Panamá: El duro conflicto entre Washington y Pekín

Por Juan Fran Torres.

Santiago de Chile, 7 de febrero de 2026. La reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá, que deja sin efecto licitaciones ganadas por empresas chinas en puertos estratégicos vinculados al Canal de Panamá, no puede analizarse en el vacío ni como un simple acto jurídico aislado. Se trata, más bien, de un episodio que revela con crudeza hasta qué punto la geopolítica y las presiones externas siguen condicionando la soberanía de los Estados en América Latina.

Durante meses, Estados Unidos ejerció una presión abierta y sistemática sobre Panamá, construyendo un relato que mezcla alarmismo, desinformación y viejos fantasmas ideológicos. Bajo la acusación nunca probada de una supuesta “influencia maligna” de China en el hemisferio occidental, Washington volvió a desempolvar la retórica de la Guerra Fría para justificar su injerencia en decisiones que corresponden exclusivamente a un país soberano.

Que el fallo de la Corte Suprema panameña haya sido celebrado de inmediato por Estados Unidos como una decisión “alentadora” dice más de los intereses en juego que de la supuesta defensa del Estado de derecho. Resulta, como mínimo, contradictorio que quien históricamente se ha apropiado por la fuerza del Canal de Panamá, haya intervenido militarmente en el país y haya desconocido reiteradamente el derecho internacional, hoy se presente como árbitro moral y garante de la legalidad.

La multinacional CK Hutchison, con sede en Hong Kong, opera puertos en distintas regiones del mundo a través de su división Hutchison Ports y sus filiales. Entre ellos se encuentran dos terminales estratégicos en el Canal de Panamá, una en cada extremo de la vía interoceánica, cuya concesión fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de ese país centroamericano en un fallo emitido a finales del mes pasado.

La decisión judicial generó una dura reacción por parte de China. En una respuesta oficial de cerca de 800 palabras, la oficina de Beijing encargada de los asuntos de Hong Kong calificó el fallo como “verdaderamente vergonzoso y patético”, acusando al tribunal panameño de “sucumbir a la hegemonía” y de “actuar como cómplice del mal”.

“El Gobierno chino se opone firmemente al uso

de la coerción económica y la intimidación hegemónica”,

señaló el comunicado, subrayando que este tipo de decisiones no solo afectan a empresas específicas, sino que socavan principios básicos del comercio internacional, la seguridad jurídica y la soberanía de los Estados frente a presiones externas.

China, por su parte, ha reaccionado dentro de los márgenes del derecho internacional, señalando que defenderá los derechos e intereses legítimos de sus empresas. No se trata de una postura excepcional, sino de una práctica habitual en cualquier Estado que protege a sus actores económicos frente a decisiones arbitrarias o politizadas.

El trasfondo del conflicto es claro, lo que está en disputa no es la legalidad de una licitación, sino el control de un enclave estratégico clave para el comercio mundial. Panamá, una vez más, queda atrapada en la disputa entre grandes potencias, obligada a caminar sobre una cuerda floja donde la independencia judicial y la soberanía nacional corren el riesgo de convertirse en piezas sacrificables.

Este episodio deja una lección incómoda pero necesaria, cuando Estados Unidos habla de “orden basado en reglas”, suele referirse a reglas que él mismo escribe, interpreta y aplica según su conveniencia. El Canal de Panamá no es solo una vía marítima, es también un termómetro que mide hasta dónde llega, hoy, la verdadera autonomía de América Latina frente a las presiones del poder estadounidense.

La ofensiva de Estados Unidos para frenar y revertir la presencia de China en América Latina ya no se disimula. El reciente fallo de la Corte Suprema de Panamá, que declaró inconstitucional la concesión de dos terminales estratégicas operadas por una multinacional con sede en Hong Kong, expone con nitidez un patrón, cuando la competencia económica no alcanza, entra en escena la presión política.

El Canal es hoy la última prueba, pero no será la final. La disputa real no es jurídica, es geopolítica. Y la pregunta que queda para América Latina es incómoda pero urgente: ¿seguirá aceptando que sus decisiones estratégicas se tomen bajo presión, o aprovechará la multipolaridad para ejercer, por fin, una soberanía plena?