Sáhara Occidental:Estados Unidos presiona por negociaciones,pero el Frente Polisario mantiene la defensa del derecho a la autodeterminación.Por:Esteban Silva Cuadra
Sáhara Occidental:Estados Unidos presiona por negociaciones,pero el Frente Polisario mantiene la defensa del derecho a la autodeterminación.Por: Esteban Silva Cuadra
Las recientes declaraciones de Massad Boulos, asesor especial del presidente Donald Trump para asuntos africanos y árabes, llamando a reanudar de inmediato las negociaciones sobre el Sáhara Occidental, confirman que este conflicto de descolonización vuelve a ocupar un lugar relevante en la agenda internacional.
La visita del enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura, a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf y sus reuniones con la dirección del Frente Polisario refuerzan esa tendencia. Sin embargo, más allá de las iniciativas diplomáticas, existe una realidad que ningún actor internacional puede ignorar: el Frente Polisario continúa defendiendo una posición plenamente coherente con el derecho internacional y con el principio de autodeterminación de los pueblos.
El pueblo saharaui no exige privilegios ni excepciones. Exige la aplicación de la legalidad internacional y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen su derecho inalienable a decidir libremente su futuro político.
La cuestión de fondo trasciende al propio conflicto. Lo que está en juego es la vigencia de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1960, la histórica Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, que sirvió de fundamento jurídico y político a los procesos de descolonización que transformaron el mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Gracias a ella, decenas de pueblos de África, Asia, América Latina y el Caribe pudieron ejercer su derecho a la independencia y la soberanía.
Por ello, la batalla en torno al Sáhara Occidental tiene una dimensión estratégica global. Estados Unidos, Francia, España y otros aliados occidentales de Marruecos intentan desplazar el eje de la solución desde la autodeterminación hacia una supuesta fórmula de autonomía bajo soberanía marroquí. Esa orientación busca apoyarse en una interpretación interesada de la Resolución 2756 (2024) del Consejo de Seguridad.
Sin embargo, dicha resolución no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental ni modifica el estatuto jurídico internacional del territorio, que continúa siendo considerado por las Naciones Unidas como un territorio pendiente de descolonización.
La disputa política de fondo consiste precisamente en determinar si las referencias al «realismo», al «pragmatismo» y al «compromiso» pueden utilizarse para vaciar de contenido el derecho de autodeterminación consagrado por la Resolución 1514. Marruecos y sus aliados pretenden interpretar esas expresiones como una aceptación internacional de la anexión del territorio saharaui bajo una fórmula de autonomía limitada. El Frente Polisario, por el contrario, sostiene que cualquier solución política, incluida una eventual propuesta de autonomía, sólo puede ser legítima si es sometida a la decisión soberana del pueblo saharaui mediante un referéndum libre y democrático que contemple todas las opciones, incluida la independencia.
La disputa actual enfrenta dos concepciones del orden internacional. Por una parte, aquella basada en la legalidad internacional, la descolonización y el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino. Por otra, una lógica fundada en la correlación de fuerzas, en los intereses geopolíticos de las grandes potencias y en la pretensión de convertir una ocupación colonial en un hecho consumado.
Lo que está en juego en el Sáhara Occidental y en la actual crisis profunda del sistema internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial es también la vigencia universal de la Resolución 1514 y de todo el proceso histórico de descolonización impulsado por los pueblos de África, Asia, América Latina y el Caribe. Si se acepta que una potencia ocupante puede sustituir el derecho de autodeterminación por una autonomía impuesta, se estaría debilitando uno de los principios fundacionales del derecho internacional contemporáneo.
Esta crisis se ha visto agravada por la incapacidad de las Naciones Unidas para impedir el genocidio que Israel continúa perpetrando contra el pueblo palestino en Gaza con el apoyo político, diplomático y militar de Estados Unidos. La impunidad de Israel y la parálisis de los principales organismos internacionales han profundizado el cuestionamiento al sistema multilateral surgido después de 1945. A ello se suman las crecientes tensiones y agresiones militares impulsadas por Estados Unidos y su aliado israelí contra Irán, configurando un escenario internacional cada vez más marcado por la lógica de la fuerza y el debilitamiento del derecho internacional.
En este contexto, resulta fundamental contrastar la Resolución 1514, base jurídica y política de la descolonización, con la interpretación que Marruecos y los gobiernos de Estados Unidos, Francia y España intentan hacer de la Resolución 2756 (2024) para desplazar el eje de la solución desde la autodeterminación hacia una supuesta autonomía bajo soberanía marroquí. En los hechos, se trata de legitimar e imponer la anexión colonial del territorio saharaui bajo el ropaje de una falsa autonomía, negando al pueblo saharaui el ejercicio efectivo de su derecho a decidir libremente su futuro.
Aceptar que una potencia ocupante pueda sustituir el derecho de autodeterminación por una autonomía impuesta equivaldría a debilitar uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo. En el caso del Sáhara Occidental, ello significaría validar la anexión colonial del territorio saharaui bajo una fórmula destinada a impedir que el pueblo saharaui ejerza libremente su voluntad.
Lo que está en juego no es solamente el futuro del Sáhara Occidental. Está en juego la credibilidad del derecho internacional, la vigencia de la Resolución 1514, el legado histórico de las luchas de liberación nacional y la continuidad del proceso de descolonización que permitió a los pueblos del Sur convertirse en sujetos soberanos de la comunidad internacional.
Por ello, ninguna solución será justa, duradera y legítima si excluye el principio fundamental reconocido por las Naciones Unidas desde hace más de seis décadas: el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia.
Infosurglobal
Junio de 2026
Las recientes declaraciones de Massad Boulos, asesor especial del presidente Donald Trump para asuntos africanos y árabes, llamando a reanudar de inmediato las negociaciones sobre el Sáhara Occidental, confirman que este conflicto de descolonización vuelve a ocupar un lugar relevante en la agenda internacional.
La visita del enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura, a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf y sus reuniones con la dirección del Frente Polisario refuerzan esa tendencia. Sin embargo, más allá de las iniciativas diplomáticas, existe una realidad que ningún actor internacional puede ignorar: el Frente Polisario continúa defendiendo una posición plenamente coherente con el derecho internacional y con el principio de autodeterminación de los pueblos.
El pueblo saharaui no exige privilegios ni excepciones. Exige la aplicación de la legalidad internacional y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen su derecho inalienable a decidir libremente su futuro político.
La cuestión de fondo trasciende al propio conflicto. Lo que está en juego es la vigencia de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1960, la histórica Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, que sirvió de fundamento jurídico y político a los procesos de descolonización que transformaron el mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Gracias a ella, decenas de pueblos de África, Asia, América Latina y el Caribe pudieron ejercer su derecho a la independencia y la soberanía.
Por ello, la batalla en torno al Sáhara Occidental tiene una dimensión estratégica global. Estados Unidos, Francia, España y otros aliados occidentales de Marruecos intentan desplazar el eje de la solución desde la autodeterminación hacia una supuesta fórmula de autonomía bajo soberanía marroquí. Esa orientación busca apoyarse en una interpretación interesada de la Resolución 2756 (2024) del Consejo de Seguridad.
Sin embargo, dicha resolución no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental ni modifica el estatuto jurídico internacional del territorio, que continúa siendo considerado por las Naciones Unidas como un territorio pendiente de descolonización.
La disputa política de fondo consiste precisamente en determinar si las referencias al «realismo», al «pragmatismo» y al «compromiso» pueden utilizarse para vaciar de contenido el derecho de autodeterminación consagrado por la Resolución 1514. Marruecos y sus aliados pretenden interpretar esas expresiones como una aceptación internacional de la anexión del territorio saharaui bajo una fórmula de autonomía limitada. El Frente Polisario, por el contrario, sostiene que cualquier solución política, incluida una eventual propuesta de autonomía, sólo puede ser legítima si es sometida a la decisión soberana del pueblo saharaui mediante un referéndum libre y democrático que contemple todas las opciones, incluida la independencia.
La disputa actual enfrenta dos concepciones del orden internacional. Por una parte, aquella basada en la legalidad internacional, la descolonización y el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino. Por otra, una lógica fundada en la correlación de fuerzas, en los intereses geopolíticos de las grandes potencias y en la pretensión de convertir una ocupación colonial en un hecho consumado.
Lo que está en juego en el Sáhara Occidental y en la actual crisis profunda del sistema internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial es también la vigencia universal de la Resolución 1514 y de todo el proceso histórico de descolonización impulsado por los pueblos de África, Asia, América Latina y el Caribe. Si se acepta que una potencia ocupante puede sustituir el derecho de autodeterminación por una autonomía impuesta, se estaría debilitando uno de los principios fundacionales del derecho internacional contemporáneo.
Esta crisis se ha visto agravada por la incapacidad de las Naciones Unidas para impedir el genocidio que Israel continúa perpetrando contra el pueblo palestino en Gaza con el apoyo político, diplomático y militar de Estados Unidos. La impunidad de Israel y la parálisis de los principales organismos internacionales han profundizado el cuestionamiento al sistema multilateral surgido después de 1945. A ello se suman las crecientes tensiones y agresiones militares impulsadas por Estados Unidos y su aliado israelí contra Irán, configurando un escenario internacional cada vez más marcado por la lógica de la fuerza y el debilitamiento del derecho internacional.
En este contexto, resulta fundamental contrastar la Resolución 1514, base jurídica y política de la descolonización, con la interpretación que Marruecos y los gobiernos de Estados Unidos, Francia y España intentan hacer de la Resolución 2756 (2024) para desplazar el eje de la solución desde la autodeterminación hacia una supuesta autonomía bajo soberanía marroquí. En los hechos, se trata de legitimar e imponer la anexión colonial del territorio saharaui bajo el ropaje de una falsa autonomía, negando al pueblo saharaui el ejercicio efectivo de su derecho a decidir libremente su futuro.
Aceptar que una potencia ocupante pueda sustituir el derecho de autodeterminación por una autonomía impuesta equivaldría a debilitar uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo. En el caso del Sáhara Occidental, ello significaría validar la anexión colonial del territorio saharaui bajo una fórmula destinada a impedir que el pueblo saharaui ejerza libremente su voluntad.
Lo que está en juego no es solamente el futuro del Sáhara Occidental. Está en juego la credibilidad del derecho internacional, la vigencia de la Resolución 1514, el legado histórico de las luchas de liberación nacional y la continuidad del proceso de descolonización que permitió a los pueblos del Sur convertirse en sujetos soberanos de la comunidad internacional.
Por ello, ninguna solución será justa, duradera y legítima si excluye el principio fundamental reconocido por las Naciones Unidas desde hace más de seis décadas: el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia.
Infosurglobal
Junio de 2026
