De aquellos polvos, estos lodos El precio de renunciar a la brújula del derecho internacional. Por Mohamed Zrug
De aquellos polvos, estos lodos
El precio de renunciar a la brújula del derecho internacional.
Por Mohamed Zrug*
En una reflexión anterior sostuve que el derecho internacional no permite denunciar una violación de la integridad territorial de un Estado sin identificar al sujeto internacionalmente responsable de esa conducta. Aquella no era una discusión terminológica. Era una cuestión de coherencia jurídica.
La pregunta que ahora corresponde formular es otra: ¿qué consecuencias tiene para un Estado renunciar, por acción u omisión, a identificar al autor de la agresión que él mismo denuncia?
En el caso de España, las primeras respuestas ya comienzan a vislumbrarse. La consecuencia más inmediata ha sido europea.
Tras los acontecimientos de Ceuta y Melilla, varios Estados miembros de la Unión Europea reaccionaron promoviendo medidas restrictivas relacionadas con el espacio Schengen. El debate giró en torno a la solidaridad, las lealtades y las responsabilidades compartidas. Sin embargo, la imagen que terminó proyectándose fue la de una España relativamente aislada frente a una crisis que afectaba a una frontera exterior de la propia Unión.
Y ello obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿habría sido la misma la reacción de esos Estados si España hubiera identificado de manera inequívoca al sujeto internacionalmente responsable de la agresión que ella misma denunció? No parece una cuestión menor. Porque una cosa es solicitar apoyo para gestionar una crisis migratoria. Otra muy distinta es reclamar solidaridad frente a una agresión dirigida contra una frontera de la Unión Europea. La diferencia no es únicamente política. Es profundamente jurídica.
Pero esa pregunta conduce inevitablemente a otra: ¿por qué España evita identificar al sujeto internacionalmente responsable? Responder exige mirar hacia atrás.
Durante años, España ha desarrollado una política hacia Marruecos que ha trascendido la búsqueda de una relación de buena vecindad. Con frecuencia ha asumido la defensa de posiciones favorables a Rabat en el seno de las instituciones europeas, incluso en cuestiones directamente relacionadas con el Sáhara Occidental. Ha defendido la continuidad de acuerdos comerciales y pesqueros posteriormente cuestionados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su aplicación a un territorio separado y distinto de Marruecos. Ha presentado su giro respecto al Sáhara Occidental como una referencia para otros socios europeos, pese a ostentar una condición singular: la de potencia administradora del territorio pendiente de descolonización. Ese recorrido tiene hoy un coste.
Porque identificar sin ambages al sujeto internacionalmente responsable de la agresión que España denuncia supondría admitir que la política mantenida durante años no solo ha debilitado la posición del derecho internacional respecto del Sáhara Occidental, sino que ha terminado comprometiendo los propios intereses estratégicos españoles.
De ahí que el silencio tenga consecuencias. No solo dificulta exigir responsabilidades internacionales. También debilita la solidaridad europea y proyecta hacia el exterior una imagen de incertidumbre estratégica.
Pero existe una consecuencia todavía más profunda. España ha dejado de utilizar la principal brújula de la que dispone para orientar su política en el noroeste de África: la responsabilidad jurídica y política que le corresponde como potencia administradora del Sáhara Occidental. Esa condición no pertenece únicamente a la historia. Constituye también una responsabilidad presente.
Lejos de asumirla como fundamento de una política exterior coherente con el derecho internacional, España ha terminado subordinándola a una lógica de transacciones coyunturales que no ha resuelto el conflicto, ha prolongado el sufrimiento del pueblo saharaui y ha reducido progresivamente su propia capacidad de influencia.
Una brújula sirve para orientar. Cuando se utiliza para señalar un rumbo distinto del norte, deja de orientar a los demás y termina desorientando a quien la sostiene.
Quizá por ello España aparece hoy más sola en Europa, con una política mediterránea seriamente erosionada y con una estrategia hacia el norte de África que parece confiar más en los espejismos del desierto que en la brújula del derecho internacional.
Sin embargo, el camino de rectificación existe.
Comienza por dejar de defender en las instituciones europeas posiciones incompatibles con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Sáhara Occidental. Continúa por asumir plenamente las responsabilidades derivadas de su condición de potencia administradora, contribuyendo activamente, desde la legalidad internacional, a la culminación del proceso de descolonización. Prosigue reforzando la solidaridad activa con el pueblo saharaui y reconociendo plenamente el papel del Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui en el proceso político auspiciado por las Naciones Unidas. Y culmina con el reconocimiento de la República Saharaui, en coherencia con el derecho de libre determinación de los pueblos, con la posición de la Unión Africana y con la misma lógica que inspiró el reconocimiento español del Estado de Palestina.
Nada de ello supone actuar contra los intereses de España. Todo lo contrario. Supone reconciliar su política exterior con el derecho internacional y, precisamente por ello, con sus propios intereses nacionales.
Existe, además, una circunstancia que ningún Gobierno debería ignorar. Pocas cuestiones de política exterior reúnen en España un consenso tan amplio como la necesidad de revisar la posición sobre el Sáhara Occidental. La opinión pública, una amplia mayoría parlamentaria y buena parte de la tradición diplomática española coinciden en reclamar una política más respetuosa con el derecho internacional y más solidaria con el pueblo saharaui.
España tiene hoy dos caminos.
Puede asumir, con serenidad y valentía, que ha llegado el momento de corregir una política que ha terminado debilitando su posición europea, haciendo naufragar buena parte de su política mediterránea y sustituyendo una estrategia de Estado por los espejismos del desierto en el norte de África. O puede seguir refugiándose en explicaciones que atribuyen las dificultades actuales exclusivamente a complejas conspiraciones geopolíticas o a intereses internacionales contrapuestos.
Esas hipótesis podrán formar parte del debate político. Pero ninguna sustituye una reflexión crítica sobre las decisiones adoptadas por el propio Estado español. Ninguna hará desaparecer una realidad que permanece inalterada: las reivindicaciones territoriales marroquíes sobre Ceuta y Melilla siguen formando parte de la posición oficial de Rabat.
Confiar en que las próximas elecciones en España, en Estados Unidos o en Israel alteren por sí solas ese escenario puede resultar políticamente comprensible. Lo que no parece prudente es confiar el interés nacional a la incertidumbre electoral de otros.
La geografía no vota. Y las ambiciones territoriales tampoco.
España todavía dispone de una brújula capaz de devolver coherencia a su política exterior: el derecho internacional y la responsabilidad que le corresponde como potencia administradora del Sáhara Occidental.
Recuperarla sería un acto de inteligencia estratégica. Porque, después de todo, de aquellos polvos vienen estos lodos. Y solo recuperando la brújula del derecho internacional podrá España reconstruir su credibilidad europea, recuperar una política mediterránea acorde con sus intereses y dejar de perseguir, en el norte de África, los espejismos de un desierto que nunca ha ofrecido respuestas duraderas.
*Jurista y Diplomático Saharaui
Infosurglobal
6 de agosto de 2026
El precio de renunciar a la brújula del derecho internacional.
Por Mohamed Zrug*
En una reflexión anterior sostuve que el derecho internacional no permite denunciar una violación de la integridad territorial de un Estado sin identificar al sujeto internacionalmente responsable de esa conducta. Aquella no era una discusión terminológica. Era una cuestión de coherencia jurídica.
La pregunta que ahora corresponde formular es otra: ¿qué consecuencias tiene para un Estado renunciar, por acción u omisión, a identificar al autor de la agresión que él mismo denuncia?
En el caso de España, las primeras respuestas ya comienzan a vislumbrarse. La consecuencia más inmediata ha sido europea.
Tras los acontecimientos de Ceuta y Melilla, varios Estados miembros de la Unión Europea reaccionaron promoviendo medidas restrictivas relacionadas con el espacio Schengen. El debate giró en torno a la solidaridad, las lealtades y las responsabilidades compartidas. Sin embargo, la imagen que terminó proyectándose fue la de una España relativamente aislada frente a una crisis que afectaba a una frontera exterior de la propia Unión.
Y ello obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿habría sido la misma la reacción de esos Estados si España hubiera identificado de manera inequívoca al sujeto internacionalmente responsable de la agresión que ella misma denunció? No parece una cuestión menor. Porque una cosa es solicitar apoyo para gestionar una crisis migratoria. Otra muy distinta es reclamar solidaridad frente a una agresión dirigida contra una frontera de la Unión Europea. La diferencia no es únicamente política. Es profundamente jurídica.
Pero esa pregunta conduce inevitablemente a otra: ¿por qué España evita identificar al sujeto internacionalmente responsable? Responder exige mirar hacia atrás.
Durante años, España ha desarrollado una política hacia Marruecos que ha trascendido la búsqueda de una relación de buena vecindad. Con frecuencia ha asumido la defensa de posiciones favorables a Rabat en el seno de las instituciones europeas, incluso en cuestiones directamente relacionadas con el Sáhara Occidental. Ha defendido la continuidad de acuerdos comerciales y pesqueros posteriormente cuestionados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su aplicación a un territorio separado y distinto de Marruecos. Ha presentado su giro respecto al Sáhara Occidental como una referencia para otros socios europeos, pese a ostentar una condición singular: la de potencia administradora del territorio pendiente de descolonización. Ese recorrido tiene hoy un coste.
Porque identificar sin ambages al sujeto internacionalmente responsable de la agresión que España denuncia supondría admitir que la política mantenida durante años no solo ha debilitado la posición del derecho internacional respecto del Sáhara Occidental, sino que ha terminado comprometiendo los propios intereses estratégicos españoles.
De ahí que el silencio tenga consecuencias. No solo dificulta exigir responsabilidades internacionales. También debilita la solidaridad europea y proyecta hacia el exterior una imagen de incertidumbre estratégica.
Pero existe una consecuencia todavía más profunda. España ha dejado de utilizar la principal brújula de la que dispone para orientar su política en el noroeste de África: la responsabilidad jurídica y política que le corresponde como potencia administradora del Sáhara Occidental. Esa condición no pertenece únicamente a la historia. Constituye también una responsabilidad presente.
Lejos de asumirla como fundamento de una política exterior coherente con el derecho internacional, España ha terminado subordinándola a una lógica de transacciones coyunturales que no ha resuelto el conflicto, ha prolongado el sufrimiento del pueblo saharaui y ha reducido progresivamente su propia capacidad de influencia.
Una brújula sirve para orientar. Cuando se utiliza para señalar un rumbo distinto del norte, deja de orientar a los demás y termina desorientando a quien la sostiene.
Quizá por ello España aparece hoy más sola en Europa, con una política mediterránea seriamente erosionada y con una estrategia hacia el norte de África que parece confiar más en los espejismos del desierto que en la brújula del derecho internacional.
Sin embargo, el camino de rectificación existe.
Comienza por dejar de defender en las instituciones europeas posiciones incompatibles con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Sáhara Occidental. Continúa por asumir plenamente las responsabilidades derivadas de su condición de potencia administradora, contribuyendo activamente, desde la legalidad internacional, a la culminación del proceso de descolonización. Prosigue reforzando la solidaridad activa con el pueblo saharaui y reconociendo plenamente el papel del Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui en el proceso político auspiciado por las Naciones Unidas. Y culmina con el reconocimiento de la República Saharaui, en coherencia con el derecho de libre determinación de los pueblos, con la posición de la Unión Africana y con la misma lógica que inspiró el reconocimiento español del Estado de Palestina.
Nada de ello supone actuar contra los intereses de España. Todo lo contrario. Supone reconciliar su política exterior con el derecho internacional y, precisamente por ello, con sus propios intereses nacionales.
Existe, además, una circunstancia que ningún Gobierno debería ignorar. Pocas cuestiones de política exterior reúnen en España un consenso tan amplio como la necesidad de revisar la posición sobre el Sáhara Occidental. La opinión pública, una amplia mayoría parlamentaria y buena parte de la tradición diplomática española coinciden en reclamar una política más respetuosa con el derecho internacional y más solidaria con el pueblo saharaui.
España tiene hoy dos caminos.
Puede asumir, con serenidad y valentía, que ha llegado el momento de corregir una política que ha terminado debilitando su posición europea, haciendo naufragar buena parte de su política mediterránea y sustituyendo una estrategia de Estado por los espejismos del desierto en el norte de África. O puede seguir refugiándose en explicaciones que atribuyen las dificultades actuales exclusivamente a complejas conspiraciones geopolíticas o a intereses internacionales contrapuestos.
Esas hipótesis podrán formar parte del debate político. Pero ninguna sustituye una reflexión crítica sobre las decisiones adoptadas por el propio Estado español. Ninguna hará desaparecer una realidad que permanece inalterada: las reivindicaciones territoriales marroquíes sobre Ceuta y Melilla siguen formando parte de la posición oficial de Rabat.
Confiar en que las próximas elecciones en España, en Estados Unidos o en Israel alteren por sí solas ese escenario puede resultar políticamente comprensible. Lo que no parece prudente es confiar el interés nacional a la incertidumbre electoral de otros.
La geografía no vota. Y las ambiciones territoriales tampoco.
España todavía dispone de una brújula capaz de devolver coherencia a su política exterior: el derecho internacional y la responsabilidad que le corresponde como potencia administradora del Sáhara Occidental.
Recuperarla sería un acto de inteligencia estratégica. Porque, después de todo, de aquellos polvos vienen estos lodos. Y solo recuperando la brújula del derecho internacional podrá España reconstruir su credibilidad europea, recuperar una política mediterránea acorde con sus intereses y dejar de perseguir, en el norte de África, los espejismos de un desierto que nunca ha ofrecido respuestas duraderas.
*Jurista y Diplomático Saharaui
Infosurglobal
6 de agosto de 2026
