venido condenando el criminal bloqueo impuesto a la pequeña y solidaria isla de Cuba por su carácter extraterritorial y sus consecuencias humanitarias. Año tras año, una amplia mayoría de países reclaman su levantamiento en las Naciones Unidas. Sin embargo, la condena se repite mientras el castigo continúa.
El Sáhara Occidental representa otra expresión, quizá una de las más flagrantes, de esta misma espiral de hipocresía.
La responsabilidad de España en el Sáhara Occidental no pertenece únicamente al pasado. La posición de Zapatero en 2006 recordó la del Gobierno franquista de 1975, mientras que la de Sánchez, en 2022, evocó la de Trump en 2020, aquel a quien tanto denosta. No se puede condenar la irresponsabilidad de la dictadura y reproducirla en democracia, ni culpar a Estados Unidos y a las grandes potencias de una política que España ha elegido mantener por voluntad propia. Sirviéndose de su condición de potencia administradora actuó como orientador y facilitador de la violación del derecho internacional en el Sáhara Occidental, una política que otros, simplemente terminaron emulando.
Otros gobiernos occidentales, por su parte, proclaman que defienden la autodeterminación saharaui y que no reconocen la soberanía marroquí sobre el territorio. Sin embargo, acto seguido respaldan iniciativas que debilitan ese mismo principio y favorecen, en la práctica, la consolidación de la ocupación. El miedo, los intereses estratégicos cortoplacistas y la desmemoria terminan por desnudar la hipocresía de unas democracias liberales que, sean del signo que sean, encuentran demasiadas razones para ocultar sus dobles raseros.
El Secretario General saliente de las Naciones Unidas, a diferencia de su antecesor, ha jugado durante ocho años a la maestranza de la elipsis y la ambigüedad, evitando llamar a las cosas por su nombre y diluyendo la responsabilidad internacional ante una descolonización inconclusa. Mientras tanto, su enviado personal parecía tener cada vez más prisa por verse investido como un nuevo gobernador Bremer en un Aaiún bajo ocupación militar, que por emular la dignidad de Sergio Vieira de Mello en la defensa de los principios de las Naciones Unidas en la Dili, libre del colonialismo indonesio. Por eso hace rato, viene actuando en flagrante desparpajo de imparcialidad.
Hasta la tarde del 30 de octubre, lo máximo a lo que parecía aspirar el pueblo saharaui, bajo la hipocresía de unos y la desmemoria de otros, era a evitar que su legítima lucha de descolonización terminara convertida en una mala réplica de la Centroamérica de los años ochenta: tras décadas de guerra e inestabilidad, presentar la ocupación como un conflicto armado interno, imponer acuerdos de paz sin garantías y exigir, más tarde, cuando convenga, la desmovilización del Frente Polisario a cambio de una apertura de la dictadura marroquí. Y esperar, que tengamos casi que agradecerles. Por eso unas recientes palabras pronunciadas en su justo momento por el alto comisionado para los refugiados, además de obviar el hecho incontestable de las razones políticas de la situación de los refugiados saharauis perseguían, que cuando desde Ginebra se hace referencia a la repatriación voluntaria, en Washington, Paris y Rabat, entiendan sin necesidad de intérpretes, desmovilización y reinserción.
Guatemala y El Salvador conocen demasiado bien el abismo que separa los acuerdos firmados de la paz efectiva. Colombia, con el exterminio de la Unión Patriótica, ofrece una advertencia todavía más brutal.
Salvando las enormes diferencias, ¿Qué impediría que los saharauis corrieran una suerte semejante mientras la ocupación y sus estructuras de poder y represión permanecieran intactas? No habría que imaginarlo. Es su día a día desde el 31 de octubre de 1975.
En todo caso, es ése y no otro, el escenario buscado por Mohamed VI: obtener, mediante la amenaza y la extorsión, lo que Marruecos no ha conseguido legítimamente mediante el derecho internacional. Una oferta de órdago de anexión, bautizada propuesta de autonomia, que no ha sido sometida a la libre voluntad del pueblo saharaui, que nadie ha visto ni leído y que, sin embargo, muchas capitales occidentales se apresuran a respaldar sin rechistar.
Las potencias occidentales conocen perfectamente el escenario buscado por marruecos. Saben cómo transformar una cuestión de descolonización en un conflicto interno, cómo presentar la ocupación en una disputa entre partes- varias e indefinidas-, y cómo esconder, bajo el pomposo lenguaje de la paz y de una prolongada situación humanitaria, las vergüenzas de su propia complicidad. Eso no es justicia: es miedo y es exactamente, lo que perseguía la ya difunta resolución 2797 del Consejo de Seguridad de 2025.
Por ese motivo y no otro, la nueva propuesta de resolución sobre la renovación del mandato de la MINURSO, sometida al Consejo de Seguridad el 30 de octubre, representaba mucho más que una votación rutinaria.
El veto ruso a la propuesta estadounidense impidió que prosperara una amenaza que pretendía legitimar las pretensiones marroquíes y alterar la naturaleza de una cuestión de descolonización. Se trataba de evitar que las Naciones Unidas terminaran avalando, bajo su propia bandera, la negación de un derecho inalienable que debían proteger.
Llegados a este punto, tampoco conviene aceptar sin mas el relato que Marruecos pretende ahora vender. Ciertamente la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, sobre la cual Rabat había construido todo un andamiaje de falacias y hasta instituido fiesta nacional, y bautizado avenida en honor a sus autores, ha tenido menos vida que un caramelo en el patio de un colegio, conduciendo finalmente al regimen a un callejón, sin aparente salida.
Si tanto ha esquivado la participación de la Unión Africana en seguir liderando el proceso de descolonización de la última colonia en África, acaba de devolverle plena competencia ante la irresponsable instrumentalización politica durante 35 años por parte del Consejo de Seguridad a la violación de soberanía de un Estado miembro, como es la República Saharaui.
Si tanto ha empeñado la voluntad de otros gobiernos en presentar su órdago de anexión como la única salida posible, es el mismo Consejo de Seguridad, quien acaba de desarmarlo de la única argucia que tenía. Ahora resulta que su propuesta de autonomia no sólo es inviable, sino en tanto que contraria a la legalidad internacional y una amenaza a la paz y a la seguridad de sus vecinos, simplemente no existe.
Por otro lado, seamos francos, sobre el sobrevalorado respaldo unánime de toda la Administración estadounidense a marruecos- el mismo por cierto, del que tanto alardeaba también con Moscú, hasta que se dio de bruces contra la pared-.
Washington, como suele hacer en regiones de importancia estratégica, procura mantener sus huevos en distintas canastas y preservar canales de interlocución con los actores que realmente cuentan. Estados Unidos sabe perfectamente quiénes son los actores —estatales y regionales— que ejercen una influencia determinante, en el norte de África y el Sahel. Y Marruecos, por mucho que se esfuerce en proyectar una imagen de potencia regional imprescindible, no es uno de ellos.
Una cosa es la aparente efusividad de algún que otro funcionario de segundo rango o de su propio embajador en Rabat- vinculados a una agenda de intereses políticos y empresariales que Marruecos aspira a proyectar sobre el territorio saharaui-, y otra muy distinta, es la actitud de otros altos funcionarios estadounidenses de mayor responsabilidad, cuyo distanciamiento o silencio calculado parece revelar una lectura más prudente de los riesgos en juego.
Washington no puede ignorar que la estabilidad del norte de África y del Sahel dependen de interlocutores y equilibrios regionales que desbordan ampliamente las ínfulas de grandeza de un pirómano en Rabat. Una cosa es que el sur de Europa, traumatizado por su permanente chantaje, haya terminado por comprar dicho relato sin más, y otra muy diferente es que Estados Unidos tenga que hipotecar sus intereses y unir sus suerte a la nimia influencia marroquí, en detrimento de otros, más allá de los halagos formales que alimentan el ego de un monarca en bancarrota.
Pero sí, en realidad, habría que reconocer que quizá Francia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, y de rebote Marruecos, pudieron haber conducido a una parte de la Administración estadounidense a una encerrona diplomática: confundir la sintonía de determinados representantes con un respaldo institucional sin fisuras y pretender que sus propios intereses se convierten por arte de magia, en política de Estado para la administración americana, vísperas de las elecciones de medio término.
El desenlace del 30 de octubre por tanto, dejó al descubierto los límites de esa apuesta y Rabat perdió una partida que ahora difícilmente querrá reconocer. Por eso recurre a las consabidas y disimuladas rabietas, con la que suele asustar a sus socios europeos.
El veto ruso, en definitiva, evitó que las Naciones Unidas incurrieran en un precedente de consecuencias imprevisibles: consumar, bajo su propia autoridad y responsabilidad, el primer gran fraude de su historia en un territorio colonial, sustituyendo el derecho a la autodeterminación por la legitimación de un hecho consumado de ocupación extranjera.
La segunda gran lección que deja el caso del Sáhara Occidental es que, a menudo por más pequeños que sean los pueblos, no siempre pueden- aunque se quiera- ser sacrificados impunemente en el altar de los intereses geopolíticos. Lo que hoy se pretendió imponer a los saharauis, más temprano que tarde, terminaría por abrir la caja de los truenos y alcanzaría la reconfiguración de fronteras regionales y la soberanía de todos, incluidos aquellos que durante años, desde la comodidad de sus capitales y tribunas, participaron en el convulso circo romano de la actual política internacional, coreando con sus votos, sus silencios y sus complicidades: «¡Que maten al pueblo saharaui!».
En el caso de Europa sin ir más lejos, su frontera sur se encarga de recordárselo, cada hora. Y por allí, cada quien, grande y pequeño, tiene su propia Ceuta.
En un mundo donde el saqueo, la fuerza, la arbitrariedad y las guerras híbridas o de intervención directa, pretenden sustituir las normas más elementales de justicia, multilateralismo, democracia e igualdad soberana, aceptar la destrucción de los derechos de un pueblo pequeño constituye una concesión que terminaría costándonos muy cara. A todos. Es la conclusión más patente, del desenlace de la última reunión del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental.
El pueblo saharaui ha podido continuar escribiendo su propia historia y, quizá sin que muchos lo comprendan todavía, ha contribuido también a preservar algo de la dignidad de unas Naciones Unidas puesta en entredicho por muchos, especialmente, por parte de los más poderosos. Porque no se trataba solamente de defender el derecho de un pueblo a existir libremente, sino de impedir que la impunidad siguiera siendo la regla y que la organización creada para proteger la paz, la seguridad y el derecho internacional terminara legitimando aquello mismo contra lo que fue fundada. De ese extremo a la barbería, existe un frágil estrecho.
Alguna vez, convendría reconocerle a la legitima resistencia del Frente Polisario y a la resiliencia del pueblo del Sáhara Occidental, el haber contribuido aunque sea modestamente, a invertir las cartas marcadas de los pueblos más pequeños.
Mohamed Zrug.
1 de Noviembre de 2026
