La monarquía marroquí y el chantaje migratorio contra España.Por:Esteban Silva Cuadra
La monarquía marroquí y el chantaje migratorio contra España.Por:Esteban Silva Cuadra
La monarquía marroquí y el chantaje migratorio contra España. Por:Esteban Silva Cuadra
La monarquía marroquí vuelve a utilizar la migración como instrumento de presión política contra España. La movilización y el desplazamiento de miles de personas hacia Ceuta y Melilla no pueden reducirse a un fenómeno espontáneo ni a una crisis fronteriza más. Forman parte de una estrategia de chantaje destinada a condicionar las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez y obtener nuevas concesiones en favor de las pretensiones expansionistas de Rabat.
No se trata de que Marruecos cree la migración —fenómeno estructural con causas profundas—, sino de que la instrumentaliza deliberadamente. La monarquía alauí aprovecha la desesperación de miles de personas y la convierte en un recurso geopolítico, sabiendo que la Unión Europea ha delegado en Rabat la función de guardia de fronteras. El régimen marroquí abre o cierra las fronteras de acuerdo con sus intereses, utiliza el sufrimiento humano y convierte a jóvenes y menores de edad en instrumentos de una operación política para presionar a España y a la UE.
Esta política resulta particularmente grave porque España continúa teniendo responsabilidades históricas, políticas y jurídicas respecto del proceso inconcluso de descolonización del Sáhara Occidental. Madrid no puede eludirlas mediante acuerdos opacos, concesiones diplomáticas o entendimientos subordinados con la monarquía marroquí.
El objetivo central de Rabat es evidente: obtener el respaldo español y europeo para consolidar su ocupación colonial e ilegal del Sáhara Occidental, territorio que no forma parte de Marruecos y cuyo pueblo posee el derecho inalienable a la autodeterminación y a la independencia.
La República Árabe Saharaui Democrática y el Frente Polisario encarnan la lucha legítima del pueblo saharaui contra una ocupación que persiste en abierta contradicción con el derecho internacional.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de respaldar la posición marroquí para el Sáhara Occidental significó una ruptura con la legalidad internacional y con la posición que España había mantenido durante décadas. Al desconocer que se trata de una situación de descolonización pendiente y ceder en el Sáhara, España no ha hecho sino aumentar su dependencia y validar el método de la presión. Lejos de terminar con las presiones de Rabat, esa concesión demostró que el chantaje produce resultados y estimuló nuevas exigencias de la monarquía.
La denominada propuesta de autonomía no constituirá jamás una solución justa ni democrática. Es una fórmula elaborada por la potencia ocupante para excluir de antemano la opción de la independencia saharaui y sustituir el derecho a la autodeterminación por una administración subordinada a la pretendida soberanía marroquí. La autonomía bajo una ocupación ilegal es solamente la perpetuación del colonialismo con un nuevo rostro.
Identificar al responsable
En un reciente artículo publicado en Infosurglobal, el jurista y diplomático saharaui Mohamed Zrug plantea una cuestión central que España no puede continuar eludiendo: cuando un Estado denuncia una violación de su integridad territorial, no basta con invocar la protección del derecho internacional; debe también identificar con claridad al sujeto responsable de la conducta denunciada.[1]
La omisión deliberada de esa identificación no constituye una decisión política neutral. Debilita el sistema de atribución de responsabilidades sobre el que descansa la prohibición del uso de la fuerza y permite que un Estado se refugie detrás de una multitud para ocultar una operación planificada de presión contra las fronteras de otro país.
Como advierte Zrug, el derecho internacional no se construye únicamente mediante tratados, sentencias y resoluciones. También se desarrolla a través de la práctica de los Estados. Por ello, cuando España califica determinados hechos como una violación de su integridad territorial, pero evita señalar al Estado que organiza, facilita o permite esa operación, contribuye a erosionar las mismas normas cuya protección reclama.
España conoce perfectamente este principio. Fue a petición suya que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 380 de 1975, mediante la cual deploró la realización de la denominada Marcha Verde y exigió a Marruecos retirar inmediatamente del Sáhara Occidental a todos sus participantes.[2] La presencia de una multitud civil no impidió entonces identificar al Estado responsable de una operación destinada a ocupar y anexionar por la fuerza un territorio no autónomo. Cinco décadas después, España no puede actuar como si esa experiencia jurídica y política no existiera. Diluir esa responsabilidad detrás de la multitud crea un precedente extremadamente peligroso: transmite a otros Estados el mensaje de que pueden utilizar a personas migrantes para presionar las fronteras de un país vecino y, al mismo tiempo, evitar las consecuencias internacionales de sus actos.
La dimensión argelina del chantaje marroquí
La operación montada por los servicios de inteligencia de la monarquía marroquí contra el Gobierno de Pedro Sánchez debe analizarse también como respuesta al reciente acercamiento entre España y Argelia. La movilización de miles de personas hacia Ceuta constituye una reacción de Rabat ante la visita del presidente del Gobierno español a Argel y frente a los importantes acuerdos alcanzados con el Gobierno del presidente Abdelmadjid Tebboune.
La visita de Pedro Sánchez marcó una nueva etapa en las relaciones entre España y Argelia, después de años de tensiones provocadas por el alineamiento de Madrid con la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Durante las reuniones, ambos gobiernos expresaron su voluntad de reforzar el diálogo político, preparar una nueva Reunión de Alto Nivel y ampliar la cooperación en ámbitos estratégicos como la energía, las inversiones, la seguridad, los intercambios económicos, la cultura y la lucha contra la migración irregular.[5]
El presidente Tebboune destacó la importancia de abrir una etapa de cooperación mutuamente beneficiosa, mientras Sánchez volvió a reconocer el carácter estratégico de las relaciones con Argelia. Las conversaciones entre ambos gobiernos y los encuentros entre responsables políticos, energéticos y empresariales mostraron la voluntad de reconstruir una relación bilateral profundamente deteriorada durante los últimos años.[5]
Este acercamiento afecta directamente la estrategia regional de Marruecos. La monarquía marroquí busca aislar a Argelia, reducir su influencia en el Mediterráneo y evitar que España recupere márgenes de autonomía frente a las presiones de Rabat. Argelia no solo es un socio energético fundamental para España, sino también uno de los principales defensores internacionales del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia.
Por ello, la aproximación entre Sánchez y Tebboune constituye una señal que la monarquía marroquí considera contraria a sus intereses expansionistas. Rabat teme que la normalización de las relaciones hispano-argelinas pueda abrir el camino hacia una política exterior española más equilibrada y, eventualmente, hacia una revisión del respaldo concedido por Sánchez a la propuesta marroquí de autonomía.
La utilización de la migración como instrumento de presión cumpliría, en este contexto, una doble finalidad: castigar al Gobierno español por su acercamiento a Argelia y obligarlo a reafirmar su subordinación a las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Marruecos busca transmitirle a Madrid que cualquier movimiento diplomático hacia Argelia tendrá un costo político, fronterizo y humanitario. No estamos, por tanto, ante una simple crisis migratoria. Se trata de una operación destinada a condicionar la política exterior española, perturbar la reconstrucción de las relaciones entre España y Argelia y consolidar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Tampoco debe olvidarse la responsabilidad de la UE, que ha externalizado sus fronteras y luego se queja cuando el «guarda» que ha pagado usa su posición para exigir más concesiones. Esta es una contradicción central que debilita la posición europea y alimenta la estrategia de Rabat.
El nefasto papel de la administración Trump
A esta política de chantaje y ocupación se suma el nefasto papel que desempeña la administración de Donald Trump, decidida a respaldar a la monarquía marroquí en su intento por consolidar la anexión ilegal del Sáhara Occidental.
Washington sostiene el reconocimiento unilateral de la pretendida soberanía marroquí sobre el territorio y promueve la propuesta de autonomía elaborada por Rabat como base exclusiva para una salida política. Con ello, Estados Unidos intenta transformar una ocupación colonial en un hecho consumado aceptado por la comunidad internacional, desconociendo el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.
Ninguna declaración unilateral de Washington puede modificar la naturaleza jurídica del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización ni otorgar soberanía a Marruecos sobre un territorio que ocupa militarmente. La Corte Internacional de Justicia concluyó en 1975 que no existían vínculos de soberanía territorial capaces de impedir la aplicación del principio de autodeterminación.[3] La soberanía sobre el Sáhara Occidental no puede decidirse en Washington ni en el palacio real marroquí. Corresponde exclusivamente al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación mediante una consulta libre, democrática y auténtica, sin presiones, exclusiones ni imposiciones externas.
Marruecos, aliado del sionismo israelí
Marruecos se ha convertido en uno de los principales aliados regionales del Estado de Israel. Más allá de las declaraciones ideológicas, existe un intercambio geopolítico tangible: Israel apoya las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental a cambio del respaldo de Rabat a la normalización y a la ocupación de Palestina. Esta alianza se sostiene en la cooperación militar, tecnológica, diplomática y de inteligencia, así como en la legitimación recíproca de sus políticas de control territorial.
Israel busca consolidar su ocupación de Palestina, mientras Marruecos pretende obtener respaldo internacional para su ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Ambas potencias ocupantes comparten métodos y objetivos: control territorial, represión, vigilancia, apropiación de recursos naturales, desplazamiento de poblaciones y negación del derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro.
Esta convergencia colonial fue abordada en una entrevista publicada por Infosurglobal, en la cual sostuve que «la causa saharaui y la de Palestina son indisociables: dos combates contra el colonialismo y por la autodeterminación».[4] La relación entre ambas causas no constituye solamente una expresión de solidaridad política. Se funda en la existencia de problemas jurídicos y políticos semejantes: la ocupación ilegal de territorios, el despojo de sus pueblos, la explotación de sus recursos naturales y la negación de su derecho a determinar libremente su futuro.
Como señalé en esa entrevista, el respaldo de Donald Trump a las pretensiones marroquíes estrechó todavía más la vinculación entre las cuestiones saharaui y palestina. En ambos casos, Washington apoya a una potencia ocupante e intenta transformar la dominación territorial y los hechos consumados en situaciones irreversibles, subordinando el derecho internacional a sus intereses geopolíticos.[4]
La resistencia saharaui, encabezada por el Frente Polisario, y la resistencia del pueblo palestino forman parte de un mismo frente histórico contra el colonialismo. Ambas defienden el derecho inalienable a la autodeterminación, la soberanía sobre sus territorios y recursos naturales, y el derecho de sus pueblos a existir como naciones libres e independientes. Palestina y el Sáhara Occidental son dos expresiones de una misma lógica colonial. En ambos territorios se intenta convertir la ocupación en normalidad, presentar la anexión como solución y reemplazar el derecho a la autodeterminación por acuerdos impuestos desde el exterior.
Estos dos combates deben ser defendidos conjuntamente en los planos político, jurídico y comunicacional. Es necesario articular las campañas internacionales de solidaridad y demostrar que la ocupación del Sáhara Occidental y la ocupación de Palestina no son conflictos aislados, sino manifestaciones de una misma lógica colonial protegida por Estados Unidos y otras potencias occidentales. Por ello, la solidaridad con el pueblo saharaui no puede separarse de la solidaridad con el pueblo palestino. Ambas causas representan la defensa del derecho internacional, de la descolonización y del principio fundamental de que ningún pueblo puede ser privado de su territorio ni sometido indefinidamente a una potencia ocupante.
España debe terminar con su política de concesiones
España y la Unión Europea no deberían seguir subordinadas a la ofensiva de Washington y Rabat. Deberían abandonar toda complicidad con la ocupación y con el saqueo de los recursos naturales y estratégicos que pertenecen al pueblo saharaui, y defender una solución fundada en la legalidad internacional, en las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, y en el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.
Convertir a las personas migrantes en «arma» es un doble crimen: contra la soberanía de España y contra su propia humanidad y su derecho a buscar una vida mejor. Por eso, ceder nuevamente ante Rabat no resolverá la crisis humanitaria: solo fortalecerá a una monarquía autoritaria que utiliza el sufrimiento ajeno para perpetuar una ocupación colonial. La UE y España deben dejar de externalizar sus fronteras sin exigir contrapartidas políticas claras, y recuperar una política migratoria basada en derechos humanos, no en la subcontratación de la represión.
España tampoco puede permitir que sus relaciones con Argelia sean condicionadas por la monarquía marroquí. Madrid debe construir su política exterior de acuerdo con sus propios intereses, con el derecho internacional y con la necesidad de mantener relaciones soberanas y equilibradas con todos los países del Magreb.
Durante años, Marruecos ha operado un poderoso lobby —muy bien financiado— sobre los principales dirigentes del PSOE (Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez) para que renunciaran a respaldar la descolonización y la independencia saharaui, legitimando así la ocupación colonial marroquí en el territorio del Sáhara Occidental. Esa influencia ha sido decisiva en el giro de la política exterior española y explica, en buena medida, la continuidad de las concesiones a Rabat a pesar de las evidencias del chantaje migratorio.
Moraleja: No se puede sostener un doble discurso en política internacional sin pagar las consecuencias. Por un lado, el gobierno de Sánchez Castejón apoyó el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación e independencia y, por otro lado, cediendo ante Marruecos, niega el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación e independencia.
La pregunta formulada por Mohamed Zrug —¿quién es el verdadero autor de una agresión contra la integridad territorial de un Estado?— no es retórica. Es una exigencia jurídica y política. Si España renuncia a responderla, no solo debilita su propia posición frente al chantaje marroquí: contribuye también a erosionar el derecho internacional que dice defender. El día en que los Estados dejen de preguntarse quién es el verdadero responsable de una agresión contra su integridad territorial, no solo habrán perdido los países afectados. Habrá perdido el propio derecho internacional. La única salida justa y duradera es el respeto irrestricto de la legalidad internacional, la culminación del proceso de descolonización del Sáhara Occidental y el reconocimiento efectivo del derecho del pueblo saharaui a vivir libre, soberano e independiente en su propio territorio.
Notas
[1] Mohamed Zrug, «¿Quién? La pregunta que el derecho internacional no permite eludir», Infosurglobal, 31 de julio de 2026. El autor sostiene que todo Estado que invoque una violación de su integridad territorial debe identificar con rigor al sujeto internacionalmente responsable, pues mantener indeterminada la autoría debilita el régimen jurídico de atribución de responsabilidades.
[2] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 380 (1975), aprobada el 6 de noviembre de 1975. La resolución deploró la realización de la denominada Marcha Verde y pidió a Marruecos retirar inmediatamente del Sáhara Occidental a todos sus participantes.
[3] Corte Internacional de Justicia, Opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental, 16 de octubre de 1975. La Corte concluyó que los antecedentes examinados no establecían vínculos de soberanía territorial capaces de impedir la aplicación del principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo del territorio.
[4] Mohamed Abdoun, «Entrevista a Esteban Silva Cuadra: ‘Las causas saharaui y palestina son indisociables'», publicada originalmente por La Patrie News de Argelia y reproducida en español por Infosurglobal. En la entrevista, Silva Cuadra caracteriza ambas causas como luchas indisociables contra el colonialismo y por la autodeterminación, y denuncia el respaldo de Estados Unidos a las políticas de ocupación de Marruecos y de Israel.
[5] La Patrie News, «Visite de Pedro Sánchez: une étape importante pour les relations bilatérales», julio de 2026. El análisis aborda la visita del presidente del Gobierno español a Argelia, sus reuniones con el presidente Abdelmadjid Tebboune y la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer el diálogo político y la cooperación bilateral en los ámbitos económico, energético, empresarial, cultural, migratorio y de seguridad.
Infosurglobal
3 de agosto de 2026
La monarquía marroquí vuelve a utilizar la migración como instrumento de presión política contra España. La movilización y el desplazamiento de miles de personas hacia Ceuta y Melilla no pueden reducirse a un fenómeno espontáneo ni a una crisis fronteriza más. Forman parte de una estrategia de chantaje destinada a condicionar las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez y obtener nuevas concesiones en favor de las pretensiones expansionistas de Rabat.
No se trata de que Marruecos cree la migración —fenómeno estructural con causas profundas—, sino de que la instrumentaliza deliberadamente. La monarquía alauí aprovecha la desesperación de miles de personas y la convierte en un recurso geopolítico, sabiendo que la Unión Europea ha delegado en Rabat la función de guardia de fronteras. El régimen marroquí abre o cierra las fronteras de acuerdo con sus intereses, utiliza el sufrimiento humano y convierte a jóvenes y menores de edad en instrumentos de una operación política para presionar a España y a la UE.
Esta política resulta particularmente grave porque España continúa teniendo responsabilidades históricas, políticas y jurídicas respecto del proceso inconcluso de descolonización del Sáhara Occidental. Madrid no puede eludirlas mediante acuerdos opacos, concesiones diplomáticas o entendimientos subordinados con la monarquía marroquí.
El objetivo central de Rabat es evidente: obtener el respaldo español y europeo para consolidar su ocupación colonial e ilegal del Sáhara Occidental, territorio que no forma parte de Marruecos y cuyo pueblo posee el derecho inalienable a la autodeterminación y a la independencia.
La República Árabe Saharaui Democrática y el Frente Polisario encarnan la lucha legítima del pueblo saharaui contra una ocupación que persiste en abierta contradicción con el derecho internacional.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de respaldar la posición marroquí para el Sáhara Occidental significó una ruptura con la legalidad internacional y con la posición que España había mantenido durante décadas. Al desconocer que se trata de una situación de descolonización pendiente y ceder en el Sáhara, España no ha hecho sino aumentar su dependencia y validar el método de la presión. Lejos de terminar con las presiones de Rabat, esa concesión demostró que el chantaje produce resultados y estimuló nuevas exigencias de la monarquía.
La denominada propuesta de autonomía no constituirá jamás una solución justa ni democrática. Es una fórmula elaborada por la potencia ocupante para excluir de antemano la opción de la independencia saharaui y sustituir el derecho a la autodeterminación por una administración subordinada a la pretendida soberanía marroquí. La autonomía bajo una ocupación ilegal es solamente la perpetuación del colonialismo con un nuevo rostro.
Identificar al responsable
En un reciente artículo publicado en Infosurglobal, el jurista y diplomático saharaui Mohamed Zrug plantea una cuestión central que España no puede continuar eludiendo: cuando un Estado denuncia una violación de su integridad territorial, no basta con invocar la protección del derecho internacional; debe también identificar con claridad al sujeto responsable de la conducta denunciada.[1]
La omisión deliberada de esa identificación no constituye una decisión política neutral. Debilita el sistema de atribución de responsabilidades sobre el que descansa la prohibición del uso de la fuerza y permite que un Estado se refugie detrás de una multitud para ocultar una operación planificada de presión contra las fronteras de otro país.
Como advierte Zrug, el derecho internacional no se construye únicamente mediante tratados, sentencias y resoluciones. También se desarrolla a través de la práctica de los Estados. Por ello, cuando España califica determinados hechos como una violación de su integridad territorial, pero evita señalar al Estado que organiza, facilita o permite esa operación, contribuye a erosionar las mismas normas cuya protección reclama.
España conoce perfectamente este principio. Fue a petición suya que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 380 de 1975, mediante la cual deploró la realización de la denominada Marcha Verde y exigió a Marruecos retirar inmediatamente del Sáhara Occidental a todos sus participantes.[2] La presencia de una multitud civil no impidió entonces identificar al Estado responsable de una operación destinada a ocupar y anexionar por la fuerza un territorio no autónomo. Cinco décadas después, España no puede actuar como si esa experiencia jurídica y política no existiera. Diluir esa responsabilidad detrás de la multitud crea un precedente extremadamente peligroso: transmite a otros Estados el mensaje de que pueden utilizar a personas migrantes para presionar las fronteras de un país vecino y, al mismo tiempo, evitar las consecuencias internacionales de sus actos.
La dimensión argelina del chantaje marroquí
La operación montada por los servicios de inteligencia de la monarquía marroquí contra el Gobierno de Pedro Sánchez debe analizarse también como respuesta al reciente acercamiento entre España y Argelia. La movilización de miles de personas hacia Ceuta constituye una reacción de Rabat ante la visita del presidente del Gobierno español a Argel y frente a los importantes acuerdos alcanzados con el Gobierno del presidente Abdelmadjid Tebboune.
La visita de Pedro Sánchez marcó una nueva etapa en las relaciones entre España y Argelia, después de años de tensiones provocadas por el alineamiento de Madrid con la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Durante las reuniones, ambos gobiernos expresaron su voluntad de reforzar el diálogo político, preparar una nueva Reunión de Alto Nivel y ampliar la cooperación en ámbitos estratégicos como la energía, las inversiones, la seguridad, los intercambios económicos, la cultura y la lucha contra la migración irregular.[5]
El presidente Tebboune destacó la importancia de abrir una etapa de cooperación mutuamente beneficiosa, mientras Sánchez volvió a reconocer el carácter estratégico de las relaciones con Argelia. Las conversaciones entre ambos gobiernos y los encuentros entre responsables políticos, energéticos y empresariales mostraron la voluntad de reconstruir una relación bilateral profundamente deteriorada durante los últimos años.[5]
Este acercamiento afecta directamente la estrategia regional de Marruecos. La monarquía marroquí busca aislar a Argelia, reducir su influencia en el Mediterráneo y evitar que España recupere márgenes de autonomía frente a las presiones de Rabat. Argelia no solo es un socio energético fundamental para España, sino también uno de los principales defensores internacionales del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia.
Por ello, la aproximación entre Sánchez y Tebboune constituye una señal que la monarquía marroquí considera contraria a sus intereses expansionistas. Rabat teme que la normalización de las relaciones hispano-argelinas pueda abrir el camino hacia una política exterior española más equilibrada y, eventualmente, hacia una revisión del respaldo concedido por Sánchez a la propuesta marroquí de autonomía.
La utilización de la migración como instrumento de presión cumpliría, en este contexto, una doble finalidad: castigar al Gobierno español por su acercamiento a Argelia y obligarlo a reafirmar su subordinación a las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Marruecos busca transmitirle a Madrid que cualquier movimiento diplomático hacia Argelia tendrá un costo político, fronterizo y humanitario. No estamos, por tanto, ante una simple crisis migratoria. Se trata de una operación destinada a condicionar la política exterior española, perturbar la reconstrucción de las relaciones entre España y Argelia y consolidar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Tampoco debe olvidarse la responsabilidad de la UE, que ha externalizado sus fronteras y luego se queja cuando el «guarda» que ha pagado usa su posición para exigir más concesiones. Esta es una contradicción central que debilita la posición europea y alimenta la estrategia de Rabat.
El nefasto papel de la administración Trump
A esta política de chantaje y ocupación se suma el nefasto papel que desempeña la administración de Donald Trump, decidida a respaldar a la monarquía marroquí en su intento por consolidar la anexión ilegal del Sáhara Occidental.
Washington sostiene el reconocimiento unilateral de la pretendida soberanía marroquí sobre el territorio y promueve la propuesta de autonomía elaborada por Rabat como base exclusiva para una salida política. Con ello, Estados Unidos intenta transformar una ocupación colonial en un hecho consumado aceptado por la comunidad internacional, desconociendo el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.
Ninguna declaración unilateral de Washington puede modificar la naturaleza jurídica del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización ni otorgar soberanía a Marruecos sobre un territorio que ocupa militarmente. La Corte Internacional de Justicia concluyó en 1975 que no existían vínculos de soberanía territorial capaces de impedir la aplicación del principio de autodeterminación.[3] La soberanía sobre el Sáhara Occidental no puede decidirse en Washington ni en el palacio real marroquí. Corresponde exclusivamente al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación mediante una consulta libre, democrática y auténtica, sin presiones, exclusiones ni imposiciones externas.
Marruecos, aliado del sionismo israelí
Marruecos se ha convertido en uno de los principales aliados regionales del Estado de Israel. Más allá de las declaraciones ideológicas, existe un intercambio geopolítico tangible: Israel apoya las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental a cambio del respaldo de Rabat a la normalización y a la ocupación de Palestina. Esta alianza se sostiene en la cooperación militar, tecnológica, diplomática y de inteligencia, así como en la legitimación recíproca de sus políticas de control territorial.
Israel busca consolidar su ocupación de Palestina, mientras Marruecos pretende obtener respaldo internacional para su ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Ambas potencias ocupantes comparten métodos y objetivos: control territorial, represión, vigilancia, apropiación de recursos naturales, desplazamiento de poblaciones y negación del derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro.
Esta convergencia colonial fue abordada en una entrevista publicada por Infosurglobal, en la cual sostuve que «la causa saharaui y la de Palestina son indisociables: dos combates contra el colonialismo y por la autodeterminación».[4] La relación entre ambas causas no constituye solamente una expresión de solidaridad política. Se funda en la existencia de problemas jurídicos y políticos semejantes: la ocupación ilegal de territorios, el despojo de sus pueblos, la explotación de sus recursos naturales y la negación de su derecho a determinar libremente su futuro.
Como señalé en esa entrevista, el respaldo de Donald Trump a las pretensiones marroquíes estrechó todavía más la vinculación entre las cuestiones saharaui y palestina. En ambos casos, Washington apoya a una potencia ocupante e intenta transformar la dominación territorial y los hechos consumados en situaciones irreversibles, subordinando el derecho internacional a sus intereses geopolíticos.[4]
La resistencia saharaui, encabezada por el Frente Polisario, y la resistencia del pueblo palestino forman parte de un mismo frente histórico contra el colonialismo. Ambas defienden el derecho inalienable a la autodeterminación, la soberanía sobre sus territorios y recursos naturales, y el derecho de sus pueblos a existir como naciones libres e independientes. Palestina y el Sáhara Occidental son dos expresiones de una misma lógica colonial. En ambos territorios se intenta convertir la ocupación en normalidad, presentar la anexión como solución y reemplazar el derecho a la autodeterminación por acuerdos impuestos desde el exterior.
Estos dos combates deben ser defendidos conjuntamente en los planos político, jurídico y comunicacional. Es necesario articular las campañas internacionales de solidaridad y demostrar que la ocupación del Sáhara Occidental y la ocupación de Palestina no son conflictos aislados, sino manifestaciones de una misma lógica colonial protegida por Estados Unidos y otras potencias occidentales. Por ello, la solidaridad con el pueblo saharaui no puede separarse de la solidaridad con el pueblo palestino. Ambas causas representan la defensa del derecho internacional, de la descolonización y del principio fundamental de que ningún pueblo puede ser privado de su territorio ni sometido indefinidamente a una potencia ocupante.
España debe terminar con su política de concesiones
España y la Unión Europea no deberían seguir subordinadas a la ofensiva de Washington y Rabat. Deberían abandonar toda complicidad con la ocupación y con el saqueo de los recursos naturales y estratégicos que pertenecen al pueblo saharaui, y defender una solución fundada en la legalidad internacional, en las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, y en el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.
Convertir a las personas migrantes en «arma» es un doble crimen: contra la soberanía de España y contra su propia humanidad y su derecho a buscar una vida mejor. Por eso, ceder nuevamente ante Rabat no resolverá la crisis humanitaria: solo fortalecerá a una monarquía autoritaria que utiliza el sufrimiento ajeno para perpetuar una ocupación colonial. La UE y España deben dejar de externalizar sus fronteras sin exigir contrapartidas políticas claras, y recuperar una política migratoria basada en derechos humanos, no en la subcontratación de la represión.
España tampoco puede permitir que sus relaciones con Argelia sean condicionadas por la monarquía marroquí. Madrid debe construir su política exterior de acuerdo con sus propios intereses, con el derecho internacional y con la necesidad de mantener relaciones soberanas y equilibradas con todos los países del Magreb.
Durante años, Marruecos ha operado un poderoso lobby —muy bien financiado— sobre los principales dirigentes del PSOE (Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez) para que renunciaran a respaldar la descolonización y la independencia saharaui, legitimando así la ocupación colonial marroquí en el territorio del Sáhara Occidental. Esa influencia ha sido decisiva en el giro de la política exterior española y explica, en buena medida, la continuidad de las concesiones a Rabat a pesar de las evidencias del chantaje migratorio.
Moraleja: No se puede sostener un doble discurso en política internacional sin pagar las consecuencias. Por un lado, el gobierno de Sánchez Castejón apoyó el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación e independencia y, por otro lado, cediendo ante Marruecos, niega el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación e independencia.
La pregunta formulada por Mohamed Zrug —¿quién es el verdadero autor de una agresión contra la integridad territorial de un Estado?— no es retórica. Es una exigencia jurídica y política. Si España renuncia a responderla, no solo debilita su propia posición frente al chantaje marroquí: contribuye también a erosionar el derecho internacional que dice defender. El día en que los Estados dejen de preguntarse quién es el verdadero responsable de una agresión contra su integridad territorial, no solo habrán perdido los países afectados. Habrá perdido el propio derecho internacional. La única salida justa y duradera es el respeto irrestricto de la legalidad internacional, la culminación del proceso de descolonización del Sáhara Occidental y el reconocimiento efectivo del derecho del pueblo saharaui a vivir libre, soberano e independiente en su propio territorio.
Notas
[1] Mohamed Zrug, «¿Quién? La pregunta que el derecho internacional no permite eludir», Infosurglobal, 31 de julio de 2026. El autor sostiene que todo Estado que invoque una violación de su integridad territorial debe identificar con rigor al sujeto internacionalmente responsable, pues mantener indeterminada la autoría debilita el régimen jurídico de atribución de responsabilidades.
[2] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 380 (1975), aprobada el 6 de noviembre de 1975. La resolución deploró la realización de la denominada Marcha Verde y pidió a Marruecos retirar inmediatamente del Sáhara Occidental a todos sus participantes.
[3] Corte Internacional de Justicia, Opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental, 16 de octubre de 1975. La Corte concluyó que los antecedentes examinados no establecían vínculos de soberanía territorial capaces de impedir la aplicación del principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo del territorio.
[4] Mohamed Abdoun, «Entrevista a Esteban Silva Cuadra: ‘Las causas saharaui y palestina son indisociables'», publicada originalmente por La Patrie News de Argelia y reproducida en español por Infosurglobal. En la entrevista, Silva Cuadra caracteriza ambas causas como luchas indisociables contra el colonialismo y por la autodeterminación, y denuncia el respaldo de Estados Unidos a las políticas de ocupación de Marruecos y de Israel.
[5] La Patrie News, «Visite de Pedro Sánchez: une étape importante pour les relations bilatérales», julio de 2026. El análisis aborda la visita del presidente del Gobierno español a Argelia, sus reuniones con el presidente Abdelmadjid Tebboune y la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer el diálogo político y la cooperación bilateral en los ámbitos económico, energético, empresarial, cultural, migratorio y de seguridad.
Infosurglobal
3 de agosto de 2026
