El movimiento que desnuda la crisis de legitimidad del Ministerio Público

Por Juan Fran Torres, periodista de DDHH y Estudios Latinoamericanos.

Santiago de Chile, 21 de noviembre de 2025. La repentina designación de la fiscal Giovanna Herrera Andreucci hasta ahora fiscal encargada del Caso Jadue, como directora de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos (ULDECCO) no puede analizarse como un simple ajuste administrativo dentro de la Fiscalía. La decisión del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, llega en un momento político y judicial marcado por tensiones, filtraciones y un creciente cuestionamiento ciudadano frente a la selectividad de la persecución penal en Chile.

Un nombramiento que ocurre en el peor momento

La trama conocida como “Muñeca Bielorrusa”, que terminó con la detención de los abogados querellantes contra Daniel Jadue, golpeó de lleno la credibilidad de quienes encabezaban la ofensiva judicial contra el exalcalde de Recoleta. En ese escenario, la salida de Herrera del Caso Jadue y bajo el paraguas de un ascenso a un cargo directivo, aparece menos como un reconocimiento profesional y más como un movimiento de contención de daños sobre lo anteriormente mencionado.

En política, las coincidencias n son casuales y en el Ministerio Público, menos aún.

La estrategia del blindaje institucional

Al ser promovida, Herrera mantiene su fuero y su permanencia en la estructura del Ministerio Público, pero queda automáticamente imposibilitada de seguir interviniendo directamente en el Caso Jadue. Es decir, se la aleja del foco mediático sin expulsarla del círculo de confianza de Angel Valencia.

Este movimiento puede leerse como una estrategia clásica, se protege a la funcionaria, se protege a la institución y se evita que una crisis mayor escale hacia la figura del Fiscal Nacional. Pero, al mismo tiempo, se instala la percepción de que, una vez más la Fiscalía opera sistemáticamente bajo una lógica política y no exclusivamente técnica.

El caso Jadue y el lawfare en Chile

Lo que ocurre con Daniel Jadue supera con creces su situación individual. Su caso se ha transformado en un punto de inflexión en la discusión sobre la instrumentalización de la justicia en Chile. La ofensiva en su contra ha sido sostenida, mediática y políticamente funcional a sectores que ven en él una amenaza a su hegemonía local y nacional.

En ese contexto, la remoción indirecta de Herrera de la causa no disipa dudas, por el contrario, las amplifica. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando se desploman los querellantes que impulsaban el Caso Jadue? ¿Por qué a horas de revelarse una estructura de corrupción que golpea directamente a quienes acusaban a Daniel Jadue?.

Es evidente que estamos frente a un problema mucho más profundo, la integridad misma del sistema de justicia y la capacidad del Ministerio Público para actuar sin presiones externas, sin influencias indebidas y sin vendettas políticas, disfrazadas de procesos investigativos. Cuando la ciudadanía percibe que la Fiscalía opera bajo intereses ajenos al Estado de Derecho, se erosiona uno de los pilares esenciales de cualquier democracia, la confianza en la imparcialidad y en el debido proceso.

La Fiscalía en su laberinto

La institución dirigida por Ángel Valencia enfrenta una tormenta perfecta, desconfianza ciudadana creciente, casos politizados, disputas internas y una estructura que muchas veces depende más de equilibrios de poder que de criterios técnicos. La designación de Herrera revela este laberinto. Un movimiento que, intentando devolver estabilidad, termina exponiendo los hilos detrás del telón en esta desprestigiada institución del Estado.

Si cada vez que un caso adquiere dimensión política, la Fiscalía responde con cambios abruptos, ascensos estratégicos o reasignaciones en momentos críticos, el mensaje hacia la ciudadanía es devastador. La justicia no es ciega, es selectiva. Y responde más a los vientos de la coyuntura que al rigor del debido proceso.

Chile no necesita un Ministerio Público que maniobre políticamente, necesita uno que aplique justicia con independencia, transparencia y responsabilidad.

Una señala de alarma

La salida de la fiscal Herrera del Caso Jadue, bajo la forma de un ascenso oportuno, es una maniobra que más que proteger la institucionalidad profundiza la percepción de que el Ministerio Público opera bajo criterios políticos y no meramente jurídicos.

La ciudadanía observa. Y el caso Jadue, se ha convertido en un termómetro del estado actual de la democracia, del uso del aparato judicial y de la fragilidad institucional en tiempos de desconfianza.

Ahora más que nunca se vuelve imprescindible que la justicia en Chile funcione de verdad. La crisis de confianza que atraviesa el Ministerio Público, sumada a los casos que evidencian la persecución política y los arreglos internos, obliga a pensar en transformaciones profundas.

Una de ellas y quizás la más urgente es avanzar hacia un modelo donde jueces, fiscales y magistrados sean electos democráticamente por la ciudadanía. No como un gesto simbólico, sino como una herramienta concreta para combatir las redes de corrupción, amiguismo y opacidad que operan dentro del sistema judicial.

La elección popular de las máximas autoridades del mundo judicial no solo devolvería legitimidad, sino que permitiría que quienes administran justicia respondan directamente al pueblo y no a pactos corporativos o presiones políticas invisibles.

Solo así podremos tener un sistema que funcione al servicio de la justicia y no de los intereses de las élites.