Chile bajo Kast: la anatomía del despojo. Por Águeda Sáez Flick
Chile bajo Kast: la anatomía del despojo. Por Águeda Sáez Flick
Chile bajo Kast: la anatomía del despojo
Detrás de la retórica del rigor fiscal opera una deliberada ofensiva de shock: privatización por asfixia, quiebra masiva de pymes y subsidio corporativo. Las claves de un ajuste diseñado para transformar la precariedad cotidiana en subordinación colectiva.
Por Águeda Sáez Fick, periodista
Detrás de cada invocación a la «responsabilidad fiscal» y al «saneamiento macroeconómico», el lenguaje adusto de la tecnocracia encubre una deliberada operación distributiva de clase. En el Chile administrado por el gobierno de José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Bernardo Quiroz, la doctrina del ajuste no constituye una respuesta fatal a los vientos contrarios de la economía internacional. Opera como una reingeniería ultraneoliberal metódica, orientada a forzar una drástica transferencia de excedentes desde el trabajo asalariado y los sectores medios hacia la cúspide de los grandes grupos económicos.
La coartada fiscal y la privatización por asfixia
El parapeto retórico de esta ofensiva es la prédica de los «recortes necesarios». Sin embargo, la ablación presupuestaria exhibe una selectividad milimétrica. Como advirtió Naomi Klein al diseccionar la mecánica de la privatización sistemática, el desmantelamiento de lo público responde al guion clásico de inducir el deterioro de las instituciones comunes para justificar la irrupción del lucro corporativo. Lejos de reducir el gasto global, la poda sobre los servicios públicos funciona como un canal de irrigación hacia nichos de rentabilidad privada. En salud, el congelamiento de la inversión hospitalaria y el desabastecimiento de insumos en la atención primaria cronifican las listas de espera —que superan las dos millones de intervenciones—, forzando a los usuarios al endeudamiento y derivando miles de millones de pesos públicos hacia la compra de camas y exámenes en el circuito de clínicas privadas.
En educación, el ahogo presupuestario a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) reanima el drenaje de recursos fiscales hacia la educación subvencionada mediante el mecanismo del voucher por asistencia. En el transporte y las comunicaciones, el Estado garantiza por contrato los ingresos mínimos y la rentabilidad de las concesionarias de autopistas, mientras los usuarios y pequeños transportistas quedan atrapados en la usura de los pórticos del TAG. La doctrina no reduce el Estado: lo redefine como un gestor financiero que socializa las pérdidas y garantiza la tasa de ganancia del gran capital.
El shock recesivo como disciplina laboral
Los indicadores macroeconómicos desmienten de plano la fábula del shock reactivador. El país transita una recesión regresiva donde la desocupación nacional ha roto la barrera del 9,2%, escalando a dígitos dobles en los cordones industriales y entre la juventud trabajadora. La tasa de informalidad laboral, estancada cerca del 28%, opera como un persistente ejército de reserva que contiene cualquier recomposición del salario real. La amenaza abierta del desempleo disciplinariza la fuerza de trabajo, doblegando la capacidad de negociación colectiva ante el temor inmediato a la exclusión.
A ello se suma la parálisis inducida de la obra pública y el encarecimiento deliberado del crédito, factores que —según acreditan los registros de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir)— han desatado una ola récord de quiebras en el tejido de pequeñas y medianas empresas, responsables de más del 50% del empleo formal. Lejos de ser un daño colateral lamentado por el gabinete económico, este proceso actúa como un saneamiento darwinista que destruye competidores locales y allana el terreno para la absorción monopólica de sus cuotas de mercado por parte de los grandes conglomerados.
La fractura del diésel y el privilegio corporativo
En este paisaje de asfixia planificada, el decreto que convalida el encarecimiento vertical del diésel adquiere el rango de una provocación material. En una geografía donde el 95% del tonelaje de carga terrestre rueda sobre asfalto, el combustible no es una abstracción contable: rige el costo directo de la subsistencia. Cuando el flete se dispara, la canasta básica de alimentos —con alzas interanuales que superan el 12% en bienes esenciales como el pan, las legumbres y el aceite— actúa como el más violento de los impuestos indirectos. El sobrecosto de esta asfixia logística no lo absorben los balances de los hipermercados ni las utilidades de las importadoras de energía; se descarga íntegro sobre el poder de compra de las familias en el mostrador del almacén de barrio.
Es precisamente en la matriz tributaria del combustible donde el modelo desnuda su carácter oligárquico. Mientras el pequeño transportista y el ciudadano común tributan el Impuesto Específico a los Combustibles (IEC) en cada litro de diésel, las grandes corporaciones de la minería privada, las aerolíneas y las generadoras termoeléctricas gozan de exenciones y devoluciones que alcanzan el 100% del gravamen bajo el resquicio de no circular por vías públicas. Para el camión que transporta papas o harina, el combustible representa más del 45% del costo operativo diario; para la transnacional cupriera, el petroleo es un insumo subsidiado por la propia estructura impositiva del Estado chileno.
De la sumisión gremial a la revuelta de la carretera
Esta flagrante asimetría ha terminado por fracturar la histórica cohesión corporativa del transporte de carga. Las cúpulas patronales —como la CNTC y ChileTransporte— cuentan con un nutrido prontuario operando como brazo de choque de la derecha económica: desde el hito fundacional del paro patronal de octubre de 1972 contra el gobierno de Salvador Allende —diseñado deliberadamente para desabastecer al país y desestabilizar a la Unidad Popular— hasta los bloqueos de rutas que en 2022 buscaron acorralar y condicionar los primeros meses de la administración de Gabriel Boric. Sin embargo, frente a un gobierno de su propio signo doctrinario, esas mismas dirigencias abandonan la beligerancia y cierran filas con el oficialismo. Blindadas por contratos indexados con las grandes faenas mineras y forestales, y beneficiadas por mesas de diálogo exclusivas con La Moneda, las cúpulas tradicionales han optado por desmarcarse de cualquier movilización y administrar el orden imperante.
La huelga convocada por las confederaciones de transportistas independientes del norte y centro-sur evidencia una ruptura de esa alianza histórica. Es la rebelión de las bases operativas, de los dueños de uno o dos camiones endeudados con el sistema financiero y precarizados por el modelo que sus antiguos dirigentes ayudaron a cimentar. Abandonados por el mismo bloque ideológico al que sirvieron de base electoral y fuerza de choque callejera, estos sectores descubren que la lealtad patronal termina en la puerta de entrada de los balances corporativos.
Desde los accesos a los terminales portuarios hasta los nudos estratégicos de la Ruta 5, la protesta que amenaza con paralizar los corredores de carga no puede leerse como un mero conflicto corporativo ni como una maniobra sediciosa. Es la convergencia embrionaria entre la asfixia cotidiana en la carretera y la fatiga acumulada de las mayorías. Cuando el gobierno de Kast recurre al dogma fiscal, no persigue sanear cuentas públicas: aplica con rigor la doctrina del shock advertida por Naomi Klein, transformando la crisis en una palanca deliberada para doblegar la resistencia social.
En este esquema, la austeridad actúa como una tecnología de subordinación colectiva. La carestía calculada de los bienes básicos, el desempleo inducido y el desmantelamiento de los servicios públicos operan de consumo para quebrar cualquier horizonte de bienestar, sofocar la capacidad de negociación e imponer la resignación ante la precariedad cotidiana. En ese punto, la economía abandona su fachada técnica y revela su condición originaria: un terreno de confrontación donde el orden imperante produce coerción y obediencia, y donde el límite a ese dispositivo de control solo podrá fijarlo la articulación de las mayorías ciudadanas insumisas, organizadas y movilizadas.
Infosurglobal
Noviembre 2026.
Detrás de la retórica del rigor fiscal opera una deliberada ofensiva de shock: privatización por asfixia, quiebra masiva de pymes y subsidio corporativo. Las claves de un ajuste diseñado para transformar la precariedad cotidiana en subordinación colectiva.
Por Águeda Sáez Fick, periodista
Detrás de cada invocación a la «responsabilidad fiscal» y al «saneamiento macroeconómico», el lenguaje adusto de la tecnocracia encubre una deliberada operación distributiva de clase. En el Chile administrado por el gobierno de José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Bernardo Quiroz, la doctrina del ajuste no constituye una respuesta fatal a los vientos contrarios de la economía internacional. Opera como una reingeniería ultraneoliberal metódica, orientada a forzar una drástica transferencia de excedentes desde el trabajo asalariado y los sectores medios hacia la cúspide de los grandes grupos económicos.
La coartada fiscal y la privatización por asfixia
El parapeto retórico de esta ofensiva es la prédica de los «recortes necesarios». Sin embargo, la ablación presupuestaria exhibe una selectividad milimétrica. Como advirtió Naomi Klein al diseccionar la mecánica de la privatización sistemática, el desmantelamiento de lo público responde al guion clásico de inducir el deterioro de las instituciones comunes para justificar la irrupción del lucro corporativo. Lejos de reducir el gasto global, la poda sobre los servicios públicos funciona como un canal de irrigación hacia nichos de rentabilidad privada. En salud, el congelamiento de la inversión hospitalaria y el desabastecimiento de insumos en la atención primaria cronifican las listas de espera —que superan las dos millones de intervenciones—, forzando a los usuarios al endeudamiento y derivando miles de millones de pesos públicos hacia la compra de camas y exámenes en el circuito de clínicas privadas.
En educación, el ahogo presupuestario a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) reanima el drenaje de recursos fiscales hacia la educación subvencionada mediante el mecanismo del voucher por asistencia. En el transporte y las comunicaciones, el Estado garantiza por contrato los ingresos mínimos y la rentabilidad de las concesionarias de autopistas, mientras los usuarios y pequeños transportistas quedan atrapados en la usura de los pórticos del TAG. La doctrina no reduce el Estado: lo redefine como un gestor financiero que socializa las pérdidas y garantiza la tasa de ganancia del gran capital.
El shock recesivo como disciplina laboral
Los indicadores macroeconómicos desmienten de plano la fábula del shock reactivador. El país transita una recesión regresiva donde la desocupación nacional ha roto la barrera del 9,2%, escalando a dígitos dobles en los cordones industriales y entre la juventud trabajadora. La tasa de informalidad laboral, estancada cerca del 28%, opera como un persistente ejército de reserva que contiene cualquier recomposición del salario real. La amenaza abierta del desempleo disciplinariza la fuerza de trabajo, doblegando la capacidad de negociación colectiva ante el temor inmediato a la exclusión.
A ello se suma la parálisis inducida de la obra pública y el encarecimiento deliberado del crédito, factores que —según acreditan los registros de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir)— han desatado una ola récord de quiebras en el tejido de pequeñas y medianas empresas, responsables de más del 50% del empleo formal. Lejos de ser un daño colateral lamentado por el gabinete económico, este proceso actúa como un saneamiento darwinista que destruye competidores locales y allana el terreno para la absorción monopólica de sus cuotas de mercado por parte de los grandes conglomerados.
La fractura del diésel y el privilegio corporativo
En este paisaje de asfixia planificada, el decreto que convalida el encarecimiento vertical del diésel adquiere el rango de una provocación material. En una geografía donde el 95% del tonelaje de carga terrestre rueda sobre asfalto, el combustible no es una abstracción contable: rige el costo directo de la subsistencia. Cuando el flete se dispara, la canasta básica de alimentos —con alzas interanuales que superan el 12% en bienes esenciales como el pan, las legumbres y el aceite— actúa como el más violento de los impuestos indirectos. El sobrecosto de esta asfixia logística no lo absorben los balances de los hipermercados ni las utilidades de las importadoras de energía; se descarga íntegro sobre el poder de compra de las familias en el mostrador del almacén de barrio.
Es precisamente en la matriz tributaria del combustible donde el modelo desnuda su carácter oligárquico. Mientras el pequeño transportista y el ciudadano común tributan el Impuesto Específico a los Combustibles (IEC) en cada litro de diésel, las grandes corporaciones de la minería privada, las aerolíneas y las generadoras termoeléctricas gozan de exenciones y devoluciones que alcanzan el 100% del gravamen bajo el resquicio de no circular por vías públicas. Para el camión que transporta papas o harina, el combustible representa más del 45% del costo operativo diario; para la transnacional cupriera, el petroleo es un insumo subsidiado por la propia estructura impositiva del Estado chileno.
De la sumisión gremial a la revuelta de la carretera
Esta flagrante asimetría ha terminado por fracturar la histórica cohesión corporativa del transporte de carga. Las cúpulas patronales —como la CNTC y ChileTransporte— cuentan con un nutrido prontuario operando como brazo de choque de la derecha económica: desde el hito fundacional del paro patronal de octubre de 1972 contra el gobierno de Salvador Allende —diseñado deliberadamente para desabastecer al país y desestabilizar a la Unidad Popular— hasta los bloqueos de rutas que en 2022 buscaron acorralar y condicionar los primeros meses de la administración de Gabriel Boric. Sin embargo, frente a un gobierno de su propio signo doctrinario, esas mismas dirigencias abandonan la beligerancia y cierran filas con el oficialismo. Blindadas por contratos indexados con las grandes faenas mineras y forestales, y beneficiadas por mesas de diálogo exclusivas con La Moneda, las cúpulas tradicionales han optado por desmarcarse de cualquier movilización y administrar el orden imperante.
La huelga convocada por las confederaciones de transportistas independientes del norte y centro-sur evidencia una ruptura de esa alianza histórica. Es la rebelión de las bases operativas, de los dueños de uno o dos camiones endeudados con el sistema financiero y precarizados por el modelo que sus antiguos dirigentes ayudaron a cimentar. Abandonados por el mismo bloque ideológico al que sirvieron de base electoral y fuerza de choque callejera, estos sectores descubren que la lealtad patronal termina en la puerta de entrada de los balances corporativos.
Desde los accesos a los terminales portuarios hasta los nudos estratégicos de la Ruta 5, la protesta que amenaza con paralizar los corredores de carga no puede leerse como un mero conflicto corporativo ni como una maniobra sediciosa. Es la convergencia embrionaria entre la asfixia cotidiana en la carretera y la fatiga acumulada de las mayorías. Cuando el gobierno de Kast recurre al dogma fiscal, no persigue sanear cuentas públicas: aplica con rigor la doctrina del shock advertida por Naomi Klein, transformando la crisis en una palanca deliberada para doblegar la resistencia social.
En este esquema, la austeridad actúa como una tecnología de subordinación colectiva. La carestía calculada de los bienes básicos, el desempleo inducido y el desmantelamiento de los servicios públicos operan de consumo para quebrar cualquier horizonte de bienestar, sofocar la capacidad de negociación e imponer la resignación ante la precariedad cotidiana. En ese punto, la economía abandona su fachada técnica y revela su condición originaria: un terreno de confrontación donde el orden imperante produce coerción y obediencia, y donde el límite a ese dispositivo de control solo podrá fijarlo la articulación de las mayorías ciudadanas insumisas, organizadas y movilizadas.
Infosurglobal
Noviembre 2026.
