Honduras y la burda distorsión marroquí sobre las relaciones con la República Saharaui. Por: Mohamed Zrug

Honduras y la burda distorsión marroquí sobre las relaciones con la República Saharaui. Por Mohamed Zrug*

Un análisis jurídico y diplomático

La reciente reiteración por parte de Marruecos de supuestos cambios en la posición de Honduras respecto de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) no constituye un hecho aislado, sino la reedición de una práctica diplomática ya conocida: la fabricación de narrativas destinadas a sembrar confusión sobre el estatuto jurídico y político del Sáhara Occidental y sobre la personalidad internacional del Estado saharaui.

Honduras reconoció oficialmente a la República Saharaui el 8 de enero de 1989. Ese acto, conforme al derecho internacional, produjo efectos jurídicos definitivos. Conviene recordarlo con claridad: el reconocimiento de un Estado no es un gesto político precario o reversible al arbitrio de coyunturas diplomáticas, sino un acto soberano cuyos efectos se insertan en la estructura misma del orden internacional.

La Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados (1933), en su artículo 6, establece de forma inequívoca que “el reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados por el Derecho Internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable”.

A la luz de este principio, resulta jurídicamente improcedente hablar de “retiro” o “suspensión” del reconocimiento de la RASD, tal como Marruecos ha venido afirmando en distintas etapas.

Ya el 21 de enero de 2000, Rabat había anunciado que Honduras habría decidido “retirar oficialmente” su reconocimiento a la RASD “hasta la obtención de los resultados del referéndum de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental”. Aquella afirmación respondía a una lógica de instrumentalización diplomática que Marruecos ha utilizado en distintos países de América Latina.

Sin embargo, ese argumento resultaba doblemente inconsistente. En primer lugar, porque el reconocimiento, como acto jurídico internacional, no admite condicionamientos suspensivos ni revocaciones unilaterales en los términos presentados. En segundo lugar, porque fue el propio Marruecos quien, en 2004, comunicó oficialmente al entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, su desvinculación del compromiso de celebrar el referéndum de autodeterminación previsto para el pueblo saharaui, extremo recogido en los informes elevados al Consejo de Seguridad.

Es decir, el mismo argumento que Rabat utilizó para inducir a error a algunos gobiernos —como ocurrió en determinados momentos de la época con Guatemala o el Perú del período Fujimori— fue posteriormente abandonado por la propia diplomacia marroquí.

Más tarde, esa narrativa fue sustituida por otra igualmente instrumental: la supuesta espera de la “culminación del proceso de negociaciones en curso”. También ese pretexto fue desmentido por los hechos. Desde 2012, Marruecos ha mostrado reiteradamente una actitud obstructiva respecto del proceso político auspiciado por Naciones Unidas, incluyendo tensiones con la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) y con enviados personales del Secretario General.

El trasfondo es claro: Marruecos no desea ni un referéndum de autodeterminación, cuya eventualidad sabe políticamente adversa, ni unas negociaciones genuinas de buena fe con el Frente Polisario, porque ambas vías reafirman una verdad jurídica fundamental: su presencia en el Sáhara Occidental sigue siendo la de una potencia ocupante en un territorio pendiente de descolonización.

En este contexto debe leerse el nuevo anuncio difundido por Rabat el 22 de abril del presente año, según el cual se le atribuye a Honduras que habría decidido ahora “suspender su reconocimiento” de la RASD en supuesto “respeto a la integridad territorial” marroquí. Nuevamente, y como en el año 2000, no hay constancia de pronunciamiento oficial alguno por parte del gobierno de Honduras. El anuncio lo asume únicamente Rabat.

La fórmula, además de jurídicamente insostenible, persigue un objetivo político preciso: proyectar hacia terceros gobiernos latinoamericanos la falsa impresión de que Honduras habría validado la ocupación militar marroquí del Sáhara Occidental.

Pero la realidad diplomática es otra. Lo que Marruecos intenta presentar como una “suspensión del reconocimiento” no es más que una manipulación semántica orientada a encubrir un hecho mucho más simple: Honduras y la RASD no han establecido formalmente relaciones diplomáticas plenas hasta la fecha. Y ello es sustancialmente distinto.

Es decir, el reconocimiento internacional de la RASD por Honduras continúa vigente desde 1989. Otra cuestión distinta es el establecimiento de relaciones diplomáticas, que, conforme al derecho internacional y a la práctica diplomática, requiere el acuerdo expreso y recíproco de ambas partes.

Ha existido, ciertamente, una interlocución política fluida con sucesivos gobiernos hondureños de distinto signo ideológico. Entre los hitos más relevantes cabe recordar que el 5 de junio de 2013, en un acto celebrado en el Palacio Presidencial de Tegucigalpa, el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa recibió al enviado especial del Presidente saharaui, con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores en funciones, embajadora Diana Valladares. De ese encuentro emanó un comunicado conjunto en el que se manifestó “la voluntad de iniciar el proceso de establecimiento de relaciones diplomáticas”.

Huelga recordar el largo periodo de inestabilidad posterior que vivió la hermana Honduras y donde Marruecos, como en contextos similares, estuvo como siempre bien atento a pescar en aguas revueltas.

En diciembre de 2022 nuestro canciller visitó Tegucigalpa por invitación del Gobierno de Honduras, donde sostuvo intensa agenda de contactos. Posteriormente, durante la visita oficial realizada a la República Saharaui los días 11 y 12 de septiembre de 2022, el entonces viceministro Gerardo Torres Zelaya reafirmó “en nombre del gobierno de Xiomara Castro el reconocimiento de la RASD y la voluntad de profundizar los vínculos entre ambos pueblos”.

A ello se suman las reuniones mantenidas en Bogotá (marzo de 2024), Nueva York (septiembre de 2024), México (octubre de 2024) y Quito (abril de 2025), que evidencian la continuidad del diálogo político bilateral.

Lo que estamos observando, por tanto, es el mismo producto vendido dos, tres y cuatro veces: una operación de propaganda diplomática marroquí orientada no tanto a modificar realidades jurídicas, sino a influir en percepciones políticas regionales, en un contexto de agresiva guerra cognitiva.

En realidad, lo que Marruecos persigue no es otra cosa que consolidar, por la vía de los hechos consumados, la apropiación de un territorio que no le pertenece. Para ello, su estrategia se despliega en tres planos complementarios: en primer lugar, el intento reiterado —aunque infructuoso— de desmantelar la personalidad jurídica internacional de la República Saharaui; en segundo término, la construcción de una narrativa de deslegitimación del Frente Polisario, al que se pretende asociar, de forma tan infundada como interesada, con amenazas globales o escenarios de inestabilidad; y, finalmente, la voluntad de restringir, cuando no de neutralizar por completo, cualquier mecanismo de supervisión o exigencia de responsabilidad por parte de las Naciones Unidas en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Se trata, en suma, de una estrategia coherente con la línea discursiva mantenida por Rabat en los últimos años y ampliamente reflejada en distintos análisis precedentes.

Sin embargo, los hechos esenciales permanecen inalterados. La República Saharaui continúa siendo Estado miembro pleno de la Unión Africana, mantiene representación diplomática en numerosas capitales del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, y el Frente Polisario sigue siendo reconocido internacionalmente como único representante legítimo del pueblo saharaui.

Por su parte, la presencia marroquí en el Sáhara Occidental sigue careciendo de reconocimiento por parte de Naciones Unidas, que continúa considerando el territorio como un caso pendiente de descolonización.

En definitiva, frente al ruido de los comunicados y la persistencia de las ficciones diplomáticas, el derecho internacional conserva una cualidad obstinada: la de sobrevivir a la propaganda. Y es ahí, en esa persistencia silenciosa pero firme de la legalidad, donde sigue anclada la República Saharaui: no en los relatos que se repiten, sino en los derechos que no prescriben.

*Embajador saharaui, Responsable de América Latina y el Caribe. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática.
Infosurglobal
25 de abril de 2026.