El secuestro de un Jefe de Estado

Por Juan Fran Torres, periodista Chileno – Venezolano.

Santiago de Chile, 6 de enero de 2026. La rapidez con la que el Departamento de Justicia desechó la tesis del llamado “Cartel de los Soles” no deja lugar a dudas: nunca fue una acusación seria, ni jurídica, ni penal. Fue, desde su origen, una operación política y comunicacional, diseñada para criminalizar a dirigentes y líderes venezolanos y en particular, al Presidente Nicolás Maduro, por una sola razón: No someterse a los intereses de los Estados Unidos.

Durante años, esta narrativa fue repetida hasta el cansancio por voceros oficiales, grandes medios y operadores políticos, sin que jamás se presentaran pruebas reales, verificables y sostenibles ante un tribunal. No era una causa judicial, era propaganda. Y como toda propaganda, se desplomó cuando se enfrentó al derecho.

El giro del Departamento de Justicia no fue casual. Se produjo justo cuando el abogado defensor del Presidente venezolano, Barry Pollack, se preparaba para solicitar la nulidad total del proceso, exponiendo los vicios de origen, la ausencia de pruebas y la motivación abiertamente política de la acusación. Un juicio de esa naturaleza no solo era jurídicamente inviable, sino que amenazaba con convertirse en un boomerang legal y diplomático para Washington.

Sin embargo, lejos de asumir el fracaso, el Departamento de Justicia intenta ahora sostener una tesis igualmente endeble, que Nicolás Maduro no estaría amparado por la inmunidad internacional de Jefe de Estado. El problema es que esta afirmación se contradice con los propios actos del poder político estadounidense. Cuando Donald Trump anuncia públicamente su captura, lo hace reconociéndolo explícitamente como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No se persigue ni se “captura” a quien no se reconoce como autoridad estatal. Esa contradicción no es menor, es demoledora.

El derecho internacional es claro. La inmunidad de los Jefes de Estado no es una concesión graciosa, sino un pilar del orden jurídico internacional. Pretender desconocerla selectivamente, según la conveniencia política del momento, equivale a dinamitar las bases mismas del sistema internacional.

Lo ocurrido con el “Cartel de los Soles” no es un error ni un exceso aislado. Es parte de una estrategia más amplia de lawfare, donde el derecho es utilizado como arma de persecución política contra gobiernos que no se alinean con la hegemonía estadounidense. Cuando esa arma falla, se la abandona sin pudor, como hoy ha quedado en evidencia.

La caída de esta farsa judicial no limpia el daño causado, pero sí desnuda una verdad incómoda, no hubo justicia, hubo una operación política y cuando el derecho apareció en escena, la narrativa se derrumbó por completo.

Lealtad a toda prueba

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, es, sin lugar a dudas, uno de los hombres más vilipendiados, atacados y perseguidos políticamente de la historia contemporánea. Ningún otro Jefe de Estado ha sido sometido durante tanto tiempo a una ofensiva tan sistemática de deslegitimación, criminalización mediática, hostigamiento diplomático y asedio económico.

Esta persecución no es casual. Tiene una causa concreta, haber resistido durante casi trece años las amenazas, presiones y chantajes de Washington, defendiendo la soberanía de su país y promoviendo una República libre, independiente y no subordinada a los intereses del poder imperial. Esa decisión política legítima y soberana, lo convirtió en objetivo prioritario de una estrategia de castigo ejemplar.

La batalla legal será histórica

Diversos medios internacionales, entre ellos CNN, han confirmado que el propio juez de la causa se refirió explícitamente a la situación del Presidente venezolano como un secuestro. Y no se trata de una expresión retórica ni de un exceso verbal, es el reconocimiento implícito de una realidad jurídica ineludible. Ningún tribunal de los Estados Unidos tiene la potestad de enjuiciar a un Presidente de otro país y mucho menos aún a un Jefe de Estado en ejercicio.

El juez que lleva la causa, Alvin Hellerstein, de 92 años y con vasta experiencia en derecho público e internacional, conoce perfectamente los límites de su jurisdicción. Sabe que lo que está ocurriendo no es un proceso judicial ordinario, sino un acto que, en términos del derecho internacional, configura el secuestro de un Presidente en funciones.

Hellerstein también sabe que la única instancia con facultades para conocer eventuales responsabilidades de un Jefe de Estado es el Tribunal Internacional con sede en La Haya, bajo el marco del sistema de Naciones Unidas. A ese tribunal no le interesa si un gobernante es reconocido o no por el gobierno de turno en Estados Unidos, lo que resulta jurídicamente relevante es que sea reconocido conforme a las leyes de su propio país y que cuente con reconocimiento internacional, como ocurre en el caso del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El Presidente, Nicolás Maduro es reconocido como Jefe de Estado por la legislación venezolana y mantiene representación oficial ante las Naciones Unidas. Ese solo hecho invalida cualquier pretensión de jurisdicción nacional extranjera. No es un criterio político, es un principio básico del derecho internacional.

Cabe recordar, además, que el intento de llevar una causa contra el Presidente venezolano ante el tribunal de La Haya fue desestimado en su totalidad, precisamente por la inexistencia de pruebas contundentes. Ese mismo tribunal, al cerrar el caso, reafirmó su condición de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, desmontando cualquier narrativa criminal construida desde el exterior.

Hasta el día de hoy, ni el Presidente Nicolás Maduro ni su defensa legal han tenido acceso a las supuestas pruebas que justificarían los cargos que se le imputan. Esa ausencia no es menor, sin pruebas no hay causa y sin causa, cualquier privación de libertad se convierte en una detención arbitraria o secuestro. Por ello, tras la presentación de la causa contra el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, el juez sostuvo una reunión con los fiscales del caso, con el objetivo evidente de exigir que las pruebas sean finalmente presentadas al mandatario venezolano y a su defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack.

En estos momentos, la credibilidad y la base jurídica del sistema judicial estadounidense están en juego. Persistir en una causa sin pruebas, sin jurisdicción y contra un Jefe de Estado en ejercicio, supone un quiebre grave del orden legal internacional.

El Presidente Maduro y la diputada, Cilia Flores recibirán visita consular

En las próximas horas, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y su esposa recibirán visita consular, conforme a los tratados internacionales vigentes. Ante la ausencia de embajada y consulado venezolano en Estados Unidos, se prevé que sea el propio Canciller de Venezuela, Yvan Gil o el Embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, quienes concurran a verlo.

A través de ellos, se espera que el mandatario venezolano, desde su condición de Presidente secuestrado, comience a girar instrucciones al país y a revelar detalles clave de lo ocurrido el pasado 3 de enero, un hecho que ya marca un antes y un después en la historia del derecho internacional contemporáneo.