Washington y su injerencia en Latinoamérica:El Caso Brasil. Por Pablo Jofré Leal
Washington y su injerencia en Latinoamérica:El Caso Brasil. Por Pablo Jofré Leal
Washington y su injerencia en Latinoamérica: El Caso Brasil
Por Pablo Jofré Leal
Periodista. Analista internacional.
En los procesos de crónicas intervenciones en los asuntos internos de los estados latinoamericanos, Estados Unidos ha desarrollado una política que, siguiendo en ello las palabras del mártir iraní Seyed Ali Jamenei, es propia de «potencias hegemónicas y arrogantes» con una visión de destino manifiesto y una realidad centrada en dominar pueblos, recursos y futuro de nuestro continente a costa de la libertad de sus sociedades.
Bajo ese marco, uno de los países que soporta el influjo malsano de la potencia norteamericana es Brasil, el país más grande y rico de Latinoamérica. Una nación que celebrará elecciones generales en noviembre próximo, en las que la disputa presidencial adquiere una importancia fundamental, sobre todo si se considera que la ultraderecha, digitada desde Washington, gana terreno en el continente, con la meta de llevar al poder a candidatos absolutamente incondicionales a las administraciones estadounidenses.
Ese objetivo intervencionista se apoya en instituciones desprestigiadas, pero aún influyentes, como la Organización de Estados Americanos (OEA), junto con asociaciones regionales que no implican necesariamente la participación directa de Estados Unidos, aunque sí evidencian su absoluto influjo político, ideológico y económico.
Esta realidad evoca una de las citas políticas más célebres de la historia latinoamericana, atribuida al Libertador Simón Bolívar y escrita en 1829 en una carta enviada al coronel británico Patricio Campbell, diplomático del imperio británico. En aquella misiva, donde ya se advertía el carácter imperialista estadounidense, Bolívar afirmó:
«Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad» (1)
Esas miserias se han expresado en el apoyo y la ejecución de procesos desestabilizadores, golpes de Estado, invasiones, presiones, bloqueos, embargos y secuestros de presidentes: todo ello parte del menú imperial. No hay país de nuestra América que no haya sufrido este tipo de intervenciones, incluido el gigante sudamericano: Brasil, nación que, en pleno proceso preelectoral, soporta agresivas campañas de desinformación, manipulación y amenazas contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Estas operaciones están destinadas a promover los intereses y «valores» estadounidenses, cultivar la desconfianza en el Estado, demonizarlo y polarizar a la sociedad brasileña, sobre todo mediante ataques contra aquellas figuras consideradas «poco cómodas» para los objetivos de control y dominio de Washington. Se trata de acciones delictivas que violan el derecho de los pueblos a su libre determinación, afectan la estabilidad de los Estados y constituyen un obstáculo para su desarrollo.
La injerencia en materias jurídicas y políticas que lleva a cabo Washington tratan de impedir la reelección del presidente Lula da Silva en un escenario electoral donde el actual presidente tiene el derecho a ser elegible para una segunda administración consecutiva, con el claro objetivo dado a conocer por el propio Lula de «evitar que los trogloditas lleguen nuevamente al poder» en referencia a la ultraderecha bolsonarista.
Washington utiliza herramientas no convencionales para moldear el escenario político brasileño, proteger sus intereses económicos y frenar la consolidación de un eje de poder autónomo en el Sur Global. Un ejemplo relevante fue el caso Lava Jato, desarrollado con cooperación estratégica del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del FBI.
Según diversas denuncias, esta colaboración significó una profunda intromisión en la soberanía brasileña — que se mantiene actual — mediante la labor de decenas de agentes del FBI que operan en la nación sudamericana sin pleno conocimiento del gobierno, contribuyendo a enlodar al sector progresista brasileño y, en especial, a su principal líder, Luiz Inácio Lula da Silva.
Este proceso también afectó a empresas brasileñas que competían directamente con corporaciones estadounidenses en el plano internacional. En ese contexto se produjo, en 2018, la detención de Lula, en el marco de una estrategia de lawfare orientada a apartar del poder a líderes de perfil soberanista. Posteriormente, en 2021, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló todas las condenas en su contra, tras determinar que el proceso estuvo viciado y que no se garantizó la imparcialidad judicial. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho. (3)
En el actual escenario electoral, la injerencia jurídica y política atribuida a Washington busca frenar la posibilidad de que el líder del Partido de los Trabajadores vuelva a ocupar el Palacio de Planalto. Frente a ello, la respuesta democrática debería apoyarse en tres pilares: participación ciudadana informada, fortalecimiento de las instituciones democráticas y articulación de consensos sociales.
Esta tarea resulta especialmente difícil frente a la constante demonización del Estado, alimentada por decisiones intervencionistas estadounidenses afincado en un marcado rechazo al mundo petista. A ello se suma el apoyo a la ultraderecha brasileña, orientado a desestabilizar al gobierno y a restar legitimidad al Estado mediante el uso de herramientas jurídicas, políticas, mediáticas y culturales. En este sentido, la intervención en América Latina —y particularmente en Brasil— continúa siendo parte estructural de la política exterior de Washington.
Estados Unidos ha intensificado las presiones regionales para combatir supuestamente el narcotráfico — del cual este país es el principal comprador y consumidor de drogas en el mundo sin que concreten una política de represión a ese consumo — Incluso en su desdén al estado brasileño plantean, desde su interés, la clasificación de ciertas organizaciones criminales brasileñas como terroristas. Una postura que genera lógicas tensiones y debates políticos en Brasil sobre la protección de su soberanía nacional.
Los análisis que reprueban la conducta de Washington denuncian, por ejemplo, que el inmiscuirse en las situaciones de seguridad de Brasil, en críticas a grupos delictivos que radican en territorio brasileño, que además son combatidas por el gobierno de Lula da Silva, designadas por parte de Estados Unidos el Comando Vermelho y el Primero Comando da Capital (PCC) como «organizaciones terroristas extranjeras», que resultan ser una intromisión inaceptable, como lo califica el propio presidente Lula.
Brasil y su gobierno no niegan la existencia de problemas de seguridad ni sus efectos negativos. Sin embargo, consideran inaceptable que una potencia extranjera pretenda dirigir la lucha contra el crimen dentro de su territorio. Desde esta perspectiva, dicha línea de acción buscaría justificar operaciones de inteligencia e incluso eventuales acciones militares estadounidenses en suelo brasileño, reproduciendo la vieja lógica de considerar a América Latina como un «patio trasero».
A ello se suman operaciones orientadas a estigmatizar a las autoridades brasileñas, presentándolas como ineficientes, corruptas o carentes de voluntad para aplicar medidas de seguridad. De este modo, se promueve una matriz de opinión que retrata al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) como administrador de un «Estado fallido» o incluso como cómplice de los grupos criminales, alimentando la desconfianza ciudadana hacia el poder estatal.
El soft power y la manipulación informativa estadounidense también buscan debilitar la cohesión social de Brasil. Para ello se apoyan en influyentes políticos de la derecha brasileña y en empresarios estadounidenses que participan activamente en la promoción de la imagen, la agenda política y los intereses ideológicos de Estados Unidos en la región. Figuras como Donald Trump Jr. y, especialmente, el republicano Steve Bannon han asesorado, financiado y legitimado movimientos ultraderechistas en América Latina, con particular presencia en México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, Brasil y Argentina.
Steve Bannon, ex estratega de la Casa Blanca, ha sido uno de los principales impulsores de la internacionalización del populismo nacionalista. En ese marco, promovió a Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, como representante de su organización, The Movement, para América Latina.
Su estrategia se apoya en una guerra política, cultural y mediática desplegada principalmente en redes sociales. Su objetivo es sembrar desconfianza institucional, articular discursos globales contra la izquierda y fortalecer redes transnacionales de extrema derecha.
A esta trama se suma Jason Miller, empresario y exasesor de Donald Trump, quien impulsó la plataforma digital Gettr. Esta red fue presentada como una alternativa frente a la moderación de contenidos de las grandes corporaciones tecnológicas y ha servido como infraestructura comunicacional para sectores conservadores y ultraderechistas.
La exportación de la agenda política y del modelo de desarrollo de la derecha estadounidense hacia América Latina se ha consolidado mediante una red transnacional de estrategas, políticos y empresarios alineados con el movimiento Make America Great Again (MAGA). Uno de los espacios centrales de esta transferencia ideológica ha sido la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), cuya primera edición en territorio latinoamericano se realizó en São Paulo, en octubre de 2019, y marcó un punto de inflexión para la derecha brasileña. (4)
Otro mecanismo de intervención se desarrolla en el ámbito mediático, especialmente a través de redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y X. Estas plataformas son extremadamente populares en Brasil, uno de los países con mayor conectividad del mundo, y cumplen un papel central en el consumo de información, el entretenimiento, la comunicación cotidiana y la disputa política. Usando en ello las comunidades evangélicas ligadas al sionismo.
Resulta evidente que la pérdida de capacidad de los Estados latinoamericanos —entre ellos Brasil— para regular y proteger su espacio mediático los vuelve más vulnerables a la manipulación externa. La alta popularidad de las plataformas digitales estadounidenses y la rápida circulación de narrativas opositoras han abierto un debate global sobre la soberanía digital. Más que una pérdida absoluta de control, lo que existe es una tensión creciente entre la regulación de los países latinoamericanos, el poder de las grandes empresas tecnológicas y las estrategias de influencia externa. (5)
En este contexto, la disputa mediática en América Latina se explica por varios factores clave:
· Dependencia de infraestructura externa: las principales plataformas digitales utilizadas en la región pertenecen a corporaciones estadounidenses, como Meta y Google, entre otras.
· Lógica algorítmica: los sistemas de recomendación tienden a priorizar el impacto emocional y la viralidad por sobre la verificación de los hechos y el contexto local.
· Control externo de los datos: gran parte de la información de los ciudadanos latinoamericanos se almacena en servidores ubicados fuera de la región, lo que limita la capacidad de los Estados para resguardar su soberanía digital.
En el caso de Brasil, esta problemática adquiere una dimensión particular. El país es uno de los mayores mercados globales de redes sociales, lo que amplifica el impacto de cualquier campaña digital. En ese escenario, las campañas políticas encuentran un terreno fértil para la intervención, especialmente cuando son utilizadas de manera masiva por el bolsonarismo.
A ello se suman choques institucionales recientes, como las disputas legales entre el Supremo Tribunal Federal y plataformas como X, anteriormente Twitter. Además, las narrativas de desinformación política suelen circular por redes de mensajería cifrada, como WhatsApp y Telegram, lo que dificulta su monitoreo por parte del Estado y aumenta los desafíos para proteger el debate público frente a operaciones de manipulación informativa.
Resulta fundamental avanzar hacia una soberanía mediática que acompañe y profundice las independencias formales de los países latinoamericanos. Esta tarea debe abarcar todos los planos de la comunicación: redes sociales, agencias internacionales de noticias, plataformas televisivas, medios radiales y prensa escrita.
En el caso de Brasil, las campañas de información impulsadas desde Estados Unidos se presentan como parte de un enfoque sistémico y estructurado, orientado a expandir la influencia de Washington en América Latina. A través de medios de comunicación masivos y redes sociales, se busca configurar un entorno político y social favorable a sus intereses en los países donde interviene.
Estas campañas de desinformación y polarización social se expresan, principalmente, en el campo de la manipulación digital. Diversas denuncias señalan que agencias e instituciones vinculadas a Washington financian y asesoran a organizaciones de la sociedad civil y laboratorios de ideas (think tanks) en Brasil, con el propósito de instalar narrativas polarizadoras. A ello se suman prácticas como la creación de granjas de bots y el uso de microsegmentación política, orientadas a favorecer electoralmente a los aliados de Estados Unidos.
La desinformación digital y el uso de nuevas tecnologías en Brasil han entrado en una fase masiva e híbrida. El uso de deepfakes y de herramientas de clonación de voz mediante inteligencia artificial permite producir miles de piezas de contenido falso con apariencia de legitimidad mediática y a un costo casi nulo. Este tipo de contenido inunda el ecosistema digital a una velocidad que los verificadores de datos difícilmente logran contener, lo que amplifica su impacto político y social.
El resultado de estas operaciones tiene efectos políticos e institucionales. Se genera una erosión institucional progresiva, basada en la promoción de una desconfianza sistemática hacia el Estado, las instituciones públicas y la política tradicional.
· Debilitan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
· Favorecen el ascenso de posturas de extrema derecha alineadas con los intereses de Estados Unidos.
· Fragmentan los movimientos sociales tradicionales y reducen la cohesión necesaria para sostener un proyecto nacional autónomo.
Estas acciones se inscriben en una verdadera guerra cultural con claro objetivo de articular a la derecha como alternativa de gobierno aliada de Washington. En ella, se promueven valores e ideologías que, lejos de fortalecer la integración social, tienden a fragmentar las bases políticas, culturales y comunitarias de los movimientos populares.
La ultraderecha local — sobre todo aquella agrupada en torno al ex presidente y actualmente procesado Jair Bolsonaro, golpista irredento y un peligro para la democracia brasileña — actúa como soporte de esta estrategia. Diversos estudios han mostrado cómo la extrema derecha digital en Brasil se ha convertido en una herramienta política para difundir el mensaje de una alianza ultraderechista entre sectores brasileños y estadounidenses, apoyada en grupos activistas y en un repertorio discursivo altamente agresivo.
En este contexto, la advertencia atribuida a Bolívar vuelve a adquirir vigencia política: Estados Unidos parece destinado, en nombre de la libertad, a extender nuevas formas de miseria sobre nuestra América.
fuente: HispanTV
Infosurglobal
junio de 2026
Referencias
1. https://archivodellibertador.gob.ve/archlib/web/index.php/site/documento?id=2830
2. https://apublica.org/2020/07/el-fbi-y-lava-jato/
3. https://www.facebook.com/watch/?v=997625860570727
4. Entre el 3 y 4 de septiembre, se realizó en Brasilia la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que agrupa a líderes conservadores de todo el mundo y que desembarcó en Brasil por segunda vez tras la llegada de Jair Bolsonaro al poder. Entre las figuras de la versión 2021 de la CPAC, estuvieron Donald Trump Jr., de forma virtual, y en el cierre del segundo día estuvo el presidente Bolsonaro. Bajo el lema «La libertad no se gana, se conquista», Cuba, Venezuela, comunismo, socialismo, Grupo de Puebla, Foro de San Pablo, dictadura, ideología de género, batalla cultural, feminismo, libertad, fe, cultura, raza, familia, patria y propiedad privada fueron las palabras claves que se repitieron como mantra durante dos días. El anfitrión del encuentro fue Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño y actual diputado federal por San Pablo. Del clan Bolsonaro, Eduardo es el encargado de tejer y sostener las relaciones internacionales extraoficiales del gobierno. Sus reuniones con Donald Trump, Steve Bannon, Matteo Salvini, Viktor Orbán, Santiago Abascal y Beatriz Von Storch dan cuenta de la alianza ultraderechista con los principales exponentes europeos y norteamericanos.
https://latinta.com.ar/2021/09/15/integracion-extrema-derecha-america-latina/
5. https://www.instagram.com/reels/DVH4U7piKi6
Por Pablo Jofré Leal
Periodista. Analista internacional.
En los procesos de crónicas intervenciones en los asuntos internos de los estados latinoamericanos, Estados Unidos ha desarrollado una política que, siguiendo en ello las palabras del mártir iraní Seyed Ali Jamenei, es propia de «potencias hegemónicas y arrogantes» con una visión de destino manifiesto y una realidad centrada en dominar pueblos, recursos y futuro de nuestro continente a costa de la libertad de sus sociedades.
Bajo ese marco, uno de los países que soporta el influjo malsano de la potencia norteamericana es Brasil, el país más grande y rico de Latinoamérica. Una nación que celebrará elecciones generales en noviembre próximo, en las que la disputa presidencial adquiere una importancia fundamental, sobre todo si se considera que la ultraderecha, digitada desde Washington, gana terreno en el continente, con la meta de llevar al poder a candidatos absolutamente incondicionales a las administraciones estadounidenses.
Ese objetivo intervencionista se apoya en instituciones desprestigiadas, pero aún influyentes, como la Organización de Estados Americanos (OEA), junto con asociaciones regionales que no implican necesariamente la participación directa de Estados Unidos, aunque sí evidencian su absoluto influjo político, ideológico y económico.
Esta realidad evoca una de las citas políticas más célebres de la historia latinoamericana, atribuida al Libertador Simón Bolívar y escrita en 1829 en una carta enviada al coronel británico Patricio Campbell, diplomático del imperio británico. En aquella misiva, donde ya se advertía el carácter imperialista estadounidense, Bolívar afirmó:
«Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad» (1)
Esas miserias se han expresado en el apoyo y la ejecución de procesos desestabilizadores, golpes de Estado, invasiones, presiones, bloqueos, embargos y secuestros de presidentes: todo ello parte del menú imperial. No hay país de nuestra América que no haya sufrido este tipo de intervenciones, incluido el gigante sudamericano: Brasil, nación que, en pleno proceso preelectoral, soporta agresivas campañas de desinformación, manipulación y amenazas contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Estas operaciones están destinadas a promover los intereses y «valores» estadounidenses, cultivar la desconfianza en el Estado, demonizarlo y polarizar a la sociedad brasileña, sobre todo mediante ataques contra aquellas figuras consideradas «poco cómodas» para los objetivos de control y dominio de Washington. Se trata de acciones delictivas que violan el derecho de los pueblos a su libre determinación, afectan la estabilidad de los Estados y constituyen un obstáculo para su desarrollo.
La injerencia en materias jurídicas y políticas que lleva a cabo Washington tratan de impedir la reelección del presidente Lula da Silva en un escenario electoral donde el actual presidente tiene el derecho a ser elegible para una segunda administración consecutiva, con el claro objetivo dado a conocer por el propio Lula de «evitar que los trogloditas lleguen nuevamente al poder» en referencia a la ultraderecha bolsonarista.
Washington utiliza herramientas no convencionales para moldear el escenario político brasileño, proteger sus intereses económicos y frenar la consolidación de un eje de poder autónomo en el Sur Global. Un ejemplo relevante fue el caso Lava Jato, desarrollado con cooperación estratégica del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del FBI.
Según diversas denuncias, esta colaboración significó una profunda intromisión en la soberanía brasileña — que se mantiene actual — mediante la labor de decenas de agentes del FBI que operan en la nación sudamericana sin pleno conocimiento del gobierno, contribuyendo a enlodar al sector progresista brasileño y, en especial, a su principal líder, Luiz Inácio Lula da Silva.
Este proceso también afectó a empresas brasileñas que competían directamente con corporaciones estadounidenses en el plano internacional. En ese contexto se produjo, en 2018, la detención de Lula, en el marco de una estrategia de lawfare orientada a apartar del poder a líderes de perfil soberanista. Posteriormente, en 2021, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló todas las condenas en su contra, tras determinar que el proceso estuvo viciado y que no se garantizó la imparcialidad judicial. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho. (3)
En el actual escenario electoral, la injerencia jurídica y política atribuida a Washington busca frenar la posibilidad de que el líder del Partido de los Trabajadores vuelva a ocupar el Palacio de Planalto. Frente a ello, la respuesta democrática debería apoyarse en tres pilares: participación ciudadana informada, fortalecimiento de las instituciones democráticas y articulación de consensos sociales.
Esta tarea resulta especialmente difícil frente a la constante demonización del Estado, alimentada por decisiones intervencionistas estadounidenses afincado en un marcado rechazo al mundo petista. A ello se suma el apoyo a la ultraderecha brasileña, orientado a desestabilizar al gobierno y a restar legitimidad al Estado mediante el uso de herramientas jurídicas, políticas, mediáticas y culturales. En este sentido, la intervención en América Latina —y particularmente en Brasil— continúa siendo parte estructural de la política exterior de Washington.
Estados Unidos ha intensificado las presiones regionales para combatir supuestamente el narcotráfico — del cual este país es el principal comprador y consumidor de drogas en el mundo sin que concreten una política de represión a ese consumo — Incluso en su desdén al estado brasileño plantean, desde su interés, la clasificación de ciertas organizaciones criminales brasileñas como terroristas. Una postura que genera lógicas tensiones y debates políticos en Brasil sobre la protección de su soberanía nacional.
Los análisis que reprueban la conducta de Washington denuncian, por ejemplo, que el inmiscuirse en las situaciones de seguridad de Brasil, en críticas a grupos delictivos que radican en territorio brasileño, que además son combatidas por el gobierno de Lula da Silva, designadas por parte de Estados Unidos el Comando Vermelho y el Primero Comando da Capital (PCC) como «organizaciones terroristas extranjeras», que resultan ser una intromisión inaceptable, como lo califica el propio presidente Lula.
Brasil y su gobierno no niegan la existencia de problemas de seguridad ni sus efectos negativos. Sin embargo, consideran inaceptable que una potencia extranjera pretenda dirigir la lucha contra el crimen dentro de su territorio. Desde esta perspectiva, dicha línea de acción buscaría justificar operaciones de inteligencia e incluso eventuales acciones militares estadounidenses en suelo brasileño, reproduciendo la vieja lógica de considerar a América Latina como un «patio trasero».
A ello se suman operaciones orientadas a estigmatizar a las autoridades brasileñas, presentándolas como ineficientes, corruptas o carentes de voluntad para aplicar medidas de seguridad. De este modo, se promueve una matriz de opinión que retrata al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) como administrador de un «Estado fallido» o incluso como cómplice de los grupos criminales, alimentando la desconfianza ciudadana hacia el poder estatal.
El soft power y la manipulación informativa estadounidense también buscan debilitar la cohesión social de Brasil. Para ello se apoyan en influyentes políticos de la derecha brasileña y en empresarios estadounidenses que participan activamente en la promoción de la imagen, la agenda política y los intereses ideológicos de Estados Unidos en la región. Figuras como Donald Trump Jr. y, especialmente, el republicano Steve Bannon han asesorado, financiado y legitimado movimientos ultraderechistas en América Latina, con particular presencia en México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, Brasil y Argentina.
Steve Bannon, ex estratega de la Casa Blanca, ha sido uno de los principales impulsores de la internacionalización del populismo nacionalista. En ese marco, promovió a Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, como representante de su organización, The Movement, para América Latina.
Su estrategia se apoya en una guerra política, cultural y mediática desplegada principalmente en redes sociales. Su objetivo es sembrar desconfianza institucional, articular discursos globales contra la izquierda y fortalecer redes transnacionales de extrema derecha.
A esta trama se suma Jason Miller, empresario y exasesor de Donald Trump, quien impulsó la plataforma digital Gettr. Esta red fue presentada como una alternativa frente a la moderación de contenidos de las grandes corporaciones tecnológicas y ha servido como infraestructura comunicacional para sectores conservadores y ultraderechistas.
La exportación de la agenda política y del modelo de desarrollo de la derecha estadounidense hacia América Latina se ha consolidado mediante una red transnacional de estrategas, políticos y empresarios alineados con el movimiento Make America Great Again (MAGA). Uno de los espacios centrales de esta transferencia ideológica ha sido la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), cuya primera edición en territorio latinoamericano se realizó en São Paulo, en octubre de 2019, y marcó un punto de inflexión para la derecha brasileña. (4)
Otro mecanismo de intervención se desarrolla en el ámbito mediático, especialmente a través de redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y X. Estas plataformas son extremadamente populares en Brasil, uno de los países con mayor conectividad del mundo, y cumplen un papel central en el consumo de información, el entretenimiento, la comunicación cotidiana y la disputa política. Usando en ello las comunidades evangélicas ligadas al sionismo.
Resulta evidente que la pérdida de capacidad de los Estados latinoamericanos —entre ellos Brasil— para regular y proteger su espacio mediático los vuelve más vulnerables a la manipulación externa. La alta popularidad de las plataformas digitales estadounidenses y la rápida circulación de narrativas opositoras han abierto un debate global sobre la soberanía digital. Más que una pérdida absoluta de control, lo que existe es una tensión creciente entre la regulación de los países latinoamericanos, el poder de las grandes empresas tecnológicas y las estrategias de influencia externa. (5)
En este contexto, la disputa mediática en América Latina se explica por varios factores clave:
· Dependencia de infraestructura externa: las principales plataformas digitales utilizadas en la región pertenecen a corporaciones estadounidenses, como Meta y Google, entre otras.
· Lógica algorítmica: los sistemas de recomendación tienden a priorizar el impacto emocional y la viralidad por sobre la verificación de los hechos y el contexto local.
· Control externo de los datos: gran parte de la información de los ciudadanos latinoamericanos se almacena en servidores ubicados fuera de la región, lo que limita la capacidad de los Estados para resguardar su soberanía digital.
En el caso de Brasil, esta problemática adquiere una dimensión particular. El país es uno de los mayores mercados globales de redes sociales, lo que amplifica el impacto de cualquier campaña digital. En ese escenario, las campañas políticas encuentran un terreno fértil para la intervención, especialmente cuando son utilizadas de manera masiva por el bolsonarismo.
A ello se suman choques institucionales recientes, como las disputas legales entre el Supremo Tribunal Federal y plataformas como X, anteriormente Twitter. Además, las narrativas de desinformación política suelen circular por redes de mensajería cifrada, como WhatsApp y Telegram, lo que dificulta su monitoreo por parte del Estado y aumenta los desafíos para proteger el debate público frente a operaciones de manipulación informativa.
Resulta fundamental avanzar hacia una soberanía mediática que acompañe y profundice las independencias formales de los países latinoamericanos. Esta tarea debe abarcar todos los planos de la comunicación: redes sociales, agencias internacionales de noticias, plataformas televisivas, medios radiales y prensa escrita.
En el caso de Brasil, las campañas de información impulsadas desde Estados Unidos se presentan como parte de un enfoque sistémico y estructurado, orientado a expandir la influencia de Washington en América Latina. A través de medios de comunicación masivos y redes sociales, se busca configurar un entorno político y social favorable a sus intereses en los países donde interviene.
Estas campañas de desinformación y polarización social se expresan, principalmente, en el campo de la manipulación digital. Diversas denuncias señalan que agencias e instituciones vinculadas a Washington financian y asesoran a organizaciones de la sociedad civil y laboratorios de ideas (think tanks) en Brasil, con el propósito de instalar narrativas polarizadoras. A ello se suman prácticas como la creación de granjas de bots y el uso de microsegmentación política, orientadas a favorecer electoralmente a los aliados de Estados Unidos.
La desinformación digital y el uso de nuevas tecnologías en Brasil han entrado en una fase masiva e híbrida. El uso de deepfakes y de herramientas de clonación de voz mediante inteligencia artificial permite producir miles de piezas de contenido falso con apariencia de legitimidad mediática y a un costo casi nulo. Este tipo de contenido inunda el ecosistema digital a una velocidad que los verificadores de datos difícilmente logran contener, lo que amplifica su impacto político y social.
El resultado de estas operaciones tiene efectos políticos e institucionales. Se genera una erosión institucional progresiva, basada en la promoción de una desconfianza sistemática hacia el Estado, las instituciones públicas y la política tradicional.
· Debilitan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
· Favorecen el ascenso de posturas de extrema derecha alineadas con los intereses de Estados Unidos.
· Fragmentan los movimientos sociales tradicionales y reducen la cohesión necesaria para sostener un proyecto nacional autónomo.
Estas acciones se inscriben en una verdadera guerra cultural con claro objetivo de articular a la derecha como alternativa de gobierno aliada de Washington. En ella, se promueven valores e ideologías que, lejos de fortalecer la integración social, tienden a fragmentar las bases políticas, culturales y comunitarias de los movimientos populares.
La ultraderecha local — sobre todo aquella agrupada en torno al ex presidente y actualmente procesado Jair Bolsonaro, golpista irredento y un peligro para la democracia brasileña — actúa como soporte de esta estrategia. Diversos estudios han mostrado cómo la extrema derecha digital en Brasil se ha convertido en una herramienta política para difundir el mensaje de una alianza ultraderechista entre sectores brasileños y estadounidenses, apoyada en grupos activistas y en un repertorio discursivo altamente agresivo.
En este contexto, la advertencia atribuida a Bolívar vuelve a adquirir vigencia política: Estados Unidos parece destinado, en nombre de la libertad, a extender nuevas formas de miseria sobre nuestra América.
fuente: HispanTV
Infosurglobal
junio de 2026
Referencias
1. https://archivodellibertador.gob.ve/archlib/web/index.php/site/documento?id=2830
2. https://apublica.org/2020/07/el-fbi-y-lava-jato/
3. https://www.facebook.com/watch/?v=997625860570727
4. Entre el 3 y 4 de septiembre, se realizó en Brasilia la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que agrupa a líderes conservadores de todo el mundo y que desembarcó en Brasil por segunda vez tras la llegada de Jair Bolsonaro al poder. Entre las figuras de la versión 2021 de la CPAC, estuvieron Donald Trump Jr., de forma virtual, y en el cierre del segundo día estuvo el presidente Bolsonaro. Bajo el lema «La libertad no se gana, se conquista», Cuba, Venezuela, comunismo, socialismo, Grupo de Puebla, Foro de San Pablo, dictadura, ideología de género, batalla cultural, feminismo, libertad, fe, cultura, raza, familia, patria y propiedad privada fueron las palabras claves que se repitieron como mantra durante dos días. El anfitrión del encuentro fue Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño y actual diputado federal por San Pablo. Del clan Bolsonaro, Eduardo es el encargado de tejer y sostener las relaciones internacionales extraoficiales del gobierno. Sus reuniones con Donald Trump, Steve Bannon, Matteo Salvini, Viktor Orbán, Santiago Abascal y Beatriz Von Storch dan cuenta de la alianza ultraderechista con los principales exponentes europeos y norteamericanos.
https://latinta.com.ar/2021/09/15/integracion-extrema-derecha-america-latina/
5. https://www.instagram.com/reels/DVH4U7piKi6
