Soberanía o recolonización:La gran batalla de los pueblos de América Latina y el Caribe. Por:Esteban Silva Cuadra
Soberanía o recolonización: La gran batalla de los pueblos de América Latina y el Caribe
Por Esteban Silva Cuadra
La pregunta decisiva para el presente y el futuro de Nuestra América es simple: ¿avanzaremos hacia una América Latina y un Caribe unidos, soberanos e integrados, o seremos arrastrados hacia una nueva etapa de recolonización y dependencia?
No estamos frente a un debate académico. Estamos frente a una disputa histórica, política, económica, geopolítica y civilizatoria.
Como en los tiempos de Bolívar, Martí, Sandino y Allende, nuestros pueblos enfrentan una nueva batalla por la independencia. Si en el siglo XIX la lucha era contra el colonialismo clásico, hoy la disputa es por conquistar una segunda independencia frente a nuevas formas de dominación económica, financiera, tecnológica, mediática y militar.
La verdadera contradicción de nuestro tiempo es entre soberanía y subordinación; entre autodeterminación y neocolonialismo; entre integración y fragmentación; entre el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino y los intentos de las grandes potencias y corporaciones transnacionales por controlar territorios, recursos naturales, mercados y bienes comunes.
Esta disputa se desarrolla en medio de una profunda transición del sistema internacional. La hegemonía unipolar construida tras el fin de la Guerra Fría muestra claros signos de agotamiento, mientras emerge un mundo multipolar en el que nuevas potencias y agrupamientos como los BRICS amplían los márgenes de autonomía para los pueblos del Sur Global.
Precisamente por ello, la crisis del imperialismo se expresa hoy mediante guerras, sanciones unilaterales, bloqueos, campañas de desinformación e intervenciones directas o indirectas en los asuntos internos de los Estados.
Las agresiones contra Irán constituyen una expresión particularmente peligrosa de esta lógica. Los ataques impulsados por Estados Unidos e Israel forman parte de una disputa geopolítica más amplia vinculada al control de regiones estratégicas para el sistema energético mundial y al intento de preservar una hegemonía global cada vez más cuestionada.
Al mismo tiempo, el genocidio contra el pueblo palestino y la devastación de Gaza, ejecutados por el gobierno sionista de extrema derecha de Benjamín Netanyahu con el respaldo político, militar, diplomático y financiero de los Estados Unidos, constituyen uno de los mayores crímenes de nuestro tiempo. La masacre sistemática de la población civil palestina, la destrucción de ciudades enteras y la negación de los derechos nacionales del pueblo palestino han puesto al descubierto la profunda crisis moral y política del orden internacional vigente.
La incapacidad de las Naciones Unidas para detener el genocidio, impedir las ocupaciones coloniales y hacer cumplir sus propias resoluciones evidencia los límites de un sistema internacional profundamente desigual y la necesidad de avanzar hacia un orden multipolar basado en la soberanía de los pueblos, el respeto irrestricto al derecho internacional y la justicia entre las naciones.
La causa palestina se ha transformado así en una prueba decisiva para la humanidad. No se trata únicamente de la defensa de un pueblo sometido a ocupación, apartheid y despojo. Está en juego la vigencia misma de los principios de autodeterminación, soberanía nacional y descolonización conquistados por los pueblos tras décadas de luchas anticoloniales.
Palestina y el Sáhara Occidental representan hoy dos de las expresiones más visibles de una misma realidad: la persistencia del colonialismo en pleno siglo XXI y la resistencia de los pueblos que se niegan a renunciar a su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia.
La figura de Donald Trump representa hoy una de las expresiones más agresivas de la ofensiva imperial contemporánea. Su administración ha profundizado las sanciones, los bloqueos, las amenazas militares, las guerras comerciales y las injerencias contra numerosos países que defienden su soberanía nacional.
La agresión permanente contra Cuba y la continuidad del bloqueo económico buscan rendir por hambre a un pueblo que ha decidido defender su independencia durante más de seis décadas.
La situación de la República Bolivariana de Venezuela constituye otro ejemplo de esta política. La Administración Trump no solo ha promovido sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano. También ha avanzado sobre sus recursos estratégicos vinculados a la riqueza energética del país, mientras mantiene intacto el régimen de sanciones económicas.
A ello se suma el secuestro del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el de Cilia Flores, hecho que constituye una agresión política de enorme gravedad contra la soberanía de un Estado latinoamericano. Cuando se vulnera la soberanía de Venezuela, se pone en cuestión la soberanía de toda América Latina y el Caribe.
Asimismo, resulta cada vez más evidente la voluntad de Washington de influir en los procesos políticos y electorales de la región mediante presiones diplomáticas, operaciones mediáticas, financiamiento político y apoyo a sectores alineados con sus intereses geopolíticos. Las experiencias recientes de abierta injerencia trumpista y las operaciones electorales de fraude en Honduras, Ecuador, Perú y Colombia han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la defensa de la soberanía democrática frente a las nuevas formas de intervención externa.
La ofensiva recolonizadora tampoco se limita a América Latina. Un ejemplo evidente es la presión ejercida por la Administración Trump sobre el Frente Polisario, la República Árabe Saharaui Democrática y sus aliados para que acepten la denominada «propuesta de autonomía» impulsada por Marruecos en el Sáhara Occidental. Detrás de esa presión se encuentra el intento de legitimar una ocupación colonial rechazada por el derecho internacional y por las resoluciones de las Naciones Unidas.
Pero esta disputa no es únicamente política o militar. Tiene un profundo contenido económico y estratégico.
América Latina y el Caribe poseen algunas de las mayores reservas mundiales de agua dulce, biodiversidad, litio, cobre, petróleo, gas, alimentos y minerales críticos indispensables para la transición energética y tecnológica global. La creciente importancia de estos recursos ha convertido nuevamente a nuestra región en un escenario central de la disputa geopolítica mundial.
La pregunta es simple: ¿quién controlará esas riquezas? ¿Las corporaciones transnacionales y los centros imperiales de poder o los pueblos y Estados soberanos de nuestra región?
Pero el debate sobre el control de los recursos estratégicos tiene una arista energética que resulta decisiva para el Sur Global. La dependencia energética no se reduce a la importación de combustibles; implica también la falta de soberanía tecnológica para procesar, refinar y distribuir la energía que nuestros propios territorios generan. Las potencias centrales imponen los precios, controlan las patentes de las tecnologías de la transición energética y condicionan el financiamiento a sus propias agendas geopolíticas, mientras disputan con renovada agresividad el control del litio, el cobre y el hidrógeno verde. De este modo, la crisis climática y la transición energética, lejos de resolverse con justicia, amenazan con convertirse en un nuevo mecanismo de recolonización si no se construyen capacidades propias, redes de integración regional y una planificación democrática que garantice el acceso soberano a la energía como un derecho de los pueblos.
Las nuevas formas de neocolonialismo ya no se expresan únicamente mediante ocupaciones militares. También operan a través de tratados comerciales asimétricos y Tratados de Inversión, endeudamiento externo, control financiero, apropiación tecnológica, privatización de bienes comunes, sanciones económicas y lawfare.
Desde la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC hemos sostenido que numerosos tratados de libre comercio y acuerdos de asociación consolidan precisamente estas relaciones de dependencia. El Acuerdo Mercosur-Unión Europea, la modernización del Acuerdo Chile-Unión Europea y otros instrumentos similares profundizan el papel de América Latina como exportadora de materias primas y recursos estratégicos mientras las economías centrales conservan el control de la tecnología, las finanzas y los procesos de industrialización.
La propia Administración Trump ha puesto al descubierto las contradicciones del llamado libre comercio. La guerra arancelaria impulsada por el gobierno de Washington demuestra que las grandes potencias utilizan el libre comercio cuando favorece sus intereses y recurren al proteccionismo, las sanciones y el chantaje económico cuando buscan preservar su posición dominante.
A estos desafíos se suma la crisis climática, una de las mayores amenazas para la humanidad. La depredación ambiental y la lógica del capitalismo salvaje y de la acumulación ilimitada han generado una crisis ecológica global cuyos efectos golpean especialmente a los pueblos del Sur.
Por ello, la integración regional debe incorporar una estrategia común de justicia ambiental, defensa de los bienes comunes, transición energética justa y protección de la biodiversidad, rechazando toda forma de colonialismo verde.
Frente a este escenario, la integración regional adquiere una importancia estratégica.
La CELAC constituye una de las mayores conquistas políticas de América Latina y el Caribe. Es el único espacio que reúne a todos los países de la región sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Representa la posibilidad de construir una voz propia en un mundo en transformación.
Sin embargo, debemos ser realistas. Hoy predominan en varios países gobiernos de derecha y extrema derecha que privilegian las relaciones bilaterales con Washington antes que los procesos de integración regional. Mientras esta correlación de fuerzas se mantenga, las posibilidades de avanzar hacia niveles superiores de integración seguirán siendo limitadas.
Pero la historia demuestra que la integración latinoamericana nunca ha dependido exclusivamente de los gobiernos. También ha sido impulsada por los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones campesinas e indígenas, las universidades, los intelectuales comprometidos y las fuerzas políticas que mantienen vigente el proyecto histórico de la Patria Grande.
Por ello, la tarea no es abandonar la CELAC, sino defenderla, resistir y prepararla para una nueva etapa de integración. En esa perspectiva, la CELAC Social tiene un papel fundamental que jugar como un espacio de articulación social y popular autónomo de los gobiernos de turno: defender la Zona de Paz, rechazar las medidas coercitivas unilaterales y promover una arquitectura regional basada en la cooperación, la justicia social, el comercio justo, la soberanía y el desarrollo compartido.
La lucha por la integración latinoamericana forma parte de una batalla más amplia de los pueblos del Sur Global contra el colonialismo, el neocolonialismo y toda forma de dominación. Por ello, la solidaridad con Palestina, con el pueblo saharaui, con Puerto Rico y con todos los pueblos que aún luchan por su autodeterminación constituye una dimensión inseparable del proyecto emancipador y democrático de Nuestra América.
Como enseñaron Salvador Allende, Fidel Castro y Hugo Chávez, la emancipación de América Latina y el Caribe está profundamente vinculada a las luchas de liberación de África, Asia y de todos los pueblos que resisten la ocupación, la dominación, la explotación y el saqueo.
La batalla de nuestro tiempo enfrenta dos proyectos históricos claramente diferenciados: de un lado, el proyecto de la soberanía, la integración regional, la multipolaridad, la justicia social y la autodeterminación de los pueblos; del otro, el proyecto imperialista de la recolonización, el saqueo de nuestros recursos estratégicos, la dependencia y la subordinación geopolítica y la concentración del poder económico global.
Frente a la recolonización, construir alternativas soberanas de industrialización, desarrollo económico, protección medioambiental, ciencia, tecnología y comercio entre nuestros pueblos.
Frente al imperialismo, resistencia, movilización popular y una gran batalla de las ideas por la soberanía, la autodeterminación y la dignidad de los pueblos.
Frente a la dependencia, más integración latinoamericana y caribeña.
Frente a la crisis climática, más cooperación, planificación democrática y popular, soberanía sobre los bienes comunes y justicia ambiental.
Frente a la guerra, más paz con justicia y respeto a la soberanía de los pueblos.
Como afirmó el Presidente mártir, Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
La Patria Grande no es una nostalgia del pasado. Es una necesidad histórica del presente y una condición indispensable para conquistar una segunda y definitiva independencia latinoamericana y caribeña.
Porque la gran disyuntiva de nuestro tiempo sigue siendo la misma: soberanía o recolonización. Y esa es, sin duda, la gran batalla de los pueblos de América Latina y el Caribe.
Infosurglobal
Julio de 2026
Por Esteban Silva Cuadra
La pregunta decisiva para el presente y el futuro de Nuestra América es simple: ¿avanzaremos hacia una América Latina y un Caribe unidos, soberanos e integrados, o seremos arrastrados hacia una nueva etapa de recolonización y dependencia?
No estamos frente a un debate académico. Estamos frente a una disputa histórica, política, económica, geopolítica y civilizatoria.
Como en los tiempos de Bolívar, Martí, Sandino y Allende, nuestros pueblos enfrentan una nueva batalla por la independencia. Si en el siglo XIX la lucha era contra el colonialismo clásico, hoy la disputa es por conquistar una segunda independencia frente a nuevas formas de dominación económica, financiera, tecnológica, mediática y militar.
La verdadera contradicción de nuestro tiempo es entre soberanía y subordinación; entre autodeterminación y neocolonialismo; entre integración y fragmentación; entre el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino y los intentos de las grandes potencias y corporaciones transnacionales por controlar territorios, recursos naturales, mercados y bienes comunes.
Esta disputa se desarrolla en medio de una profunda transición del sistema internacional. La hegemonía unipolar construida tras el fin de la Guerra Fría muestra claros signos de agotamiento, mientras emerge un mundo multipolar en el que nuevas potencias y agrupamientos como los BRICS amplían los márgenes de autonomía para los pueblos del Sur Global.
Precisamente por ello, la crisis del imperialismo se expresa hoy mediante guerras, sanciones unilaterales, bloqueos, campañas de desinformación e intervenciones directas o indirectas en los asuntos internos de los Estados.
Las agresiones contra Irán constituyen una expresión particularmente peligrosa de esta lógica. Los ataques impulsados por Estados Unidos e Israel forman parte de una disputa geopolítica más amplia vinculada al control de regiones estratégicas para el sistema energético mundial y al intento de preservar una hegemonía global cada vez más cuestionada.
Al mismo tiempo, el genocidio contra el pueblo palestino y la devastación de Gaza, ejecutados por el gobierno sionista de extrema derecha de Benjamín Netanyahu con el respaldo político, militar, diplomático y financiero de los Estados Unidos, constituyen uno de los mayores crímenes de nuestro tiempo. La masacre sistemática de la población civil palestina, la destrucción de ciudades enteras y la negación de los derechos nacionales del pueblo palestino han puesto al descubierto la profunda crisis moral y política del orden internacional vigente.
La incapacidad de las Naciones Unidas para detener el genocidio, impedir las ocupaciones coloniales y hacer cumplir sus propias resoluciones evidencia los límites de un sistema internacional profundamente desigual y la necesidad de avanzar hacia un orden multipolar basado en la soberanía de los pueblos, el respeto irrestricto al derecho internacional y la justicia entre las naciones.
La causa palestina se ha transformado así en una prueba decisiva para la humanidad. No se trata únicamente de la defensa de un pueblo sometido a ocupación, apartheid y despojo. Está en juego la vigencia misma de los principios de autodeterminación, soberanía nacional y descolonización conquistados por los pueblos tras décadas de luchas anticoloniales.
Palestina y el Sáhara Occidental representan hoy dos de las expresiones más visibles de una misma realidad: la persistencia del colonialismo en pleno siglo XXI y la resistencia de los pueblos que se niegan a renunciar a su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia.
La figura de Donald Trump representa hoy una de las expresiones más agresivas de la ofensiva imperial contemporánea. Su administración ha profundizado las sanciones, los bloqueos, las amenazas militares, las guerras comerciales y las injerencias contra numerosos países que defienden su soberanía nacional.
La agresión permanente contra Cuba y la continuidad del bloqueo económico buscan rendir por hambre a un pueblo que ha decidido defender su independencia durante más de seis décadas.
La situación de la República Bolivariana de Venezuela constituye otro ejemplo de esta política. La Administración Trump no solo ha promovido sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano. También ha avanzado sobre sus recursos estratégicos vinculados a la riqueza energética del país, mientras mantiene intacto el régimen de sanciones económicas.
A ello se suma el secuestro del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el de Cilia Flores, hecho que constituye una agresión política de enorme gravedad contra la soberanía de un Estado latinoamericano. Cuando se vulnera la soberanía de Venezuela, se pone en cuestión la soberanía de toda América Latina y el Caribe.
Asimismo, resulta cada vez más evidente la voluntad de Washington de influir en los procesos políticos y electorales de la región mediante presiones diplomáticas, operaciones mediáticas, financiamiento político y apoyo a sectores alineados con sus intereses geopolíticos. Las experiencias recientes de abierta injerencia trumpista y las operaciones electorales de fraude en Honduras, Ecuador, Perú y Colombia han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la defensa de la soberanía democrática frente a las nuevas formas de intervención externa.
La ofensiva recolonizadora tampoco se limita a América Latina. Un ejemplo evidente es la presión ejercida por la Administración Trump sobre el Frente Polisario, la República Árabe Saharaui Democrática y sus aliados para que acepten la denominada «propuesta de autonomía» impulsada por Marruecos en el Sáhara Occidental. Detrás de esa presión se encuentra el intento de legitimar una ocupación colonial rechazada por el derecho internacional y por las resoluciones de las Naciones Unidas.
Pero esta disputa no es únicamente política o militar. Tiene un profundo contenido económico y estratégico.
América Latina y el Caribe poseen algunas de las mayores reservas mundiales de agua dulce, biodiversidad, litio, cobre, petróleo, gas, alimentos y minerales críticos indispensables para la transición energética y tecnológica global. La creciente importancia de estos recursos ha convertido nuevamente a nuestra región en un escenario central de la disputa geopolítica mundial.
La pregunta es simple: ¿quién controlará esas riquezas? ¿Las corporaciones transnacionales y los centros imperiales de poder o los pueblos y Estados soberanos de nuestra región?
Pero el debate sobre el control de los recursos estratégicos tiene una arista energética que resulta decisiva para el Sur Global. La dependencia energética no se reduce a la importación de combustibles; implica también la falta de soberanía tecnológica para procesar, refinar y distribuir la energía que nuestros propios territorios generan. Las potencias centrales imponen los precios, controlan las patentes de las tecnologías de la transición energética y condicionan el financiamiento a sus propias agendas geopolíticas, mientras disputan con renovada agresividad el control del litio, el cobre y el hidrógeno verde. De este modo, la crisis climática y la transición energética, lejos de resolverse con justicia, amenazan con convertirse en un nuevo mecanismo de recolonización si no se construyen capacidades propias, redes de integración regional y una planificación democrática que garantice el acceso soberano a la energía como un derecho de los pueblos.
Las nuevas formas de neocolonialismo ya no se expresan únicamente mediante ocupaciones militares. También operan a través de tratados comerciales asimétricos y Tratados de Inversión, endeudamiento externo, control financiero, apropiación tecnológica, privatización de bienes comunes, sanciones económicas y lawfare.
Desde la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC hemos sostenido que numerosos tratados de libre comercio y acuerdos de asociación consolidan precisamente estas relaciones de dependencia. El Acuerdo Mercosur-Unión Europea, la modernización del Acuerdo Chile-Unión Europea y otros instrumentos similares profundizan el papel de América Latina como exportadora de materias primas y recursos estratégicos mientras las economías centrales conservan el control de la tecnología, las finanzas y los procesos de industrialización.
La propia Administración Trump ha puesto al descubierto las contradicciones del llamado libre comercio. La guerra arancelaria impulsada por el gobierno de Washington demuestra que las grandes potencias utilizan el libre comercio cuando favorece sus intereses y recurren al proteccionismo, las sanciones y el chantaje económico cuando buscan preservar su posición dominante.
A estos desafíos se suma la crisis climática, una de las mayores amenazas para la humanidad. La depredación ambiental y la lógica del capitalismo salvaje y de la acumulación ilimitada han generado una crisis ecológica global cuyos efectos golpean especialmente a los pueblos del Sur.
Por ello, la integración regional debe incorporar una estrategia común de justicia ambiental, defensa de los bienes comunes, transición energética justa y protección de la biodiversidad, rechazando toda forma de colonialismo verde.
Frente a este escenario, la integración regional adquiere una importancia estratégica.
La CELAC constituye una de las mayores conquistas políticas de América Latina y el Caribe. Es el único espacio que reúne a todos los países de la región sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Representa la posibilidad de construir una voz propia en un mundo en transformación.
Sin embargo, debemos ser realistas. Hoy predominan en varios países gobiernos de derecha y extrema derecha que privilegian las relaciones bilaterales con Washington antes que los procesos de integración regional. Mientras esta correlación de fuerzas se mantenga, las posibilidades de avanzar hacia niveles superiores de integración seguirán siendo limitadas.
Pero la historia demuestra que la integración latinoamericana nunca ha dependido exclusivamente de los gobiernos. También ha sido impulsada por los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones campesinas e indígenas, las universidades, los intelectuales comprometidos y las fuerzas políticas que mantienen vigente el proyecto histórico de la Patria Grande.
Por ello, la tarea no es abandonar la CELAC, sino defenderla, resistir y prepararla para una nueva etapa de integración. En esa perspectiva, la CELAC Social tiene un papel fundamental que jugar como un espacio de articulación social y popular autónomo de los gobiernos de turno: defender la Zona de Paz, rechazar las medidas coercitivas unilaterales y promover una arquitectura regional basada en la cooperación, la justicia social, el comercio justo, la soberanía y el desarrollo compartido.
La lucha por la integración latinoamericana forma parte de una batalla más amplia de los pueblos del Sur Global contra el colonialismo, el neocolonialismo y toda forma de dominación. Por ello, la solidaridad con Palestina, con el pueblo saharaui, con Puerto Rico y con todos los pueblos que aún luchan por su autodeterminación constituye una dimensión inseparable del proyecto emancipador y democrático de Nuestra América.
Como enseñaron Salvador Allende, Fidel Castro y Hugo Chávez, la emancipación de América Latina y el Caribe está profundamente vinculada a las luchas de liberación de África, Asia y de todos los pueblos que resisten la ocupación, la dominación, la explotación y el saqueo.
La batalla de nuestro tiempo enfrenta dos proyectos históricos claramente diferenciados: de un lado, el proyecto de la soberanía, la integración regional, la multipolaridad, la justicia social y la autodeterminación de los pueblos; del otro, el proyecto imperialista de la recolonización, el saqueo de nuestros recursos estratégicos, la dependencia y la subordinación geopolítica y la concentración del poder económico global.
Frente a la recolonización, construir alternativas soberanas de industrialización, desarrollo económico, protección medioambiental, ciencia, tecnología y comercio entre nuestros pueblos.
Frente al imperialismo, resistencia, movilización popular y una gran batalla de las ideas por la soberanía, la autodeterminación y la dignidad de los pueblos.
Frente a la dependencia, más integración latinoamericana y caribeña.
Frente a la crisis climática, más cooperación, planificación democrática y popular, soberanía sobre los bienes comunes y justicia ambiental.
Frente a la guerra, más paz con justicia y respeto a la soberanía de los pueblos.
Como afirmó el Presidente mártir, Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
La Patria Grande no es una nostalgia del pasado. Es una necesidad histórica del presente y una condición indispensable para conquistar una segunda y definitiva independencia latinoamericana y caribeña.
Porque la gran disyuntiva de nuestro tiempo sigue siendo la misma: soberanía o recolonización. Y esa es, sin duda, la gran batalla de los pueblos de América Latina y el Caribe.
Infosurglobal
Julio de 2026
