Chile: Del Estallido a la persecución de líderes sociales

Leyes represivas, lawfare y desapariciones: señales de un retroceso democrático.

Por Juan Fran Torres Cabrera, periodista especializado en DDHH y Estudios Internacionales.

Santiago de Chile, 26 de junio de 2025. A finales del 2019, Chile parecía cambiar. Con millones de personas en las calles manifestándose en contra del sistema neoliberal, criminal y depredador que ha predominado en el país. Por primera vez, los grandes grupos económicos y políticos, quienes controlan las instituciones del Estado, se sintieron amenazados por el pueblo de Chile, que solo exigía justicia y dignidad. Esas instituciones que siguen sin cumplir con la premisa de estar al servicio del pueblo, sino que por el contrario, siempre han estado controladas por los grandes poderes económicos y fácticos del país, fieles al guión impuesto por la dictadura.

Después de la presión popular, el pueblo logró que se convocara a un plebiscito nacional en 2022 para aprobar una nueva constitución, que, después de una millonaria campaña de los grandes medios, fue rechazada. Seguidamente, la derecha y los grandes grupos económicos que han imperado en el país impulsaron en 2023 otro plebiscito nacional, esta vez a la medida de ellos, es decir, una propuesta de constitución más extremista que la actual de la dictadura. Afortunadamente, y por el bien del pueblo de Chile, fue rechazada.

Sin embargo, después de este último proceso, el poder económico y judicial arreció con las persecuciones contra los liderazgos influyentes y más populares en el país. Comenzaron esta operación con la detención de los jóvenes que participaron en la revuelta social, seguidamente fueron contra Héctor Llaitul de la CAM y después contra Daniel Jadue, reconocido exalcalde de Recoleta y líder nacional. En el caso del dirigente comunista, diversas organizaciones de derechos humanos y juristas internacionales han considerado este hecho como otro caso de lawfare en América Latina.

Cabe destacar que, anteriormente, el sistema judicial y corrupto estuvo también detrás de la persecución política de otros liderazgos importantes en el país, como es el caso de Marco Enríquez-Ominami, quién perseguido por fiscales y jueces corruptos al servicio del poder económico. En el caso de Enríquez-Ominami, sufrió por siete años la persecución judicial, siendo completamente absuelto y constituyéndose, junto con el caso de Daniel Jadue, como los primeros casos de lawfare en nuestro país.

La ofensiva del sistema político y judicial se vino con todo: aprobaron leyes criminales y liberticidas como la Ley Nain-Retamal, mejor conocida como la «Ley de Gatillo Fácil», que le otorga a Carabineros de Chile licencia libre para matar a nuestra juventud. Las primeras víctimas de esta ley maldita y criminal fueron nuestros jóvenes Maximiliano y Tomás, de la población Juan Antonio Ríos (La Río), asesinados a sangre fría y por la espalda por un carabinero de civil. La Fiscalía decidió cerrar este caso, a pesar de que existen pruebas contundentes de que nunca hubo la legítima defensa por parte del funcionario policial, ya que la autopsia arrojó que no fueron disparos defensivos, sino que el ingreso de las balas fueron por la espalda o «a traición». Así como este caso, hay muchos más desde que entró en vigencia esta Ley de Gatillo Fácil, aprobada por este Gobierno de Gabriel Boric y de su exministra del Interior, Carolina Tohá.

En el último tiempo, también hemos sido testigos de la persecución feroz contra líderes sociales que vienen luchando por el derecho a la ciudad y a la vivienda digna. Uno de ellos es José «Guayacán» Hidalgo, reconocido líder del movimiento de pobladores. Hidalgo ha sido otra víctima más del sistema político y judicial. Este reconocido dirigente ha organizado importantes movilizaciones hacia La Moneda, donde han obligado al mandatario, Gabriel Boric, a salir a recibirlos y, a su vez, le han instado a que cumpla con los acuerdos que él mismo firmó y que, hasta la fecha, no ha cumplido. Esas movilizaciones han generado una feroz arremetida política y judicial en contra de «Guayacán», que, en el último tiempo, lo ha mantenido con proscripción política. Este ha sido otro caso que ha llegado a las diferentes instancias internacionales de derechos humanos.

Otro de los casos más alarmantes y que han conmocionado al país ha sido la desaparición forzada, el pasado 8 de noviembre de 2024, de la defensora ambiental y líder mapuche Julia Chuñil Catricura, quien lideraba la recuperación y protección de 900 hectáreas de bosque nativo, lo que generó un conflicto con un empresario forestal que presionaba para la tala de árboles nativos y la venta de tierras en la zona. Hasta la fecha, casi 8 meses después, la justicia brilla por su ausencia. La investigación se ha entorpecido, la Fiscalía ha rotado a los fiscales y no se han resguardado las evidencias del caso. El fiscal del caso ha mentido en reiteradas oportunidades, a tal punto que afirmó en la audiencia que habían conseguido en casa de la defensora ambiental una prenda con sangre y con su ADN, siendo esto totalmente falso y descartado por los distintos informes periciales realizados. Además, la Fiscalía ha amedrentado a los familiares, especialmente a su hija, a quien han presionado para que confiese un crimen que no cometió. Las empresas forestales gozan de total impunidad en el país, incluso hasta el punto de seguir amenazando a los familiares de Julia Chuñil Catricura. El Estado de Chile no ha cumplido con el Acuerdo de Escazú, del cual es miembro y que le obliga a garantizar una protección específica para líderes y defensores ambientales.

Con la nueva «Ley Antiterrorista», se restringen las libertades y se transgrede de manera flagrante los derechos humanos en el país. Esta ley criminaliza el derecho a la protesta pacífica, justifica el uso desproporcionado de la fuerza y no respeta la presunción de inocencia ni el derecho a la defensa. Es decir, el mismo Estado de Chile promueve sistemáticamente la vulneración de los derechos humanos, con la promoción de testigos secretos y sin rostro, prolongando juicios según su conveniencia y, además, con la entrada en escena del sistema de espionaje IMSI-catchers, contraviniendo un derecho fundamental como lo es el derecho a la privacidad, establecido en el artículo 12 de la Carta de las Naciones Unidas.

Los hechos descritos evidencian un preocupante retroceso democrático en Chile, donde el aparato judicial, político y mediático actúa como brazo represivo de los intereses económicos dominantes. La criminalización de la protesta social, el uso del lawfare contra dirigentes populares, la aplicación de leyes represivas como la Ley Anti-Terrorista y Nain-Retamal, y la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas y asesinatos policiales, configuran un escenario de persecución sistemática contra quienes desafían el modelo neoliberal vigente. En lugar de responder con justicia y diálogo a las demandas sociales, el Estado ha optado por la represión, el silencio y el control. En este contexto, la lucha por la democracia real, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos continúa siendo una tarea urgente e ineludible en Chile.